El Gobierno nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, anunció este lunes un nuevo esquema para la entrega de pañales a los jubilados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (Pami). El sistema implicará una entrega directa de los insumos a los domicilios y se espera que genere un ahorro de $ 5.000 millones.
Según Adorni, la medida busca poner fin a supuestos “negocios” y prácticas irregulares de años anteriores que habrían obligado a los jubilados a usar productos de baja calidad. “Sí, se robaban hasta los pañales de los abuelos. Un verdadero escándalo”, afirmó el vocero.
El nuevo sistema fue implementado mediante una licitación pública con el objetivo de garantizar que los productos sean de mejor calidad y más económicos. Además, se eliminarán los intermediarios y la entrega será a domicilio para evitar la reventa. La vocería presidencial señaló en un mensaje en X que este sistema generará un ahorro de $5.000 millones de pesos por año.
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, complementó el anuncio destacando que su gestión busca reordenar y transparentar el sistema de salud. Calificó la medida en Pami como un claro ejemplo de esto, asegurando que los afiliados recibirán pañales de mejor calidad, directamente en sus domicilios y más baratos. Lugones afirmó estar convencido de lo que hacen, a pesar de que muchos busquen sostener sus privilegios.
El Pami anunció a principios de mayo una “revisión profunda en sus delegaciones” para erradicar prácticas discrecionales y abusos vinculados con gestiones anteriores. El organismo expresó que “durante años, la política convirtió al instituto en un instrumento para hacer negocios y establecer estructuras clientelistas”.
Revisión de las “vías de excepción”
Uno de los focos de esta revisión está puesto en el uso de las llamadas “vías de excepción”, un mecanismo que, según la actual gestión, fue empleado de forma abusiva para eludir licitaciones. Se abrió una investigación interna con el fin de desarmar “mafias internas”, eliminar privilegios heredados y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. El organismo remarcó que no permitirá más usos políticos y que “el tiempo de impunidad se terminó”.
Sin embargo, días antes del anuncio gubernamental, se conoció que el Pami había dado de baja el convenio anterior y convalidado en una “polémica licitación exprés” un contrato de U$S 450 millones en tres años, lo que implicaría aceptar un precio un 20% más alto que el esquema previo. Según esta información, tres de los cuatro oferentes presentaron quejas por haber tenido apenas seis días hábiles para cotizar. Fuentes al tanto del proceso denunciaron cambios de condiciones, direccionamiento del pliego y un posible deterioro en la calidad del producto. El vocero Adorni aseguró que no hubo licitaciones direccionadas y que “Si hay algo más que decir, se dirá en la justicia”.
Denuncias de la entidad
Este anuncio sobre los pañales se suma a denuncias previas sobre irregularidades en el organismo. Hace algunos meses, referentes de la Coalición Cívica, presentaron una denuncia penal contra la Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales (ACE Oncología) y laboratorios farmacéuticos por presuntas prácticas anticompetitivas y un desfalco en la compra de medicamentos oncológicos durante 2023. La denuncia puso en la mira a la entonces titular del organismo y a varios laboratorios.
Según declaraciones del legislador Hernán Reyes, se habría acreditado un millón de dólares de desfalco tomando como muestra solo ocho medicamentos oncológicos de cinco laboratorios. El legislador denunció que el mismo medicamento se llegó a pagar hasta 14 veces más, calificando la situación como “la mafia de los medicamentos” y asegurando que es solo “la punta del iceberg”.
La denuncia se centra en la diferencia de precios entre medicamentos adquiridos por el Convenio Marco y las licitaciones públicas. En 2023, el Pami habría desembolsado $ 273 millones más de lo necesario por pagar precios significativamente superiores por medicamentos esenciales. Por ejemplo, un medicamento como el anastrozol se pagó a $ 13.192 por unidad bajo el Convenio Marco, mientras que en licitaciones públicas se adquirió a $ 924.
El gobierno concluyó sus comunicados advirtiendo a los “empresarios prebendarios” que hacían acuerdos con “la vieja política” para lucrar con las necesidades de la gente, que “se les terminó el negocio”.
