La Cámara de Talleres de RTO Mediterránea de la Provincia de Córdoba expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo al Decreto 196/2025 del Poder Ejecutivo de la Nación, recientemente publicado en el Boletín Oficial. Dicho decreto establece disposiciones que contradicen los principios fundamentales de legalidad, transparencia e independencia, pilares esenciales para garantizar la eficacia y confiabilidad del Servicio de Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
Desde su concepción, el Sistema Nacional de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y los Sistemas Provinciales de Inspección Técnica Vehicular (ITV) han establecido un principio rector: la revisión técnica debe ser realizada por empresas dedicadas exclusivamente a este propósito, sin actividades conexas de reparación, mantenimiento de automotores o venta. Este modelo busca prevenir conflictos de interés y resguardar la integridad del sistema, evitando que quien evalúe la aptitud de un vehículo tenga un interés económico directo en su reparación.
El Decreto 196/2025 no solo pone en riesgo la objetividad e imparcialidad del sistema, sino que también atenta contra la seguridad vial y el bienestar de los ciudadanos al debilitar los controles cruzados que garantizan un sistema independiente y transparente. Permitir la coexistencia de roles incompatibles, como juez y parte, abre una puerta peligrosa a intereses ajenos al objetivo primario: asegurar que los vehículos que circulen cumplan con los más altos estándares de seguridad vial y cuidado ambiental.
En la Provincia de Córdoba, reiteramos nuestra solicitud a las autoridades competentes para que implementen el Sistema Local de Talleres de RTO, conforme a lo dispuesto por la Ley Provincial de Tránsito y su Decreto Reglamentario. Este sistema debe garantizar que los talleres cuenten con las condiciones mínimas para brindar un servicio que priorice la seguridad en el tránsito y reduzca la contaminación ambiental, protegiendo tanto a la ciudadanía como al entorno natural.
Por ello, exigimos al Poder Ejecutivo Nacional que revise y reconsidere el alcance del Decreto 196/2025, promoviendo un diálogo constructivo con los actores del sector, en busca de soluciones que preserven la transparencia, legalidad y credibilidad del sistema de revisión técnica.
DEFENDEMOS UN SISTEMA TRANSPARENTE, INDEPENDIENTE Y COMPROMETIDO CON LA SEGURIDAD VIAL Y EL MEDIO AMBIENTE.
