Un hombre de 56 años de edad fue condenado a 13 años y 10 meses de prisión por reiterados hechos de abuso sexual en perjuicio de dos hijas y de una hijastra.
Fue condenado en los Tribunales de Río Tercero, en juicio abreviado. Los aberrantes hechos ocurrieron en Huerta Grande (Punilla) y en Villa General Belgrano (Calamuchita), localidades donde la familia residió.
A este panorama aberrante, se le suma otro elemento de extrema gravedad: producto de las violaciones, una de las hijas quedó embarazada de su padre violador y tuvo un hijo.
Los abusos comenzaron cuando las niñas tenían entre ocho y diez años y se prolongaron durante varios años. En la actualidad, solo una es mayor de edad.
El condenado fue declarado autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia con menor de 18 años en concurso ideal con promoción a la corrupción agravada por el vínculo reiterado (dos hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la convivencia con menor de 18 años, en concurso ideal con promoción a la corrupción agravada por el vínculo (tres hechos).
Desde la Justicia no brindan datos filiatorios de las personas implicadas para evitar la identificación de las víctimas.
En la audiencia, el condenado reconoció los hechos, tal como sucede en esta tipología de proceso judicial abreviado.
Con un monto de condena menor, pero sin la necesidad de la presentación de pruebas, el acuerdo logró que las víctimas no tuvieran que volver a declarar en ese contexto.
Un escenario desolador
La fiscal Paula Bruera, a cargo de la instrucción de la causa, confirmó que las víctimas fueron una hijastra y dos hijas del condenado.
Una de ellas quedó embarazada por los abusos sufridos y tuvo un bebé. Una pericia de ADN practicada confirmó la paternidad del imputado.
La joven madre fue la primera que habló sobre el infierno que ella y sus hermanas vivían desde niñas. Luego, se animaron las demás.
Los abusos se registraron en un entorno de extrema violencia y vulnerabilidad. Había una dependencia económica absoluta con el violador, único sostén de la familia, relató la fiscal Bruera.
Todas las víctimas presentan secuelas psicológicas y daños físicos y continúan inmersas en una situación de vulnerabilidad.
En el juicio se ordenó que se les brinde atención médica y psicológica
