“Creo que hay una diferencia sustancial: en el caso Blas Correas ocurrieron el hecho y luego una cadena de encubrimiento que tenía por objetivo ocultar, plantar pruebas. En este caso, no existió nada de esto”. Cuando apenas se empezaba a sugerir la comparación entre la muerte de Guillermo Bustamante en una estación de servicio con el asesinato emblema de la violencia institucional en Córdoba –la muerte de Valentino Blas Correas en un control policial en plena pandemia–, el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, la trajo a la literalidad.
No fue la primera reacción en el Gobierno. Pero, tras la imputación y detención de cinco policías que hizo el fiscal Guillermo González Quinteros, se abrazó a la granada para mitigar el impacto de la noticia. La consigna es: si es un asesinato policial, no es otro caso Blas.
“Estamos en condiciones de garantizar que no exista impunidad en esta Policía mientras yo sea ministro”, remarcó Quinteros, quien cuando era todavía concejal opositor de la ciudad de Córdoba, y antes de que fuera el elegido por el gobernador Martín Llaryora para la cartera hoy a su cargo, presentó un plan de seguridad para la provincia en compañía del expolicía y funcionario de Derechos Humanos Miguel Robles, y de la mamá de Blas, Soledad Laciar.
La propia Soledad se encargó de marcar las diferencias.
“Las responsabilidades del caso deberán ser determinadas por la Justicia”, declaró sobre el hecho, con la mayor corrección posible, aunque el caso aún no está claro para la Policía ni para Seguridad, pero, con el rápido encuadre que hizo el fiscal González, no se insiste en esas dudas.
En un primer momento, Quinteros “bancó” el operativo, de acuerdo a que lo que le había sido informado por la conducción policial. Y en privado, en la Policía, mantienen las dudas sobre si el episodio no fue desencadenado por el comportamiento de la propia víctima, que tenía antecedentes judiciales por causas de violencia de género y de desobediencia a la autoridad, esta última por una violación a las restricciones de circulación en pandemia.
El fiscal González tiene como base de su convicción el contenido de una cámara de seguridad de la propia estación de servicio. Espera todavía los resultados científicos de la autopsia y también del control de alcoholemia y consumo de sustancias por parte de Bustamante. En declaraciones a Cadena 3, González explicó que “las imágenes analizadas, tomadas de la estación de servicio y de testigos, muestran conductas de acción sobre la víctima y conductas de omisión por parte de algunos policías”. Con esto, alude a un uso excesivo de la fuerza de algunos policías y que ninguno de los que miraban la acción hizo algo para detener sus acciones.
El fiscal aseguró que no hay una supuesta agresión de Bustamante hacia los efectivos, que las imágenes no respaldan esa versión. “No hay un ataque directo de la víctima”, aseguró González, quien también menciona que la autopsia preliminar indica la presencia de golpes, aunque no se puede aseverar que sean mortales. La causa de la muerte no está aún determinada. Se espera que eso quede claro con la autopsia completa.
De todos modos, golpes, asfixia o un ataque cardíaco por el estrés de la situación no harían una diferencia sustancial en el encuadre penal si se entiende que fue el exceso en las medidas de sujeción o de represión de los policías las que dieron origen al evento crítico para la salud que provocó la muerte de Bustamante. En muertes de víctimas de robo por ataques cardíacos provocados por el estrés de la situación, ya la Justicia cordobesa consideró que hubo homicidio.
