Acusados con la gravosa figura de extorsión, tres inspectores de la Municipalidad de Córdoba fueron detenidos en las últimas horas, acusados de haber cobrado coimas mediante aprietes a vendedores ambulantes de la Peatonal de la Capital a cambio de dejarlos funcionar. Estos cobros supuestamente eran realizados de manera mensual a cambio de no secuestrarle las mercaderías exhibidas.
Los arrestos fueron dispuestos por el fiscal de instrucción Guillermo González, quien además ordenó un allanamiento por parte de investigadores en el área de Fiscalízación y Control de la Municipalidad, donde se desempeñaban los inspectores acusados, quienes serán enviados a la Cárcel de Bouwer.
Desde la fiscalía se indicó que estas detenciones conforman uno de los tantos expedientes desglosados que se generaron en el marco de la megacausa conocida como “Bomberos SA y las habilitaciones truchas”.
Según la fiscalía, desde 2008 y hasta 2023 funcionó en la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba una oficina que, de manera presuntamente ilegal y a la par de las actividades legales que se hacían, cobraba coimas a empresarios que querían abrir comercios y necesitaban habilitaciones.
Para el fiscal, el presunto ideólogo y jefe de esa presunta asociación ilícita era el por entonces jefe de Bomberos y luego exsubjefe de Policía y posteriormente extitular de Defensa Civil, Gustavo Folli Pedetta. Tanto este excomisario general como otros bomberos y tres civiles (ingenieros especializados en higiene y seguridad) conformaban presuntamente una asociación ilícita. Otro de los grandes acusados es el excomisario Sergio Sosa, quien reemplazó a Folli cuando se fue de Bomberos.
De acuerdo a la pesquisa, durante largos años, a la par de las habilitaciones legales, habría funcionado una oficina en Bomberos de calle Mariano Moreno en barrio Alberdi donde empresarios y comerciantes (previamente contactados por ingenieros presuntamente de la banda) se acercaban a abonar montos a cambio de obtener habilitaciones.
A su vez, y como derivación de esa causa madre, ya habían sido detenidos otros inspectores municipales municipales también por presunta extorsión.
Extorsión callejera
Ahora bien, en las últimas horas, el fiscal González ordenó las detenciones de los inspectores: Mónica Silva, de 47 años, Diego Silva, de 24, y Luis Ponce, de 57. La mujer estaba de licencia psiquiátrica, y los otros dos empleados estaban activos, según informó la Municipalidad.
Desde la fiscalía se indicó que esos tres municipales habrían exigido a vendedores ambulantes que trabajan en las calles del Centro de la ciudad un pago mensual para presuntamente permitirles seguir ofreciendo sus productos.
La denuncia en contra de ese grupo ingresó en junio pasado. Fuentes judiciales indicaron que los tres funcionarios ya habían sido “escrachados” en videos que se hicieron virales en la red social TikTok.
La pena para la extorsión tiene un máximo de 10 años de cárcel.
No se descarta que en los próximos días haya más imputados.
Mientras tanto, la fiscalía avanza en la causa y en la recepción de más pruebas y testimonios a fin de enviar todo el expediente a juicio.
