Es la primera derivación de la detención del presunto “topo” que trabajaba en distintas fiscalías de investigaciones complejas en Tribunales 2 de la ciudad de Córdoba.
El abogado Benjamín Sonzini Astudillo presentó una denuncia contra el subcomisario Juan Manuel Velázquez (54), quien ya es investigado por “violación de secreto” y “abuso de autoridad” por la presunta falsedad de un informe de inspección ocular que terminó siendo la prueba determinante para la imputación por usurpación a los clientes que el letrado representa.
En su escrito, Sonzini Astudillo entiende que el fiscal Enrique Gavier “fue inducido a error por las manifestaciones espurias” de Velázquez.
¿De qué se trata? Es una causa por presunta usurpación de lotes en la localidad de Cuesta Blanca. Se acusó a Aldo Galiano, Graciela Moreyra, Alexis Galiano y Gisela Baldovino por la usurpación de seis lotes, que presuntamente había cerrado con alambrado perimetral.
Velázquez, como comisionado de la fiscalía de Delitos Complejos, labró dos actas de inspección ocular en las que, según Sonzini Astudillo, incurrió en “falsedad ideológica”, el delito por el que pretende que se lo investigue. El subcomisario dijo que los lotes estaban cercados “de manera conjunta como si conformaran una sola unidad”.
Con estos peritajes, que se firmaron en julio y en los primeros días de este mes, se agravó la acusación y el fiscal dictó la prisión preventiva, que ahora está controvertida en el Juzgado de Control, según confirmó Sonzini Astudillo. “El fiscal fue engañado, en perjuicio de estas personas que no cometieron ninguna usurpación”, remarcó Sonzini a La Voz.
El hecho es que, según explicaron los acusados, en estos lotes sólo hay una línea de alambrado, no hay cerramiento total y, agregaron, esa medida se tomó “para evitar que terceros usurpasen esos terrenos” colindantes con los lotes que son de propiedad de ellos.
Sonzini Astudillo reclamó a Gavier que se hiciera una inspección jurisdiccional -es decir, que él mismo vaya al lugar- que saque de la controversia el asunto, pero esto fue denegado por Gavier por entender que eso ya había sido determinado por el informe de Velázquez.
“El fiscal ha arribado a esta conclusión con base en informes elaborados por una persona que, como recientemente ha salido a la luz, ha sido imputado y detenido por actividad impuria, mendaz y delictiva en el marco de su función como comisionado de esa fiscalía. Esto lleva a dudar a esta parte de la veracidad de sus dichos en las actas, algo que podría haber sido fácilmente comprobado mediante la inspección jurisdiccional”, planteó Sonzini Astudillo.
La denuncia del abogado es por la presunta “falsedad ideológica”, pero cae de suyo que si se admite, obtendrá la prueba que le rechazaron. No precisaría una nulidad, en esta causa, para lograr el beneficio que aspira obtener para sus clientes.
Además de trabajar para la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier, Velázquez colaboraba con el fiscal de Cibercriminalidad (Franco Pilnik) y con los del fuero Anticorrupción y Penal Económico (Matías Bornancini y Franco Mondino).
Fue el propio Bornancini quien lo detuvo por una derivación de una causa narco.
La investigación señala que Velázquez se comunicaba con “Alejandro Ayala”, investigado en una causa por drogas por actividades que practicaría junto con su familia en la zona de la villa Richardson y del hospital Misericordia, de la ciudad de Córdoba. El allanamiento a la vivienda de Ayala dio con su aparato telefónico y allí se halló la evidencia que comprometería a Velázquez.
En esos intercambios de mensajería, se indica que Velázquez anticipaba procedimientos o allanamientos que su unidad iba a realizar por decisión de los fiscales que lo tenían como comisionado.
No obstante, las fuentes judiciales señalan que esos procedimientos no se vieron frustrados y que habrían dado resultados positivos. Tal vez esa evaluación sería otra si no hubiera existido el aviso.
Varios operadores judiciales de alto rango coinciden al señalar aspectos positivos de la personalidad y del desempeño profesional de Velázquez. Muy sorprendidos, no pueden creer que ese efectivo investigador y persona intachable sea un “topo”.
Pero su teléfono –con textos e imágenes contundentes– lo compromete, según fuentes judiciales.
Como participó en la detención de importantes exjefes de fuerzas de seguridad –Policía, Bomberos o Servicio Penitenciario– y como también lo hizo con detenidos de “guante blanco”, fue muy difícil ubicar a Velázquez en un pabellón de la cárcel de Bouwer. Por eso, decidieron que vaya al establecimiento penitenciario para condenados ubicado en Cruz del Eje, el noroeste provincial.
Lo investigan ya en dos causas
Tras hacerse cargo de Velázquez, Bornancini desglosó las acusaciones. Retuvo lo que tiene que ver con el préstamo de un chaleco antibalas y un uniforme policial; pero decidió derivar a otra fiscalía la investigación por la presunta fuga de información.
La primera causa quedó encuadrada como “abuso de autoridad”, la segunda como “violación de secreto”.
La causa por presuntas filtraciones recayó en la fiscal de Distrito 3, Turno 5, a cargo de Patricia García Ramírez.
