Después de semanas sin novedades, Alberto Fernández solicitó un cambio de sede en la causa por violencia de género que mantiene su expareja, Fabiola Yañez, en su contra.
Todo comenzó con la denuncia de la ex primera dama radicada a inicios de agosto del corriente año. Ahora, el expresidente planteó que el magistrado a cargo, el juez federal Julián Ercolini, sería “incompetente”.
En la misma línea, pidió que toda la causa sea trasladada a la justicia contravencional de la ciudad de Buenos Aires.
Según La Nación, se trata de un intento de suspender la declaración indagatoria a la que debe presentarse este miércoles por la mañana.
La audiencia en cuestión esta fijada para las 11 y no se suspende a pesar del planteo de incompetencia presentado por el expresidente que ya comenzó a tramitarse en la Justicia.
En la declaración, Fernández deberá responder por las acusaciones de lesiones leves y lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo, además de la adición de cuestiones de género y amenazas coactivas.
El planteo de la defensa, presentado en un escrito por la abogada Silvina Carreira, asevera que no se justifica la intervención de la Justicia federal -y de Ercolini- en el caso; sino que el expediente debería tramitarse en la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, donde presuntamente habrían tenido lugar los hechos imputados.
En este sentido, se solicitó que el caso quede en manos de la justicia contravencional y de faltas de la Ciudad, ya que los supuestos actos violentos denunciados habría comenzado en Puerto Madero y luego continuado en la quinta de Olivos.
Anteriormente, la abogada intentó plantear la incompetencia del juez Ercolini para que la causa pase a la justicia federal de San Isidro pero su propuesta no avanzó.
Sin embargo, se atuvo a que, cuando la Cámara resolvió el asunto, se aseveró que la competencia territorial se podría revisar cuando se precisaran los hechos.
Ercolini, por su parte, presentó el planteo al fiscal Ramiro González, quien dictaminará al respecto, y a la querella: Fabiola Yañez representada por Mariana Gallego.
A pesar del intento de Fernández, la indagatoria de este miércoles no fue suspendida según comunicaron fuentes del caso a La Nación.
El caso contra Alberto Fernández por violencia de género en la Justicia
Ercolini ordenó la indagatoria del expresidente el 5 del pasado mes, noviembre, a raíz de un pedido del fiscal González.
Además de pedir la declaración, el fiscal encuadró los hechos en delitos que enfrentan a Fernández a una condena máxima de 18 años de prisión: dos lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y coacciones para que Yañez no denunciara al expresidente ante Ercolini.
Según La Nación, la citación del juez asevera que los episodios imputados se dieron de manera constante, habitual, y que los ataques en general se trataron de golpes con mano abierta.
“En un contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yañez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024 (fecha en la cual la víctima instó la acción penal en el presente expediente y se impuso la consecuente prohibición de contacto al nombrado), el imputado se habría aprovechado de la especial situación de vulnerabilidad preexistente al vínculo en la que se encontraba inmersa la nombrada, y [habría] ejercido con habitualidad y de modo continuo, violencia psicológica contra Yañez, bajo las formas de acoso, hostigamientos, controles, indiferencia, insultos, culpabilización, destrato, retiro de la palabra, ninguneos y hostilidad”, expone la resolución de 11 páginas del juez.
“El vínculo también habría estado marcado por episodios de violencia en el cuerpo de la víctima, en las oportunidades en que aquella pretendía abandonar la convivencia del departamento que compartían sito en la calle Juana Manso nro. 740 de esta ciudad”, reza el escrito.
Se trata de la segunda indagatoria que se dispone contra Alberto Fernández. Aunque también fue efectuada por Ercolini, a diferencia de este caso la primera citación fue por la causa de presunto fraude con los seguros del Estado.
