Mientras las repercusiones de la expulsión de Edgardo Kueider siguen al rojo vivo, en el Senado no hay respiro y se abre otro frente de tormenta: las dietas de los senadores pasarán a superar los $9 millones en bruto a partir del 1ro de enero si no se prorroga el congelamiento. El tema pone a la vicepresidenta Victoria Villarruel en una encrucijada y esta semana se esperan contactos entre los senadores para arribar a una solución, en un contexto difícil porque la imagen y las relaciones en la Cámara alta quedaron dañadas.
El 31 de diciembre próximo vence la resolución 27/24, que mantuvo congeladas las dietas de los senadores desde el 1ro de agosto. En ese momento, los senadores habían aprobado “desenganchar” sus sueldos de la paritaria de los empleados legislativos, en una marcha atrás del escandaloso aumento de abril, que provocó un fuerte reproche social y duras críticas del presidente Javier Milei.
En una reunión previa a la sesión donde se removió a Kueider, Villarruel propuso a senadores de bloques dialoguistas que se sometiera a votación una prórroga, pero le respondieron que “era inoportuno discutirlo ese mismo día” y el tema se diluyó, según pudo reconstruir La Voz. Sin embargo, la vicepresidenta sacó el tema a la luz en una conferencia de prensa posterior a la expulsión del entrerriano, y este lunes insistió en que son los senadores los que deben decidir.
“El reglamento no me habilita más que a mencionar que deben congelarse los sueldos, como lo hice infinidad de veces”, escribió Villarruel en X en respuesta a un usuario, después de realizar una extensa publicación donde intentó poner paños fríos en la interna con Milei luego de que el presidente la responsabilizara por conducir una sesión “inválida”.
En el Senado ven pocas posibilidades de que Villarruel convoque a una sesión con el solo fin de resolver las dietas. No solo porque con el último encuentro “quedó todo roto”, según definió un importante senador opositor, sino porque además abrir el recinto implicaría habilitar la jura de la reemplazante de Kueider, Stefanía Cora, lo que aportaría a Unión por la Patria una banca más. Desde ese punto de vista, el kirchnerismo sería el principal interesado en abrir el recinto.
En los próximos días se esperan conversaciones entre los referentes de los bloques para ver si hay voluntad de volver a congelar las dietas, y de qué modo. Una de las alternativas que evalúan si no hay sesión es presentar a Villarruel una nota conjunta, pidiéndole que ante el receso parlamentario firme una resolución haciéndose cargo de la prórroga. Autoridades de la Cámara alta aclaran que debe tener la firma de todas las fuerzas políticas, sin excepción.
“Con el aumento desproporcionado y arbitrario (de abril), no están dadas las condiciones para volver a enganchar las dietas”, dijo a La Voz Luis Juez, jefe del bloque PRO, quien levantó al máximo su nivel de exposición tras haber trabajado para la expulsión de Kueider, a contramano de los intereses del oficialismo y del expresidente Mauricio Macri.
Otra posibilidad, más riesgosa ante la mirada pública, es aplazar la definición sobre las dietas a fines de febrero, cuando se realice la sesión preparatoria de renovación de autoridades. Pero para ese entonces los senadores ya habrán cobrado de acuerdo con la última paritaria, es decir, pasarán aproximadamente de $7 a $9 millones. Y en pleno año electoral.
“Seguimos intentando ver si tenemos la posibilidad de prorrogar el congelamiento. Pero si no lo deciden los senadores, no podemos hacer nada”, insisten en el equipo de Villarruel. En la oposición, en tanto, la mirada que tienen algunos es que la vicepresidenta busca exponer el tema para congraciarse con Milei en el momento más cruento de la interna.
En la sesión donde se congelaron las dietas, el senador salteño Juan Carlos Romero, uno de los principales impulsores del aumento, aclaró que la idea era generar una “transición” hasta encontrar una solución definitiva a los ingresos en los tres poderes del Estado, pero el tema no se volvió a tocar en el resto del año. Unión por la Patria tiene un proyecto presentado para poner un “tope” a los sueldos.
