Aquel anochecer quedó grabado en la memoria.
Primero, fue el hongo de luz y humo blanco que se erigió. Luego, a los pocos instantes, la poderosa explosión. Una detonación que llegó a sentirse en un amplio radio en la ciudad de Córdoba y hasta en alrededores. Pero quienes más lo sufrieron fueron aquellos vecinos y vecinas de Alta Córdoba.
La firma Raponi Industrial Química SRL explotó y sembró de muerte, heridos y graves daños al barrio.
Eran las 20.30 de aquel 6 de noviembre de 2014, cuando la química estalló y su onda expansiva provocó la muerte de una vecina que vivía en las inmediaciones y que fue alcanzada por un portón; además de heridas a unas 70 personas, entre las que sobresale un adolescente que tenía 15 años y que resultó con lesiones permanentes; además de daños en 393 viviendas.
Más de siete años después, llegó finalmente la hora de la Justicia: el dueño de la firma, el abogado Sergio Hilton Raponi (59), se sentará en el banquillo de los acusados de la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba.
Raponi deberá responder por un delito muy grave como cuasi inédito en Córdoba: el estrago doloso doblemente calificado.
El empresario llegará a juicio en libertad.
Se enfrenta, sin embargo, a una pena con una escala penal que ronda entre los 8 y los 20 años de cárcel. La pena prevé cumplimiento efectivo.
La acusación se centra en un punto clave: una parte del depósito de la firma Raponi funcionaba, según la Justicia, de manera clandestina.
En ese predio se guardaron sin medidas básicas de seguridad material químico altamente inflamable.
Y todo se guardó, de acuerdo a la acusación, teniendo conocimiento del peligro.
De allí, la figura dolosa, es decir intencional, en la acusación, descartando de plano un plano culposo (negligencia).
“Raponi fue temerario, no desaprensivo. Él sabía lo que tenía guardado en ese galpón clandestino. Sabía y no le importó, siguió adelante. Esa fábrica era una bomba de tiempo y él lo sabía bien”, señaló el abogado Carlos Nayi, quien representará como querellante a las familias de María Angélica Cueto (65), la víctima fatal, y Pablo Amaya (15), quien sobrevivió luego de estar dos meses internado.
“Mantendremos la acusación y pediremos el máximo castigo”, sentenció el letrado.
La acusación estará en manos del fiscal Raúl Gualda.
No está claro qué postura tomará el acusador.
Incendio y potente explosión
Todo sucedió a las 20.30 de aquel jueves en el predio ubicado en calle Avellaneda 2971, pleno corazón de barrio Alta Córdoba.
Según la pesquisa, primero se produjo un incendio en el depósito posterior del predio.
Aparentemente, un material químico comenzó a perder y entró en contacto con otro. Las llamas se extendieron rápido.
Unos operarios intentaron combatir el fuego, pero debieron abandonar su propósito.
Cuando llegaron las primeras dotaciones de la Dirección Bomberos, se produjo el estallido.
La explosión provocó un enorme cráter y la onda expansiva se sintió como una bomba que afectó viviendas en varias manzanas a la redonda.
Esto hizo que comenzara otro incendio que, a su vez, provocó más daños. La tarea de extinción demandó largas horas de trabajo.
Policía, Bomberos y Defensa Civil tuvieron que articular un esquema de emergencia.
Acusación
La por entonces fiscal de instrucción Eve Flores detuvo al día siguiente a Raponi y lo imputó primero con una figura “culposa”.
Luego, agravó los cargos con la figura “dolosa”.
A la par, y luego de una compleja pesquisa, descartó responsabilidad estatal (estableció que no hubo culpa ni dolo en los inspectores o funcionarios de la Municipalidad de Córdoba ni de Bomberos) porque las habilitaciones a la química contemplaban la parte visible del establecimiento, no así la parcela 10, donde ocurrió todo.
Según la fiscal, esa parcela “nunca fue declarada” a pesar de que contenía el material “oculto que desató la deflagración”.
Raponi recuperó la libertad tras una fianza de 10 millones de pesos.
Largo camino a la verdad
La causa fue elevada a juicio en 2016. Sin embargo, hubo diversas presentaciones, planteos y oposiciones que llevaron el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia.
La máxima instancia confirmó el juicio en 2018. Sin embargo, los años siguieron pasando y el proceso nunca se concretó.
Versión del acusado
Raponi siempre se declaró inocente. El abogado Manuel Calderón, quien supo reemplazar a Darío Vezzaro, planteó en su momento que el acusado no era el dueño de la empresa sino un socio más.
Planteó que más allá de no contar con la habilitación del lugar, en la firma “se respetaban las normas” y “se cumplían con los parámetros” de seguridad, al tiempo que postuló que la actividad era de “riesgo”.
Sobreseído. En la causa estuvo imputado un ingeniero químico (Javier Lagares), sin embargo finalmente fue sobreseído.
