La Asociación de Abogados Penalistas de Córdoba emitió un comunicado expresando su “profunda sorpresa y preocupación” por el pronunciamiento institucional de la Asociación de Magistrados, en el marco de la controversia que envuelve al fiscal general adjunto Alejandro Pérez Moreno.
El funcionario judicial fue duramente cuestionado por sus colegas, los fiscales Enrique Gavier y Juan Pablo Klinger, luego de realizar críticas sobre el uso extendido de la figura de la asociación ilícita durante un seminario académico en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
En su comunicado, la entidad que nuclea a abogados penalistas sostienen que el pronunciamiento de los magistrados constituye “una clara censura hacia la libertad de expresión” en un ámbito académico.
Además sostuvieron que ese es el lugar donde deberían darse este tipo de debates. “El ámbito académico es justamente el lugar donde deben darse este tipo de discusiones, en cuanto a que es el lugar en donde se forman los futuros fiscales, jueces y abogados”, expresaron.
Conflicto en el Ministerio Público Fiscal
El foco del conflicto gira en torno a una exposición de Pérez Moreno en el curso de posgrado “Delitos Complejos y nuevos escenarios jurídicos”, en la que sostuvo que el uso de la figura penal de asociación ilícita se ha “desnaturalizado” y se aplica de forma desproporcionada, incluso en causas menores.
“Hemos llegado al absurdo de decir que 10 muchachitos que roban en moto son una asociación ilícita”, afirmó ante un auditorio de abogados y funcionarios judiciales.
Estas declaraciones provocaron una tensión institucional. Gavier y Klinger denunciaron que Pérez Moreno violó normas éticas y ejerció presión indebida, y pidieron sanciones en su contra.
La Asociación de Magistrados respaldó a los fiscales, argumentando que las expresiones de su superior jerárquico implicaban una “intromisión” que afecta la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, la postura de los Abogados Penalistas es diferente.
La entidad interpreta el comunicado como una reacción corporativa que “desatiende el llamado urgente a revisar prácticas judiciales que pueden estar afectando derechos fundamentales”.
“Estas manifestaciones muestran una inquietante intolerancia al disenso jurídico-académico porque claramente las expresiones del Fiscal General Adjunto no fueron en el marco de sus funciones, ni tampoco implica una injerencia en la actividad de los fiscales, simplemente se trata de un debate jurídico dentro de un marco académico”, cuestionaron.
Además, consideran que las declaraciones del fiscal fueron “abstractas”.
“Lejos de propiciar el debate serio y respetuoso que el propio comunicado dice defender, la Asociación de Magistrados optó por una defensa corporativa cerrada, que desatiende el llamado urgente a revisar prácticas judiciales que pueden estar afectando derechos fundamentales”, plantearon en un claro tono de reproche.
La figura de la asociación ilícita en el foco de debate del Ministerio Público Fiscal
La figura penal de la asociación ilícita, tipificada en el artículo 210 del Código Penal, ha sido usada con creciente frecuencia por los fiscales cordobeses en causas que van desde robos callejeros hasta delitos económicos complejos.
Para Pérez Moreno, esta tendencia representa un uso desviado del derecho penal: “Debe ser un fin, no un medio para obtener confesiones en juicios abreviados”, explicó.
Frente al clima de creciente tensión en el Ministerio Público Fiscal y el debate abierto en la comunidad jurídica, los Abogados Penalistas plantearon ratificaron la necesidad de abrir el debate y volverlo “profundo y riguroso”.
“Se debe debatir sobre el uso de tipos penales abiertos o de contornos difusos, como la asociación ilícita, y llamamos a los operadores judiciales a actuar con responsabilidad, sin escudarse en declaraciones institucionales que confunden defensa del sistema con resistencia al pensamiento crítico”, sugirieron.
“Solo mediante el pensamiento libre, el control institucional y el debate público se puede construir una justicia verdaderamente republicana, accesible y respetuosa de los derechos humanos”, concluyeron desde la Asociación.
