Del 7 al 20 de este mes estuvo detenido un hombre de Jovita, sospechado de haberse filmado mientras abusaba de un menor. La investigación concluyó que la persona es inimputable y no fue él quien filmó el hecho. El caso conmociona a la localidad: vecinos aseguran que el hombre ya tuvo denuncias anteriores y que alguien debe ocuparse de prevenir los hechos.
Según el fiscal Marcelo Saragusti, el sujeto debió ser liberado porque “la pericia interdisciplinaria realizada en Tribunales 2 al detenido, determinó que no pudo comprender valorativamente la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones de manera autodeterminada, debido a la escasa inhibición de sus impulsos como consecuencia de su discapacidad intelectual”.
“Se trata de una persona inimputable. Pedimos la posibilidad de internación y nos respondieron que no reúne criterios de internación, por lo que quedó en libertad. Antes la curadora era la madre, en Jovita, ahora decidimos que quedara a cargo del padre que vive en otra localidad. Además remitimos oficios a los municipios, policía, organismos que tengan inmediatez, para la prevención, asistencia permanente y control”, dijo Saragusti a La Voz.
Ante la indignación popular, el fiscal dijo que la ley de salud mental de la Provincia obliga a realizar una pericia interdisciplinaria, que se concretó en Córdoba. En la evaluación interdisciplinaria de capacidad penal, que duró unas cinco horas, no advirtieron factores de orden psicopatológico que determinen el estado de riesgo cierto e inminente para sí ni para terceros, por lo que se concluyó que el hombre “no reúne criterios de internación”.
Los especialistas recomendaron un tratamiento interdisciplinario, psicológico, psiquiátrico y social con estricto control por parte del Tribunal interviniente sobre adherencia y evolución.
Desde Tribunales se indicó que el tratamiento y control de esta persona antes estaba a cargo de la madre, en Jovita, y ahora, el padre, en Nicolás Bruzzone, de acuerdo a la ley de Salud Mental, en conjunto con el municipio respectivo, por funciones descentralizadas del ministerio de Salud.
En las últimas horas se confirmó que existen al menos dos antecedentes de denuncias contra la misma persona (por supuesto acoso a menores), con dictámenes de inimputabilidad similares. El intendente de Jovita, Javier Riberi, manifestó su preocupación: “Ante un hecho tan aberrante como este, por lo menos, el tratamiento tendría que hacerlo en un instituto acorde a lo que necesita y después dejarlo salir”, opinó. En declaraciones a Telediario, agregó: “Liberarlo, tanto para la familia de la víctima como para los vecinos, genera una molestia muy grande. Llueven las quejas. Yo no le saco el pecho a la balas, pero no me voy a hacer cargo de decisiones que no me competen a mí”.
Indignación
La investigación de la Fiscalía de Huinca Renancó también habría podido determinar que tres menores no punibles habrían tenido participación activa en el hecho. Además de la víctima del abuso, que rondaría los 12 años, hay tres adolescentes que podrían haber estado relacionados con la filmación del hecho y el uso de elementos electrónicos del detenido.
Cabe mencionar que la persona detenida tiene otra causa por ciber crimen, surgida en los informes suministrados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, organismo que monitorea lo que circula en todo tipo de redes y da la alerta a distintos países, entre ellos Argentina.
El delito que se investiga es habitualmente denominado “distribución de imágenes de pornografía infantil”. El código sanciona a quienes distribuyan “representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas, así como de sus genitales, o espectáculos de esta índole”. Pero Interpol recomienda no hablar de “pornografía”, sino directamente de abuso cuando hay niños niñas o adolescentes implicados.
En el caso de Jovita no está probado que el autor de la difusión haya sido esta persona inimputable. Con respecto al abuso que motivó su detención, estaría probado que fueron menores los que filmaron. En el medio del estupor, vecinos sostienen que los menores habrían filmado el hecho para probar que este tipo de situaciones se han dado impunemente, de manera reiterada en la localidad.
