Un caso emblemático de defensa del consumidor sienta precedente en la Justicia argentina.
El shopping Patio Bullrich fue condenado a pagar una indemnización millonaria a una mujer que sufrió una caída en una de sus escaleras mecánicas hace doce años.
La decisión, que reafirma la plena aplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor en situaciones de riesgo para los usuarios, fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Una caída con consecuencias millonarias
El incidente ocurrió hace 12 años, cuando una mujer que paseaba y miraba vidrieras en el Patio Bullrich sufrió una caída mientras subía por una de las escaleras mecánicas.
La denunciante describió que un “cimbronazo” la desequilibró, provocando su caída.
Aunque el accidente se produjo hace más de una década, la Justicia ha dictaminado ahora la obligación del centro comercial de compensarla.
Un fallo de primera instancia, emitido el 8 de septiembre de 2023, ya había sido favorable a la mujer, estableciendo una indemnización de $3.244.700, más intereses y costas.
Sin embargo, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil elevó el monto total a pagar a $3.680.000, contemplando específicamente el costo del tratamiento kinesiológico.
La condena recae sobre IRSA Propiedades Comerciales S.A., propietaria del shopping, y su aseguradora, Chubb Seguros Argentina.
La batalla legal por la “relación de consumo”
Uno de los puntos clave del litigio fue la discusión sobre la existencia de una “relación de consumo” entre la víctima y la empresa.
La defensa del shopping y la aseguradora argumentaron que dicho vínculo solo se establecía si la persona adquiría un bien o servicio en el lugar, es decir, si estrictamente se trataba de una compradora.
Sin embargo, la Cámara Civil refutó este argumento, siguiendo el lineamiento de que la Ley de Defensa del Consumidor es plenamente aplicable en estos casos, incluso si la mujer no realizó ninguna compra.
Los jueces destacaron que la ley abarca las etapas previas y posteriores a una contratación o utilización de un servicio.
El fundamento se apoyó en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la seguridad de los consumidores en toda la relación de consumo, incluyendo situaciones de riesgo por actos unilaterales.
La sentencia también hizo referencia a precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha determinado que la seguridad debe garantizarse en espacios como espectáculos masivos, aeropuertos o supermercados, sin diferenciar entre compradores y no compradores.
El rol clave de la obligación de seguridad
Los jueces enfatizaron que la empresa proveedora tiene una “obligación de seguridad de resultado”, lo que implica que debe garantizar que el consumidor no sufra daños mientras se encuentra en sus instalaciones.
A pesar de que Otis Argentina S.A., la empresa de mantenimiento de las escaleras mecánicas, presentó informes de inspecciones regulares y un representante técnico testificó que la escalera funcionaba correctamente, un elemento fue crucial.
Una factura de Otis, emitida pocos días después de la caída de la mujer, reveló la “venta y reparación de una polea tractora de pasamano”.
El peritaje realizado no pudo descartar que el accidente se produjera por este motivo, concluyendo que un “cimbronazo” era posible debido al desgaste o suciedad de los componentes de la escalera mecánica.
Esta sentencia millonaria no solo compensa a la víctima tras doce años de espera, sino que también reafirma la protección del consumidor en espacios públicos, sentando un importante precedente para la seguridad de los usuarios en centros comerciales y otros establecimientos.
