La investigación judicial sobre uno de los crímenes más impactantes de este año dio otro paso crucial en respaldo a las actuaciones del fiscal Juan Pablo Klinger: Fernando Albareda, hijo de la víctima Susana Montoya, continuará preso y el próximo paso será la elevación a juicio de la causa.
El juez José Luis Cafferatta rechazó un planteo de nulidad presentado por la defensa de Albareda y confirmó la prisión preventiva del imputado.
Albareda está acusado de cometer el asesinato de su madre el pasado jueves 1 de agosto, un hecho que inicialmente se vinculaba a una patota parapolicial. Fue imputado por homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por codicia
Durante las primeras horas del crimen, Albareda había adoptado un discurso en defensa de los Derechos Humanos y había señalado que él y su familia eran víctimas del hostigamiento y la persecución policial, fenómeno al cual le atribuyó el dramático desenlace.
Pero luego la causa daría el inesperado giro que lo llevó tras las rejas.
La decisión del juez de control, conocida recientemente, allana el camino para que el fiscal Juan Pablo Klinger eleve la causa a juicio.
“Los elementos probatorios recolectados hasta el momento son suficientes para presumir la participación de Fernando Albareda en los hechos investigados”, afirmó Cafferatta en su resolución.
En su resolución, el juez rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa, que alegaba irregularidades en la recolección de pruebas y en la declaración testimonial inicial de Albareda.
La defensa argumentó que Albareda había sido interrogado como testigo cuando ya existía una sospecha en su contra y que las pruebas caligráficas estaban contaminadas por errores de procedimiento.
Sin embargo, Cafferatta determinó que no hubo violaciones a los derechos del acusado.
Según el tribunal, se respetaron las garantías procesales, y las declaraciones fueron firmadas correctamente, tanto en soporte físico como digital.
El juez de control además reafirmó la validez de los elementos probatorios colectados durante la investigación, incluyendo declaraciones testimoniales, pericias y análisis técnicos.
La defensa había argumentado irregularidades en la firma digital y la validez de ciertas pruebas grafocríticas. No obstante, el juez consideró que estas observaciones no implicaron perjuicio concreto para el acusado ni afectaron las garantías del proceso penal.
Cafferatta también respaldó la acusación de Klinger, quien sostuvo que Albareda habría cometido el delito motivado por resentimientos familiares y un interés económico vinculado al cobro de una importante suma de dinero.
Entre las pruebas clave se incluyen registros telefónicos, testimonios de allegados, y la presencia del vehículo de Albareda en las inmediaciones del domicilio de la víctima en el horario del crimen.
El fallo enfatizó que la prisión preventiva es esencial para asegurar el avance del proceso y evitar riesgos de fuga o entorpecimiento.
El juez destacó que los indicios en contra del imputado tienen suficiente peso para sostener la medida cautelar.
No obstante la contundencia de las pruebas, es conveniente recordar que el acusado es inocente hasta que la Justicia determine lo contrario.
Un crimen con giro drástico
El 2 de agosto de este año, Albareda reportó al 911 el hallazgo del cuerpo sin vida de su madre, Susana Montoya, de 74 años, en su hogar de Córdoba.
Inicialmente, sostuvo que el asesinato estaba vinculado a amenazas previas realizadas por una supuesta patota relacionada con sectores parapoliciales que se oponían a una reparación económica otorgada a su familia.
Su padre, ex comisario de la Policía, fue desaparecido en 1975 en manos de la dictadura militar. En esas circunstancias, había sido registrado de baja en los expedientes de la fuerza.
Recientemente, el Gobierno impulsó un cambio en estos registros para que el padre del acusado aparezca como secuestrado y asesinado. Esto valió una compensación económica que la familia aún no había cobrado.
Según la versión que divulgó el presunto atacante en las primeras horas, las amenazas comenzaron en diciembre pasado y se intensificaron en los días previos al crimen.
Sin embargo, un giro en la investigación cambió el rumbo de las sospechas, colocando a Albareda como el principal sospechoso.
Pruebas clave
Una carta enviada desde la cárcel de Bouwer, donde Albareda solicitó prisión domiciliaria cuando ya se encontraba detenido, resultó ser un elemento clave en su contra.
Peritos grafológicos concluyeron que las amenazas que el acusado había denunciado previamente fueron escritas por su propio puño.
Según los resultados, tanto las notas escritas en papel como las inscripciones hechas con lápiz labial rojo en la pared del domicilio de Montoya coinciden con la caligrafía de Albareda.
Además, las pruebas forenses y de videovigilancia complican su situación.
Una cámara captó a Albareda llegando al domicilio de su madre poco después de las 20 horas y saliendo alrededor de las 22:30. En ese intervalo, según la fiscalía, se habría consumado el asesinato.
El perfil del acusado
Según un informe interdisciplinario solicitado por el fiscal Klinger, Albareda presenta elementos psicopáticos y narcisistas que podrían haber influido en sus acciones.
“El acusado habría actuado movido por un resentimiento hacia su madre y por la codicia, dado el inminente cobro de una indemnización millonaria por la reparación histórica de su familia”, destaca el informe.
La investigación también revela un historial de conflictos familiares, especialmente con su hermano Ricardo, quien declaró: “No tengo pruebas, pero creo que Fernando tuvo mucho que ver con la muerte de nuestra madre. Lo conozco y sé de lo que es capaz”.
