Finalmente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, fijó la fecha de la audiencia para definir la situación del régimen de visitas de Cristina Fernández de Kirchner, presa en su departamento ubicado en el barrio porteño de Constitución.
La misma se estableció para el 7 de julio a las 12 del mediodía. Allí, se analizarán las restricciones de visitas. Vale mencionar que la defensa de la expresidenta recurrió la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) de limitar el acceso a su domicilio a familiares, abogados y médicos.
Este recurso, cuestiona la exigencia del tribunal de confeccionar una lista restringida de personas autorizadas a ingresar en la propiedad, así como la regla que obliga a solicitar permiso para cualquier otra visita.
El pedido fue presentado tras la decisión del TOF 2
Luego de que el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) ratificara que quienes no formen parte de su círculo íntimo personal y profesional debían presentar un pedido escrito para visitarla, la Cámara de Casación Penal aceptó la apelación de la exmandataria y revisará las condiciones y podría revocar la decisión del TOF 2.
Según le indicaron fuentes judiciales a Infobae, la apelación se aceptó el martes por el tribunal oral que la elevó a la Cámara de Casación. Interviene la Sala IV que este miércoles ya fijó una fecha para definir qué pasará con esta situación.
En paralelo, 44 diputados nacionales, 30 senadores nacionales y más de 1.000 ciudadanos ya solicitaron hasta este miércoles la autorización al tribunal para poder visitar a CFK en su domicilio, según mencionó Clarín.
Disputas por el régimen de visitas
El régimen de visitas es una de las disputas que generó mayor ruido tras confirmarse la prisión domiciliaria de la expresidenta, en su departamento del barrio porteño de Constitución.
Los jueces del tribunal, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, ordenaron que CFK debía presentar presentar un listado con sus familiares, custodios, médicos y abogados que podían ingresar al domicilio sin autorización. Toda otra persona debía tener autorización de la justicia.
El listado fue presentado y la defensa de Cristina pidió que sea reservado. Aún así, los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy objetaron que los jueces hayan dispuesto un límite a las visitas y le pidieron al tribunal reconsiderar esta decisión, caso contrario acudirían a Casación, lo que terminó sucediendo.
De hecho, en su planteo la defensa remarcó: “Quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley”.
Y agregaron: “La normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad. Tal potestad complementaria no está expresamente prevista en ninguna disposición legal o reglamentaria”.
Esto fue rechazado por los jueces. Lo que quedó vigente fue la apelación, que ahora será intervenida por la Cámara de Casación.
Qué había dicho el TOF 2
El lunes, el Tribunal Oral Federal Nº 2 (TOF 2) rechazó el pedido de Cristina Kirchner para recibir visitas sin restricciones en su departamento y dictaminó que cualquier persona que no forme parte de su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos asiduos o abogados que la representan, deberá obtener una autorización judicial previa y justificada para acceder al domicilio.
Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, apelaron la exigencia de autorización judicial previa para cada visita. En su argumentación, la defensa señaló que la enumeración de personas que pueden visitar a la expresidenta sin necesidad de autorización judicial previa no contempla a figuras clave para su vida personal y pública.
Entre las personas que la defensa buscaba incluir en la lista de acceso irrestricto se encuentran los profesionales contables, apoderados encargados de cuestiones administrativas diarias, peritos designados en otros procesos judiciales para el ejercicio de su derecho de defensa, y asesores que la asisten para continuar desarrollando actividades no prohibidas por la pena impuesta.
