Con el nuevo escenario político tras el resultado electoral y ante un inminente llamado a sesiones extraordinarias, se vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre las reformas estructurales que hacen falta para crecer. Una de las que están generando mayor debate es la reforma impositiva.
Mucho se habla de la “alta presión tributaria”, aunque no es hoy la prioridad principal. En 2024, la presión fiscal consolidada (sumando Nación y provincias) fue del 27,6% del PIB, un nivel comparable al de Uruguay y sensiblemente más bajo que el de Brasil (con 32%). El verdadero desafío no es cuánto se recauda, sino con qué calidad se lo hace y cómo se administra luego lo recaudado. Hoy, el sistema está desbalanceado en ambos frentes: recauda mal y gasta peor.
Demasiados impuestos malos
Uno de los principales defectos del sistema tributario argentino es la superposición de tributos, y en particular, aquellos sobre las ventas. El IVA nacional, Ingresos Brutos provinciales y las tasas municipales operan sobre el mismo hecho imponible: la transacción comercial. Aunque lo hacen de formas muy diferentes.
El IVA es un impuesto moderno y deducible. Ingresos Brutos y las tasas municipales, en cambio, son tributos en cascada. Es decir, se aplican sobre el total de la facturación en cada etapa de la cadena, sin posibilidad de deducción. El resultado termina siendo un aumento artificial de los precios internos y una pérdida de competitividad para la producción nacional.
A esto se suman los regímenes de recaudación anticipada, como el SIRCREB, que permite a las provincias retener fondos directamente de cuentas bancarias o pagos electrónicos. Aunque la empresa no tenga deuda real, sufre una detracción automática. Esto genera saldos a favor muchas veces incobrables, que terminan siendo costos disfrazados.
El incentivo para gastar bien está roto
¿Por qué las provincias insisten en cobrar un impuesto tan distorsivo como Ingresos Brutos? Porque no tienen muchas alternativas. Como no pueden gravar hechos imponibles similares a los impuestos nacionales por su cuenta (como Ganancias o IVA), inventan tributos propios. Así nace esta maraña de impuestos que castiga a quien produce y exporta.
Y este problema no es solo tributario. Es también fiscal. Hoy, las provincias gastan mucho, pero recaudan poco. Según datos oficiales de 2024, la Nación recauda el 83% de los impuestos, pero ejecuta solo el 52% del gasto público. En cambio, las provincias gastan el 48% pero solo recaudan el 17%. La diferencia se cubre con coparticipación y transferencias discrecionales.
En la práctica, las provincias reciben un cheque en blanco del Tesoro Nacional: dinero que no recaudaron, pero que pueden gastar libremente. Esto rompe el vínculo entre la recaudación y el gasto público.
Cuando el dinero llega sin el esfuerzo de recaudarlo, no hay presión para administrarlo bien ni consecuencias por hacerlo mal. Así, se termina premiando la dependencia y fomentando el clientelismo fiscal, donde el incentivo dominante es gastar sin control, porque el dinero ya ha sido asegurado por el Tesoro.
Un “Súper-IVA” para ordenar el sistema
Una propuesta concreta para alinear incentivos es crear un “Súper-IVA” que unifique el IVA nacional con Ingresos Brutos y las tasas municipales. Este nuevo tributo tendría una alícuota explícita más alta (porque sumaría lo que hoy se recauda oculto), pero sería más transparente, menos distorsivo y más fácil de administrar.
La idea es:
- Las provincias reciben el 100% del “Súper-IVA”.
- Lo recauda Arca, pero actuando por cuenta y orden de las provincias.
- En ventas entre provincias, se reparte 50% para la provincia de origen y 50% para la de destino.
- El Impuesto a las Ganancias podría quedar como principal fuente nacional (se garantiza que ni el Estado nacional ni las provincias queden desfinanciadas).
Con este modelo, se elimina la coparticipación. Cada provincia se financia con la actividad económica generada en su territorio. Esto cambia los incentivos: en lugar de depender del Tesoro Nacional, los gobiernos locales estarán motivados a generar desarrollo, cuidar el gasto y rendir cuentas a sus ciudadanos.
¿Y las provincias más rezagadas?
Es cierto que no todas las provincias podrían autofinanciarse de inmediato. Por eso, se prevé la creación de un Fondo de Nivelación para aquellas con menor desarrollo económico. Este fondo garantizaría los ingresos actuales durante la transición, mientras invierten en infraestructura, educación y productividad.
Se estima que el fondo requeriría no más del 1,5% del PIB, muy por debajo de lo que hoy se redistribuye vía coparticipación. Además, sería selectivo y con condiciones, no una caja libre.
Un acuerdo enfocado en la correspondencia fiscal
Muchos pactos fiscales fracasaron porque se enfocaron en bajar alícuotas sin cambiar la estructura de fondo. Se atacaron los síntomas (altos porcentajes), no la causa (diseño institucional defectuoso). Reducir la presión fiscal sin mejorar la calidad del gasto ni los incentivos lleva al mismo lugar: ineficiencia, informalidad y estancamiento.
Por eso, toda reforma tributaria debe ir en paralelo con una reforma del gasto público. No se trata solo de qué impuestos se cobran, sino de cómo se usan los recursos y quién responde por ellos.
El principio de correspondencia fiscal –que quien gasta sea quien recaude– no es solo una consigna técnica. Es una manera de realinear todo el sistema hacia la responsabilidad, la eficiencia y el desarrollo. Si no se parte de ahí, cualquier reforma será más de lo mismo.
(*) Economista de Idesa
