Nunca quedó claro si fue un error, una lamentable omisión en el esquema de seguridad o si fue adrede para que todo explote. Lo concreto es que aquel soporífero martes, unos guardiacárceles terminaron permitiendo que facciones de presos enfrentados de dos pabellones lograran “superar” las puertas y quedaran frente a frente, mano a mano, con púas tumberas.
En minutos, la gresca se generalizó y se extendió a los dos pabellones. Los pocos guardias nada pudieron hacer para controlar las cosas.
Para peor, al activarse la alarma del presidio, el cuerpo de penitenciarios de la guardia externa entró desaforadamente y empezó con balazos de goma sin fijarse que era de día de visita, y había niños y mujeres.
Esa pelea entre los presos y la brutal represión penitenciaria fue la chispa que detonó todo.
En realidad, la base del problema era más profunda: superpoblación carcelaria, hacinamiento en celdas, pésima gestión penitenciaria, olvido del poder político en mejoras, expedientes paralizados y desinterés de jueces por ver cómo andaba todo en ese viejo presidio.
Sumado a todo, había nuevas exigencias de control por parte del director del presidio con las visitas.
No era de extrañar que la por entonces Penitenciaría del barrio San Martín de Córdoba Capital se volviera un volcán y explotara.
Aquel 10 de febrero de 2005, se produjo el motín carcelario más trágico en democracia en Córdoba.
Terminó recién al día siguiente luego de que un cura, el sacerdote Hugo Olivo, logró lo que nadie podía: que los presos bajaran las armas.
El saldo fue tremendo, pero pudo ser peor: ocho muertos a balazos y cientos de heridos a puntazos y golpes. También hubo abusos sexuales.
El peor momento del amotinamiento fue el frustrado intento de fuga de un grupo de internos en un camión del Servicio Penitenciario.
Aquella imagen de locura perdura en la memoria colectiva.
Los fallecidos en el motín fueron un policía, dos guardias y cinco presos. A casi todos, los mató la Policía que seguía la orden del por entonces gobernador José Manuel de la Sota de que se reprimiera a fuego cualquier intento de escape.
Por aquella revuelta, la Justicia hizo lo suyo años después: en dos juicios se condenó a 56 presos: uno, por el homicidio del policía, y los demás 55 por privaciones de la libertad, lesiones graves y leves, daños, abuso de armas, amenazas...
Se mandó a investigar a autoridades penitenciarias y políticas. Sin embargo, ese pedido terminó “perdido” en un cajón de Tribunales II.
Quienes fueron parte de aquel infierno siempre dijeron lo mismo: si no hubo más muertos fue porque los “plumas” (cabecillas de los pabellones) controlaron que las cosas no se desmadraran por completo.
El motín de la Penitenciaría de Córdoba fue una marca que quedó grabada en la mente de muchos y de muchas. Una marca que perdura.
Su herida no ha cicatrizado por completo, sobre todo en quienes fueron parte de esa pesadilla de febrero.
Superpoblación modelo 2025
Dos décadas después, la realidad es otra en la provincia de Córdoba, pero hay preocupación.
Si bien hay una nueva cárcel (la de Cruz del Eje y que fue abierta en 2007 y se llevó a buena parte de los condenados de la Penitenciaría), hay una superpoblación en la Cárcel de Bouwer que no deja de crecer.
Hay celdas abarrotadas. En algunas duermen hasta cinco presos y un pedazo de colchón en el piso es motivo de disputa o pago.
En los últimos tres años, creció alrededor de un 30% el número de presos en todas las cárceles cordobesas, hasta llegar a casi 14 mil internos, según datos oficiales.
Bouwer es la más preocupante. Allí se apura la construcción de un nuevo módulo que se agregará a los otros cuatro existentes y abarrotados.
Con suerte, habrá 12 mil espacios por algunos años más.
En el interior, varios de los demás presidios también están al límite.
