La segunda parte de la causa de la financiera Cordubensis (CBI) no tendrá un juicio convencional. El coronavirus y las precauciones que aún siguen rigiendo en Córdoba hacen que el debate pueda realizarse, pero con el estricto cumplimiento de protocolos aprobados por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) local autorizados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para adecuarse a esto, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) conformado con María Noel Costa (presidenta), Carolina Prado (TOF1) y Mario Martínez (La Rioja) convocaron a las partes a una reunión preliminar al juicio para el 1 de setiembre. En ese encuentro, vocales, acusados, defensores y querellantes se pondrán de acuerdo respecto de las condiciones de ese debate que se realiza en condiciones especiales, como la videoconferencia y el seguimiento remoto de la acción de algunos de esos participantes y de los testigos.
En este segundo juicio, se analizarán las presuntas irregularidades cometidas por los miembros de CBI con los empresarios de la concesionaria de autos Centro Motor en su vinculación con Toyota Compañía Financiera y Yacopini Inversora SA de Mendoza. También se abordará en este debate las operaciones de cobro del boleto de pasajeros a través de Siemens y la UTE Rivelux y el descuento de cheques de la obra social nacional Osecac a partir del contador de Grupo Dinosaurio Javier Guevara Amado.
La principal acusación en esta segunda parte es por lavado de activos agravado del que están acusados como autores los socios de CBI Eduardo Rodrigo, Aldo Ramírez, Julio Cesar Ahumada, Daniel Tissera y Oscar Altamirano.
Acuerdo con barbijo
El encuentro del 1 de setiembre es para garantizar que todas las partes tengan los derechos constitucionales y procesales que les asisten. Por eso, tras ponerse de acuerdo, las partes deben prestar conformidad al "método" que se aplicará en este reinicio de la actividad judicial.
El tribunal ya consensuó esas condiciones con el COE Córdoba que visitó las instalaciones y aprobó el protocolo de audiencias y uno de bioseguridad. En realidad, la implementación de estas condiciones modifica lo que señala el Código Procesal al incluir audiencias virtuales y otras condiciones que la norma adjetiva no contempla. No obstante, la Corte habilitó al TOF2 a celebrar el debate.
Pero las partes deben ponerse de acuerdo para que el juicio se realice y puedan salvarse las objeciones de inmediatez y oralidad. La tecnología puede suplir algunas diferencias con lo real y servir para que algunos actores que, por vivir en otra jurisdicción o ser parte de grupo de riesgo, no pueden estar en la sala de audiencias. El recinto de será el habitual del TOF2 que no cuenta con un espacio muy amplio.
Además de los adultos mayores, hay que tener en cuenta que hay testigos que viven en el extranjero, acusados que son de otra provincia y querellantes que no tienen representación en Córdoba.
Sobre esto último, Afip estará representada por abogados locales, pero otros organismos estatales que se presentan como querellantes, como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central, deberán trasladarse desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para esto, al no haber aviones ni transporte terrestre público, se prevé que se trasladen en automóviles particulares.
Ese 1 de setiembre se agotarán esas cuestiones y se fijará la fecha de la primera audiencia del juicio en sí. Si no hay sorpresas, es probable que el comienzo se determine para el 1 de octubre o los primeros días de ese mes.
Primera preliminar
En realidad, la del 1 de setiembre será la segunda audiencia preliminar de CBI, porque ya se hizo una primera en febrero, cuando se avecinaba un juicio oral y público "real".
En esa ocasión, los partícipes de este segundo debate acordaron reducir la cantidad de 280 testigos a un número mucho más reducido y práctico: entre 75 y 80.
Todo estaba listo para iniciar hasta que la pandemia se declaró en Argentina y la cuarentena suspendió todo lo planificado. Ahora, el debate se hará, con la modalidad virtual.
En el primer juicio, hubo condenas a 13 de los 16 acusados, principalmente para los socios de CBI. La máxima pena recayó sobre Rodrigo, que recibió siete años de prisión, mientras que el "liquidador" Miguel Ricardo Vera recibió seis años y medio. Los restantes fueron recibiendo menores condenas, pero mucho menos elevadas de lo que había pedido la fiscalía que consideraba a todos partícipes de una asociación ilícita, con "pisos" punitorios superiores a los 10 años de cárcel.
La sentencia fue casada por el fiscal Carlos Gonella, quien apuesta que la alzada le devuelva la figura de "asociación ilícita" que dos de los jueces desecharon y uno votó a favor.
