La decisión política para suspender la ley 10.460 que en 2016 fijó un tope máximo de dos mandatos consecutivos para un mismo postulante en municipios y comunas que no cuentan con carta orgánica está tomada. El cepo a la re-reelección será levantado antes del receso legislativo de julio.
El gobernador Juan Schiaretti terminó de convencerse de los perjuicios políticos que tendría para Hacemos por Córdoba abrir disputas políticas y nuevos escenarios locales en los más de 140 municipios gobernados por el oficialismo a los que aplica la restricción de la ley vigente.
“Si la tenemos que votar solos (a la suspensión de la ley), lo haremos. Nosotros no dudamos cuando está en juego lo hecho en todos estos años. No vamos a regalarle a (Luis) Juez la posibilidad que aproveche la situación para que ponga en marcha la ambulancia, junte los heridos y nos plante candidatos en todos esos lugares”, analizó ante La Voz un schiarettista con ingreso al despacho principal del Panal.
Por efecto de la norma votada en diciembre de 2016, el año próximo, hay 289 intendentes imposibilitados de presentarse para un nuevo período, en caso de quieran hacerlo. La mayoría, para no decir la totalidad, pretenden otros cuatro años y vienen presionando por distintas vías desde el año pasado para suspender la ley impulsada por Schiaretti hace apenas cinco años.
El reclamo es transversal a todos los partidos. Según un trabajo del Ministerio de Gobierno provincial, de los 427 municipios y comunas que tiene la provincia, en 289 (el 66,27%) no pueden volver a presentarse intendentes y jefes comunales que vienen gobernando desde 2015. Hacemos por Córdoba tiene 141 impedidos; el radicalismo, 73; el Frente de Todos, 43; el PRO, 19 y por el vecinalismo, hay 13.
“No pedimos que la ley se derogue, sino que se considere primero el período posterior a la aprobación de la ley, que no puede aplicarse de manera retroactivo”, plantea uno de los intendentes imposibilitados. Ese será el argumento central. La intención es derogar solamente el artículo 7 de la ley, que fija como primer período 2015-2019.
Desde la cartera política que conduce el ministro Facundo Torres aseguran que el reclamo es de los intendentes y aclaran que la Mesa está “canalizando institucionalmente” esa inquietud.
El mismo pedido en 25 departamentos
Aunque no se lo reconozca de manera pública, el freno a la re-reelección está siendo abordado con cada vez más intensidad en la Mesa Provincia-Municipios, el ámbito formal de diálogo institucional y político entre el Poder Ejecutivo central y los gobiernos locales. En la reunión del jueves último se terminó de acordar una estrategia común para avanzar hacia la suspensión “por única vez” –eso aseguran los involucrados– del cepo vigente.
Como está totalmente descartado que un proyecto de suspensión de la ley surja del Poder Ejecutivo o de algunos de los bloques parlamentarios, el camino acordado es que sean los propios intendentes involucrados los que se expongan y afronten una parte importante del costo político de cambiar las reglas por conveniencia.
“Los que quieran otro período, van a tener que dejar los dedos puestos”, señaló el presidente de uno de los foros que aglutina a intendentes.
Así, se espera que en las próximas semanas comiencen a recolectarse las firmas con los planteos de los intendentes que buscan gambetear la norma actual. Se decidió que se aglutinarán por departamento, independientemente del color político.
Con la excepción obvia de Capital, que se rige por su propia carta orgánica, al final del camino, habrá 25 departamentos que cursarán notas a la Mesa Provincia-Municipios con el mismo planteo.
Por ejemplo, en el populoso departamento Colón, 14 de los 20 intendentes de esa jurisdicción no tienen reelección. Entre los más destacados están Gustavo Brandán (Colonia Caroya), Cayetano Canto (Saldán) y Jorge Fabrisin (Unquillo), de Hacemos por Córdoba. En la misma situación están Myrian Prunotto (Estación Juárez Celman) y Daniel Salivi (Mendiolaza), de la UCR. Marcelo Bustos, del PRO, tampoco puede ser rereelegido.
Una vez que la Mesa Provincia-Municipios recepte todos los pedidos, llegará el turno de darle juego a la Legislatura. La intención es que las demandas de los intendentes lleguen a la comisión de Reforma Política, la misma que despachó en 2016 el proyecto que instauró la prohibición que ahora se quiere exceptuar. Serán los integrantes de esa comisión los que tendrán que darle forma a la iniciativa para suspender la norma.
El debate en la Unicameral asoma por demás interesante. En especial acerca de qué postura tomarán los radicales. Al oficialismo le sobra número para producir el cambio y ya tomó la decisión política de avanzar, pero quiere tener el acompañamiento de la UCR –al menos de una parte– y del PRO.
Desde la Casa Radical han marcado estar conceptualmente en contra de cambiar la ley, pero en el Foro de Intendentes de la UCR, donde la mayoría tiene los días contados en el poder por el cepo a la “re-re”, el tema preocupa y genera tensiones. El asunto es complejo porque incluye la estrategia electoral del año que viene. ¿En nombre de la institucionalidad, el partido le dará la espalda a más de 70 intendentes propios o priorizará, como hace el PJ, los intereses electorales?