Pero volvamos a 2005.
Guardias rehenes en los techos
Todo se originó a la siesta de aquel soporífero martes 10 de febrero.
La pelea entre facciones de presos entre los pabellones 5 y 6, seguida de una brutal represión penitenciaria con disparos, en medio de las visitas, hizo que los demás pabellones se levantaran y plegaran.
La superioridad numérica hizo el resto. En minutos, la revuelta se extendió a los demás pabellones de un penal donde había 1.400 internos hacinados y decenas de penitenciarios fueron tomados de rehenes. El jefe de la cárcel corrió igual suerte.
Otros altos oficiales alcanzaron a escapar justo y cerraron las puertas sin importarles que mujeres guardiacárceles venían corriendo atrás.
Fueron tomadas como rehenes.
En minutos, cientos de presos tuvieron la cárcel para ellos solos: destruyeron casi todo, prendieron fuegos, se hicieron de armas y coparon la farmacia y el hospital para hacerse de pastillas. En poco tiempo, quedaron completamente drogados y llevaron a varios guardias a los techos del presidio como rehenes.
Cuando la Policía llegó, todo era un caos. Familiares de presos, abajo, reclamaban noticias que no aparecían.
En el descontrol hubo un gran problema: la Policía y los fiscales no tenían con quién negociar la entrega de la cárcel. Adentro, con tanto preso drogado, no había interlocutores.
Sólo los “plumas” lograron que no hubiera una masacre adentro.
Pero no había forma de negociar nada: los reclusos más jóvenes estaban “pasados” en pastillas.
El camión, las balas y las muertes
A media tarde, un grupo de presos tomó un camión del SPC, cargó a dos guardias como rehenes en la cabina y convocó a más presos para una fuga.
En medio de todo, un recluso abrió fuego desde el techo del penal y mató al policía Roberto Cogote que estaba en la calle.
A los minutos, y en la confusión tras el policía abatido, el camión se puso en marcha, recorrió un pasillo del penal y reventó un portón. Decenas de policías lo acribillaron.
En ese tiroteo, cayeron muertos por balas policiales los rehenes Andrés Abregú y Pablo Ferreyra.
En la balacera también fueron ultimados los reos Víctor Bazán, Gabriel Rivarola, Walter Romero, Cristian Rogido y Daniel Álvarez.
Frustrado el intento de fuga, se redobló la custodia externa con más policías. Adentro del penal y con la fuga abortada, se extendió un temor: que la Policía ingresara a puro balazo y matara a todos. Eso no pasó.
La tensión, nervios y algunos disparos se extendieron durante toda la noche, pero fue mermando con el efecto de las drogas. Eso sí, no había interlocutores para frenar todo.
Recién el 11 de febrero, el cura del penal Hugo Olivo, quien se ofreció ante las autoridades para hacer cesar todo, pudo entrar a la cárcel.
Sólo él tenía diálogo con los presos y pudo negociar que se entregaran.
Durante horas, recorrió el presidio, negoció con todos y logró que el motín finalmente acabara.
En 2008 se realizaron dos juicios.
En el primero se condenó a un preso por el crimen del policía. José Eusebio Villarroel recibió perpetua.
En el segundo y gran juicio por el motín, 55 reclusos fueron condenados. Los “plumas” recibieron las penas más altas: 16 años. Ellos no se cansaron de repetir lo mismo ante los jueces: si no hubiera sido por ellos, que “custodiaron y cuidaron a los rehenes”, habría sido una masacre peor.
Los jueces de la Cámara 7ª del Crimen mandaron a investigar eventuales responsabilidades de autoridades políticas por no haber brindado soluciones previas ni haber evitado ese desastre.
También se mandó investigar a jefes penitenciarios que privilegiaron sus escapes de la cárcel sin haber salvado a otros guardias que fueron tomados de rehenes.
Los pedidos de investigación quedaron en la nada.
