El límite interprovincial donde confluyen las ciudades de San Francisco y Frontera, pertenecientes a las provincias de Córdoba y Santa Fe, respectivamente, es una zona caliente en materia de narcotráfico. A ellas se suma barrio Acapulco (que corresponde a la localidad de Josefina) un conglomerado más chico, también correspondiente a la “bota”, donde la violencia impera.
En este escenario, el gobierno de Santa Fe, de acuerdo a las facultades que otorga la Ley de Microtráfico promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en el inicio de su gestión, decidió la inactivación de tres puntos de venta de estupefacientes en Frontera, lo que ocurrió días atrás.
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En cada lugar estuvo el ministro de Seguridad de esa provincia, Pablo Cococcioni, quien encabezó los trabajos de maquinarias y operarios para el derribo y bloqueo de los tres búnkeres situados en los barrios Colegiales, San Roque y San Javier. Lo hizo acompañado por el fiscal Franco Carbone, del Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, jefes policiales y funcionarios.
“En dos casos se optó por el mecanismo de la demolición, mientras que en el otro se hizo un desmantelamiento selectivo. A lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe seguimos atacando los principales enclaves de venta de drogas que producen violencia, asesinatos, abusos de armas de fuego, para que en definitiva podamos mejorarle la calidad de vida de la gente”, enfatizó Cococcioni.
Más de 40 derribos en la provincia santafesina
Con estas tres primeras intervenciones en el departamento Castellanos de Santa Fe, donde se encuentra ubicada Frontera, la cifra de puestos de venta de estupefacientes inactivados y demolidos asciende a 42 en la vecina provincia.
La inactivación y/o derribos de puntos de venta de droga es una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial santafesina, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la legislación actual eran competencia de la Justicia Federal.
Asimismo, se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto. La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.
