El expediente está desde comienzos de este año en la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba, pero el fiscal Marcelo Hidalgo tomó cartas en el asunto y está gestionando el juicio al que deben ser sometidos los presuntos miembros de una asociación ilícita que entraba a robar a countries de la capital provincial y alrededores utilizando tecnología de punta que burlaba todos los controles de las guardias de entrada.
Silvana Páez, fiscal de Villa Carlos Paz, investigó 26 robos a estos barrios cerrados y elevó la causa a juicio con el aval del juez de esa ciudad, Daniel Strassorier.
La característica de este grupo es que burlaba todos los controles de acceso en los pórticos de los countries. Cruzaba por el carril de propietarios utilizando tarjetas que en realidad habían sido clonadas.
Previamente, se habían valido de inhibidores de alarmas de automóviles, con los cuales ingresaban a los vehículos y con aparatos especiales clonaban las tarjetas que los vecinos de los countries dejaban en lugar accesible en el habitáculo, junto al asiento del conductor.
De este modo, en horario nocturno de alta circulación (entre las 20 y las 22), entraban a la barrios cerrados y elegían las casas que, además de estar vacías, tenían puertaventanas que eran sencillas de abrir. En el interior, se llevaban objetos de alto valor, entre joyas, dinero en efectivo y algunos electrodomésticos.
Los 26 robos se distribuyen en urbanizaciones de los alrededores de la ciudad de Córdoba: Las Cañitas (Malagueño, siete hechos); Bella Vista (Río Ceballos, cinco); Villa Catalina (Río Ceballos, tres); Tejas 4 (Malagueño, cuatro); Causana (Malagueño, tres), y Cuatro Hojas (Mendiolaza, cuatro).
La banda, según la acusación, estaba liderada por una mujer y su hijo, Valeria Andrea Britos (46) y Ramiro Nicolás “Nico” Britos (20). Este último habría ingresado supuestamente al interior de los countries con otro hijo de Valeria, Ángel Rodrigo “Oreja” Benavídez (22); con Alan Leonel “Tumbado” Sariago (29), y con Marcos Agustín “Cuca” Escudero (24).
Luego se agregó entre los acusados otro hijo de Valeria, Fernando Adrián “Chiri” Britos, que está prófugo.
Además, hay un policía que habría tenido vínculo e intercambiado información con Valeria Britos. Se trata de un subcomisario de la Policía que habría brindado datos clave a “la jefa”, Maximiliano David Merlos, quien es el único de los acusados que sin estar prófugo sigue en libertad.
Por tratarse de un juicio con un policía imputado de abuso de autoridad, se prevé que, de hacerse el juicio oral y público, sea con jurados populares. El tribunal técnico se integra con los vocales María Antonia de la Rúa (presidenta), Luis Nassiz y Enrique Berger.
Pero el fiscal Hidalgo está buscando llegar a un acuerdo para que los imputados admitan la acusación, se declaren culpables y, de ser posible, se hagan cargo de una enmienda económica o resarcimiento a los tres querellantes que reclaman reparación monetaria.
Audiencia preliminar
Este jueves se celebró una audiencia entre los acusadores –públicos y privados–, los imputados y sus defensores.
No pudo asistir al encuentro el penalista Luis León –que asiste a Valeria y a Ramiro Britos– y sí lo hicieron los defensores Simón Palacio y Enrique Luis Escobez.
Entre los querellantes, están los abogados Carlos Cardeilhac –que representa a dos damnificados, entre ellos su familia– y Gonzalo Ruiz –que asiste a un particular–, víctimas de robos en Las Cañitas. Ambos solicitaron que aspiran a un resarcimiento integral por lo sustraído y por el daño moral y psicológico que les provocó el ingreso a su propiedad. Cardeilhac busca una enmienda de U$S 22 mil y U$S 39 mil, mientras que Ruiz solicita 10 mil de la misma moneda.
A su vez, los dos se pronunciaron por la pretensión de condenas de 12 años a 15 años de prisión.
Si bien ellos estiman que el perjuicio global asciende en los 26 robos a U$S 200 mil, para la fiscalía esa cifra supera los U$S 300 mil.
Por su parte, Hidalgo mencionó que para Valeria Britos pedirá 10 años de prisión en un acuerdo abreviado y, para el otro jefe, Ramiro Nicolás Britos, 10 años y medio de prisión también si reconoce su responsabilidad en debate acordado.
En cambio, para los otros acusados de ser miembros de la asociación, el fiscal de cámara planteó penas de entre ocho años y ocho años y medio de prisión.
En un tramo de su alocución, Hidalgo sostuvo dirigiéndose a los acusados, “No descarto que toda esta asociación ilícita se pueda teñir del color de este saco”, dijo en alusión a la prenda que vestía, en un tono azul. Luego, fue más específico y dijo que la causa podía teñirse de azul, en referencia a la presencia de un policía entre los imputados.
Hidalgo marcó las pautas sobre las que se basaría el entendimiento y aclaró que, si existe acuerdo con las querellas con una “enmienda sustancial”, las penas podrían morigerarse hasta un año y medio (menos) de prisión de lo que mencionó anteriormente.
También aclaró que, más allá del acuerdo de penas de un eventual juicio abreviado, los defensores pueden pedir al tribunal una condena inferior.
Transparencia
El representante del Ministerio Público mostró en todo momento su voluntad de que esta audiencia sirviera para evitar “cabildeos” fuera de la sala de audiencia o en la cárcel, donde se especula con la posibilidad de arreglos “sin transparencia” ni “trazabilidad entre lo que se dice y se hace”.
Por eso, el fiscal Hidalgo advirtió que su propuesta “ya está subida al SAC” (sistema de administración de causas) de Tribunales, como una forma de mostrar la seriedad de la negociación y sus pautas claras.
Ahora, las partes analizarán estas condiciones y continuarán la negociación. El fiscal sostuvo que hasta el 30 de mayo esperará un eventual entendimiento –con enmienda o no– para llevar un posible juicio abreviado ante el tribunal.
Una vez terminado esto, se analizará si se incluye en ese debate al policía Merlos.
De igual modo, se analizará en el acuerdo de juicio abreviado si las defensas admiten la totalidad de la responsabilidad de todos los hechos de la acusación o si lo hacen parcialmente y prefieren discutir en debate otros aspectos.
