Con presencialidad establecida desde setiembre último, 2022 promete mayor acción en los Tribunales provinciales y federales de la provincia de Córdoba. Ya al finalizar 2021, en el último trimestre se percibió un mayor número de resoluciones y juicios que cobraron ritmo. Pareciera que esto puede llegar a profundizarse en el que será el tercer año de la pandemia que azota a la humanidad.
Si los dos primeros años del flagelo sanitario limitaron la actividad tribunalicia, con juicios abreviados o de alcance limitado, el que inicia parece ser un año que tendrá debates a pleno y resonantes. Uno de los más esperados es el caso Nora Dalmasso, la vecina de Río Cuarto asesinada en noviembre de 2006 y cuya investigación demoró más de lo pensado para llevar a juicio a quien era su marido, el médico traumatólogo Marcelo Macarrón.
Luego de numerosas idas y venidas, vaivenes judiciales, un rosario de imputados fallidos y desfiles de fiscales con las más diversas hipótesis, llegó el instructor Luis Pizarro para “cerrar” una acusación en contra del viudo la que, curiosamente, no discutió su abogado defensor, Marcelo Brito, quien eligió ir sin oposición al debate.
Para algunos –y como era de esperar en la defensa– la acusación es endeble, con un marco probatorio que, señalan, tiene muchas fisuras. Quienes conocen a Brito, no dudan que si no se opuso a la elevación a juicio vio una posibilidad inmejorable de despejar las culpas de su acusado.
Pero el azar y otros factores de un debate oral y público no pueden manejarse como en un laboratorio. Siempre hay elementos que escapan al control y a la previsión, especialmente si el acusado de un homicidio calificado –en este caso como instigador– se enfrenta a un jurado popular. La acusación dice que el exdelantero de Urú Curé y del seleccionado de rugby de Córdoba cometió “homicidio calificado por el vínculo, alevosía y promesa remuneratoria”.
Ese cuerpo de jueces del pueblo puede no entender que las pruebas técnicas sean poco sólidas y emitir su veredicto en base a sus creencias y pareceres.
En cuanto a trámites, el 18 de febrero se hará el sorteo de ese cuerpo de jurados populares. El juicio oral se celebrará a partir del 14 de marzo en en la Cámara 2ª del Crimen de Río Cuarto y será un acontecimiento muy esperado en esa ciudad y en el resto del país donde, desde 2006, vienen preguntándose quién mató a Norita. Si no se verifican certezas en el debate y cae la acusación al viudo, la impunidad recibirá sello definitivo.
Paradigma del “cuello blanco”
También en la Justicia provincial se esperan otros juicios de causas resonantes y, asimismo, esperados durante años. El principal es el de la causa de las “Torres del río” Suquía, que se refiere al intento de apropiación de un predio público en la ribera del cauce, a la altura de barrio General Paz. Como acusados están el empresario y corredor de bolsa Gustavo Oscar Trebucq, quien ya cumplió prisión preventiva extendida más allá de los plazos habituales, más los abogados Alejandro Damia y Ernesto Blanco, entre otros.
En esta causa se espera para marzo o abril el inicio del debate oral en la Cámara 10ª del Crimen, la misma que tramita las causas del Registro de la Propiedad. Hay medidas solicitadas muy importantes, como dos exhortos a Estados Unidos y Suiza, donde podría probarse el movimiento de dinero que se realizó para la adquisición de las tierras que terminaron en una supuesta estafa a los empresarios que denunciaron que les vendieron un espacio público.
Habrá una discusión de fondo trascendente sobre la validez o nulidad de una expropiación que argumentan las defensas para señalar que se hicieron de predios que ya no pertenecían al acervo público. Para los estafados, se trata de “la mayor estafa tramitada en la Justicia de Córdoba”, de allí la importancia de este debate.
Otros juicios
También en el fuero provincial se espera en este 2022 el inicio de otros juicios –entre tantos pendientes– como el de las estafas inmobiliarias que tienen como acusados a los integrantes de la firma Ribeiro.
Van a juicio “abierto” –también en la Cámara 10ª– el sindicado jefe y organizador de la asociación, Jorge Ribeiro, su hija Georgina María Ribeiro y el esposo de ella, Carlos Hernán Castro, entre otras personas allegadas al arquitecto.
Con distintas responsabilidades y roles, al grupo se le atribuye la participación en al menos 36 estafas producidas por fideicomisos creados para construir unidades habitacionales que nunca llegaron a término. Esos departamentos que no fueron entregados en algunas ocasiones fueron sobrevendidos a diferentes compradores.
También estaban acusados pero aceptaron su responsabilidad en juicio abreviado inicial –ante el juez Milton Peralta– otros acusados que terminaron con penas leves. Las condenas fueron para Tomás Gabriel Ribeiro (hijo de Jorge), a cuatro años de prisión; a la esposa de este, Natalia Meossi, a tres años y cuatro meses; y al contador interno de la empresa, Guillermo Adrián Taverna, a tres años y dos meses de prisión.
En ese mismo tribunal se aguarda la finalización del juicio por estafas con autos “cero kilómetro” a integrantes del grupo de la concesionaria “Córdoba”.
También se espera para los próximos meses el juicio por el estallido en la Química Raponi, que en noviembre de 2014 voló prácticamente una manzana de Alta Córdoba, el debate contra el ingeniero Oscar Guzmán Vega por supuestas estafas a damnificados de inundaciones en Sierras Chicas, la confirmación del avance del juicio a los policías que asesinaron a Blas Correas, entre numerosas causas de la agenda judicial.
Viaut y Viarnes al banquillo
En la Justicia federal también “prometen” mucha acción en cuanto a juicios. En el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) –integrado por los vocales Jaime Díaz Gavier, Carolina Prado y Julián Falcucci– empezará este 15 de febrero el juicio a Juan Francisco “Francés” Viarnes, acusado de “encubrimiento agravado, circulación de moneda falsa, estafa y falsificación de de documento publico”. En ese mismo tribunal se ventilará a mediados de abril la causa trascendente, “González Gerardo Enrique”, por evasión tributaria en contra de numerosos acusados.
En el TOF2 no se quedan atrás con los expedientes a juzgarse porque deben acusar al fiscal federal de San Francisco Luis María Viaut involucrado en pedido de dinero para tramitación de causas, con prueba de escuchas telefónicas en las que se lo oye hablar de modo comprometedor.
El mismo tribunal que integran María Noel Costa y José Fabián Asís volverá a intentar el juicio por “el narcoescándalo de Río Cuarto” luego de que el tercer vocal, Carlos Lascano, rechazara el trámite abreviado. Para este nuevo juicio con inicio previsto para este jueves, se convocará a Julián Falcucci, del TOF1. El fiscal Carlos Gonella acordó con las defensas penas reducidas a cambio de la declaración de responsabilidad. Por el momento, es toda una intriga cómo se producirá el desenlace de este juicio.
El otro debate interesante del TOF2 es el de “asociación ilícita” por evasión tributaria en contra de responsables de la firma Lapana.
