Los peajes en la red de accesos a Córdoba (RAC) aumentaron este fin de semana. El costo de cada pasada se elevó hasta $ 1.500 para quienes no tienen telepeaje. Cuesta $ 1.000 en el caso de pago automático. En diciembre de 2023, costaba $ 300 sin importar la forma de pago.
Ante esto, el legislador radical Dante Rossi volvió a insistir en el pedido de suspensión por un año del cobro de tasas para sostener el Ente Regulador de los Servicios Públicos y, además, su intervención. La causa argumentada: no defender a los usuarios
En efecto, el Legislador del Bloque Construyendo Córdoba reclamó este lunes a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Unicameral que ponga en debate un proyecto de su autoría, que busca suspender por un año el pago de de las tasas que pagan los usuarios para el sostenimiento del organismo y, a la vez, que sea intervenido.
Lo hizo en virtud de la aprobación por parte del organismo de aumentos del peaje del 400% desde diciembre, que “no tiene razonabilidad”, dijo.
Rossi expresó que el Ersep “ha dejado desde hace mucho tiempo de defender a los usuarios para proteger a las empresas”. Y agregó: “Si esto es así, no tiene ningún asidero que los usuarios sostengan el funcionamiento del organismo”.
“El aumento muy por encima de la inflación en este caso particular del peaje, pero en general de todos los servicios que regula el organismo, confirma nuestra aseveración. La iniciativa dispone por el lapso de un año la inaplicabilidad del artículo 31 inciso a) de la Ley 8835, referido al pago de una tasa a cargo de los usuarios de los servicios públicos, para sostener el funcionamiento del Ersep, como así también lo dispuesto por el Decreto N° 2298/00 por igual plazo”, dijo Rossi.
Además, volvió a plantear la intervención del Ente por el término de un año, “dejando a salvo la representación de los partidos políticos, atento su carácter de sujetos de derecho público, y del director elegido por la asociación de usuarios”.
De acuerdo con el proyecto de Rossi, la intervención estaría a cargo de la presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Unicameral, quien cumplirá su función sin percibir ningún tipo de retribución económica.
“Nos parece que no puede el usuario de los servicios públicos seguir financiando un organismo que no los defiende, que desvió la razón para la que fue creada, y que avala sin chistar todos los aumentos pedidos por las prestatarias. No pueden los cordobeses pagar para financiar a su verdugo”, dijo el legislador.
