Este martes, finalmente el Gobierno solicitó formalmente a la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan la suspensión del fallo que ordena la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación.
Esta medida cautelar, conocida como stay en la legislación estadounidense, busca ganar tiempo y evitar la ejecución inmediata de la sentencia de primera instancia, la cual se estima en U$S 16.000 millones.
Además, desde la Casa Rosada aseguraron que no se sentarán a negociar con el fondo Burford Capital ni con los demás demandantes hasta que haya una resolución definitiva al pleito legal.
El Gobierno considera que acatar el fallo en esta etapa, que implicaría la entrega de la mayoría accionaria de YPF, sería un “daño irreparable” para el Estado nacional.
El Gobierno le pidió a la jueza Preska suspender el fallo
Desde el Ejecutivo argumentan en su escrito que la entrega de las acciones es de “cumplimiento imposible” y que no se puede ejecutar una sentencia parcial cuando el fallo de fondo aún no ha sido revisado por un tribunal superior.
Los letrados que representan a Argentina advierten que “no se puede poner al genio de vuelta en la botella”, señalando que si los demandantes tomaran control del paquete accionario y decidieran venderlo, el daño sería irreversible incluso si Argentina gana la apelación en instancias superiores.
Entre los principales argumentos presentados por la Procuración del Tesoro se encuentran:
- La imposibilidad operativa de la transferencia de las acciones, y la dificultad técnica de recuperar la tenencia en caso de una reversión del fallo.
- El impacto estratégico de perder el control de YPF, al ser la principal empresa energética del país, emplear a más de 23.000 personas, y cuyo control estatal está garantizado por la Ley 26.741, que exige que cualquier movimiento accionario sea autorizado por el Congreso.
- La diferenciación de que este no es un juicio comercial entre dos empresas, sino un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno.
Con esta cautelar, el Gobierno aspira a estirar los tiempos durante varios meses, esperando que la ejecución de la sentencia se retrase hasta la finalización de todo el proceso de apelación en segunda instancia.
Además de la solicitud de suspensión, se pidió una suspensión provisoria (interim stay) mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor.
Si la jueza Preska no accede a esta solicitud, la defensa ya tiene preparada una última carta: pedir la suspensión directamente a la corte de apelaciones, es decir, a la segunda instancia.
En los próximos días, el Gobierno realizará la presentación formal de apelación del fallo de primera instancia. En tanto, confían en que existen razones legales para reducir significativamente el monto final de la sentencia, incluso a “algunos cientos de millones” de dólares, mucho menor a los U$S 16.000 millones calculados inicialmente.
El peor escenario para el Gobierno sería que ni la jueza Preska ni la cámara de apelaciones concedan la suspensión de la sentencia, lo que activaría la concreción del pago ordenado a mediados de mes.
El pedido completo del Gobierno a la jueza
Con información de TN e Infobae
