Más de 800 vecinos, comerciantes y hoteleros de la ciudad de Córdoba presentaron una carta en la Municipalidad, dirigida al intendente Daniel Passerini, en la que expresaron su preocupación por la situación de abandono, inseguridad y degradación urbana que afecta a un sector central de la capital provincial.
El documento, de cinco páginas, reúne testimonios, imágenes y una serie de pedidos concretos para revertir lo que consideran un estado de emergencia social y urbana.
La nota fue firmada por residentes, trabajadores, empresarios turísticos y educativos del área comprendida por las avenidas Chacabuco, Maipú, Emilio Olmos y los bulevares Illia, Perón y Guzmán.
Este cuadrante del centro de Córdoba, que incluye espacios públicos, instituciones educativas, edificios patrimoniales y corredores turísticos, es señalado por los vecinos como una “zona crítica” que “ha sido progresivamente abandonada” por el Estado, denunciaron.
El sector se encuentra ubicado a pocas cuadras de la Casa de Gobierno de Córdoba y de la Legislatura provincial.
Según los firmantes, la problemática se intensificó desde la pandemia, cuando varias pensiones y hoteles -en su mayoría sin habilitación formal- comenzaron a ser utilizados como refugios temporales para personas en situación de calle. La medida, impulsada en el contexto de la emergencia sanitaria, fue aceptada en su momento por razones humanitarias, pero los vecinos cuestionan que estos lugares continúan operando de manera irregular hasta hoy, sin habilitación, controles ni condiciones mínimas de seguridad e higiene. Desde la Policía señalan que hay presencia de uniformados y se realizan operativos y patrullaje.
Fuentes del municipio indicaron que se realizan tareas de limpieza y de mantenimiento del alumbrado en el Centro, toda vez que se tomó nota de los reclamos. No hay precisiones de un encuentro con el intendente.
Narcomenudeo y peleas
Entre las principales denuncias, el documento menciona la proliferación de asentamientos, narcomenudeo, consumo de drogas en la vía pública, hechos de violencia callejera, robos y agresiones y prostitución.
También hacen referencia a la falta de limpieza, recolección de residuos y mantenimiento urbano, lo que contribuye al deterioro del espacio público, según enfatizaron.
Los vecinos aseguraron que presentaron reclamos desde 2022 sin haber recibido respuestas formales ni acciones concretas.
En esta nueva carta, solicitaron una audiencia con el intendente Passerini y exigieron respuestas urgentes.
Según los firmantes, el estado actual del sector representa un riesgo para la integridad física de quienes viven, trabajan o transitan por la zona, y afecta directamente la actividad económica y turística del Centro.
Los vecinos se quejaron de que se clausuran comercios por infracciones “menores” (como la colocación de mesas en veredas), mientras hay hospedajes y pensiones que no cumplen con las normas de habilitación y continúan operando, con el riesgo extra que eso representa.
Pidieron revisión de los criterios de fiscalización y mayor firmeza en el control de lugares irregulares.
Armas blancas y ladrillos
En el texto también enumeraron serios episodios de violencia ocurridos en la zona como constante robos y peleas callejeras. En algunos casos, hubo enfrentamientos con armas blancas y hasta a ladrillazos.
Además, hicieron referencia a las reseñas negativas que turistas y visitantes publican en plataformas como Google, donde se describe el área como insegura y en condiciones precarias.
Los pedidos concretos de los vecinos incluyeron: reforzar la presencia policial, instalar más cámaras de vigilancia y mejorar la iluminación en la vía pública. Además, reclamaron que se intensifiquen los operativos de limpieza y se clausuren de forma definitiva los establecimientos no habilitados.
El sector en cuestión incluye instituciones como la iglesia San Roque, los colegios Inmaculado Corazón de María, Adoratrices; San Jorge y Ortiz de Ocampo, el Centro de Día de Apadim y otras entidades educativas de nivel terciario. Asimismo, se encuentra en cercanía del Teatro Real, la Catedral, el Cabildo y otros edificios patrimoniales protegidos por la ordenanza municipal 8.057, que declara esta área como “zona especial” por su valor histórico y cultural.
Los vecinos advirtieron que, lejos de recibir un tratamiento acorde a esa categoría, el área se ha transformado en un “punto rojo” de conflicto urbano. Además de los efectos directos en la seguridad, los firmantes alertan sobre el impacto económico que genera esta situación.
Señalaron que, por toda esta situación descripta, el comercio minorista en la zona ha sufrido una caída en la afluencia de clientes y que el turismo se vio afectado por la percepción negativa que transmiten los entornos urbanos deteriorados.
Sostuvieron en la nota que abrir un local o mantener un hotel se ha vuelto una tarea cada vez más difícil y que caminar por la zona de noche implica un riesgo constante.
Operativos policiales
Desde la Policía, fuentes oficiales señalaron que hay presencia preventiva y patrullaje de manera permanente y que, ante cada denuncia efectuada al 911, se han enviado patrullas y personal y se ha detenido a sospechosos por robos y peleas.
Por su parte, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) ha realizado distintos operativos en domicilios y pensiones por narcomenudeo.
Con esta presentación, los vecinos firmantes aseguraron que buscan que las autoridades tomen medidas concretas y urgentes, toda vez que señalaron que buscan soluciones.
