Los elementos estaban a la vista. En junio de 2022, los dirigentes del Polo Obrero, uno de los brazos militantes de la izquierda, reconocían que les cobraban a sus afiliados un aporte del 2% de los ingresos por el plan social que percibían. Esos fondos iban a financiar lo que el Estado, al decir de Eduardo Belliboni, no financiaba, como el alquiler de comedores y merenderos y el gasto en logística para transportar la mercadería.
A su vez, varios asistentes a las marchas de las organizaciones piqueteras confesaban (algunos ante cámaras, casi con ingenuidad) que les “tomaban lista” a quienes cobraban el plan y daban a entender que la asistencia era parte de las obligaciones del beneficiario.
La política naturalizó esas prácticas. Los ciudadanos de a pie, liados con el tránsito y las dificultades para moverse, cuestionaron a viva voz, pero chocaron siempre con la inacción de los ejecutivos varios, de la Policía y de la Justicia. Parecía que los cortes de calles y la extorsión eran parte de la normalidad. Qué le vamos a hacer.
La dinámica se fue repitiendo por años: los acampes pedían más plata y más planes, el funcionario de turno resistía unos días y luego cedía. Vale remarcar que no siempre fue así. En 2007, luego del pico inicial tras la caída de la convertibilidad, había apenas tres millones de beneficiarios de planes sociales: mitad de Desarrollo Social, con alimentos, y mitad de Trabajo, con el plan Jefas y Jefes y los programas de capacitación.
El Estado repartidor
La primera gestión de Cristina buscó saltear a los movimientos sociales y empoderó a la Anses, que daría 3,5 millones de jubilaciones de amas de casa (duplicó el número de beneficios previsionales) y 4,5 millones de asignaciones universales por hijo. La lógica era poner la plata directamente en manos de los beneficiarios, sin punteros ni comisiones. Logró neutralizar a los piqueteros y así ella se convertía en el exponente máximo del Estado repartidor de plata que no tenía.
Pero la “prescindencia” de los movimientos sociales duró poco. Sobrevinieron las elecciones y La Cámpora abrevó en esa cantera, militó y tejió alianzas, que le garantizaron presencia militante en la calle. Y para eso hubo que poner plata: aparecieron de nuevo las organizaciones sociales, aliadas con los intendentes.
Para quitarles poder de fuego en la calle, Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social de Mauricio Macri, negoció. Acordó que serían las cooperativas las que debían organizarse para garantizar la contraprestación laboral que exigía el plan. Salteaban a los intendentes, controlaban a medias la calle.
Alberto Fernández fue más allá: directamente les otorgó secretarías ejecutivas del área; es decir, la botonera completa a la hora de repartir planes. La calle nunca se calmó y en directo, por TV, hasta vimos cómo algunos les tomaban asistencia a sus pares.
Hartazgo ciudadano
Parece que algo de eso cambió. Lo primero es la certeza de que con el plan no alcanza. Hasta los mismos beneficiarios de a pie, quienes no forman parte de la trenza de las organizaciones sociales, reclaman un trabajo que esta economía paupérrima no les puede dar. Algunos denunciaron. El Potenciar Trabajo (ahora llamado Acompañamiento Social) paga $ 78 mil al mes.
Lo segundo es el hartazgo ciudadano: la gente entendió que es la plata de sus impuestos la que alimenta los piquetes, y se cansó. Ese hilo ya no es invisible y alcanza también a los políticos. Ejemplos que circularon en las redes, de presuntas beneficiarias de planes mofándose de quienes trabajan, exacerbaron el malestar popular.
Tercero, alguien se animó a tirar de la cuerda lo que ya se sabía. ¿Un no peronista que no le debe nada a nadie? Resulta que el 2% no era tal; que el promedio era el 20% y a veces el 50%. El beneficiario cobraba y, luego, plata en mano o ¡hasta por transferencia! debía girarle la comisión a un tercero. Había una estructural vertical: siempre uno le reportaba al de arriba. Se habilitó una línea para denuncias, se escucharon 13.310 denuncias, se pasó el tamiz sobre 924 y se investigaron 42 casos. Todos tienen el mismo patrón.
Se agrega que 1.607 de los 3.385 comedores inscriptos en el Registro Nacional de Comedores Populares ya no existen, y se presume que igual recibían alimentos, que luego revendían a terceros, con la anuencia explícita de algunas de las organizaciones sociales y, quizá, hasta de la Iglesia Católica.
Certificado de presencialidad
El otro dato es que la “asistencia” que los beneficiarios denunciaban que les tomaban era literal. Los movimientos sociales gozaban de lo que se llamaba “certificado de presencialidad”; es decir, tenían la sartén por el mango: debían corroborar que la persona beneficiaria del plan realizara las cuatro horas diarias de trabajo comunitario que pide el plan. No era que lavaban papas o hacían la huerta. La tarea por chequear bien podía ser sólo ir a la marcha. Por eso tenían la potestad de dar de baja un plan. Sandra Pettovello les sacó ese botón.
Era evidente que había desmanejos, pero todos hicieron la vista gorda. Habrá que ver si las diferentes denuncias que investiga un puñado de fiscales logran terminar con la corrupción en la ayuda social. Todos sabíamos que era una caja manoteada y repartida a ojos vistas de todos, pero igual pasaba. Que no sea prenda de cambio para negociar la paz en la calle a cambio de seguir mirando para otro lado. Y que el esfuerzo que hace una comunidad toda para sostener con sus impuestos a los más vulnerables llegue adonde tiene que llegar.
