Antes de que la Justicia federal de Catamarca dispusiera el viernes la detención de Edgar Adhemar Bacchiani, la fiscal de Delitos Económicos de Córdoba Valeria Rissi había ordenado su detención y una serie de allanamientos que, finalmente, se concretaron ese día.
Adhemar Bacchiani no es otro que el CEO de Adhemar Capital SRL, la firma que está siendo investigada en tres jurisdicciones diferentes –Córdoba, Catamarca y Tucumán– y en los fueros federal y provincial.
Las irregularidades que se le imputan al empresario tienen que ver con una presunta asociación ilícita a partir de la cual se habrían cometido estafas a decenas de inversores que depositaron dinero a cambio de exorbitantes intereses y cuyos contratos no fueron cumplidos, ya sea en el pago de los dividendos prometidos como en el reintegro del capital.
Se investiga que se trataría de un sistema piramidal de ahorristas que se habría “descalzado” supuestamente al bloquearse una cuenta de criptomonedas (Binance) que el titular de la firma habría abierto para optimizar las inversiones.
En Córdoba, la operatoria de esta firma se radicó en el sector más coqueto del barrio Cerro de las Rosas, en el noroeste de la capital provincial.
Al 4000 de calle Luis de Tejeda, se emplazó un local de dimensiones y fachada vistosas.
Durante la pandemia, el “negocio” prosperó y cosechó gran cantidad de adeptos, muchos de los cuales hoy están denunciando haber sido víctimas de una estafa.
El martes 19 del corriente, Rissi había ordenado la detención y una serie de allanamientos en la provincia de Catamarca. Por estar Adhemar Bacchiani en esa jurisdicción, lo mismo que los objetivos de los procedimientos, la fiscal debió pedir al juez de Control José Milton Peralta que la autorizara.
Cuando eso estuvo listo, el jueves, los fiscales federales de Catamarca ya habían ordenado la detención del CEO de Adhemar Bacchiani.
A su vez, la orden de Rissi debió ser gestionada por funcionarios provinciales de Catamarca, que recién el viernes completaron el trámite, cuando se habían concretado las detenciones.
No obstante, las órdenes de allanamiento se ejecutaron y la fiscal Rissi pudo hacerse de prueba útil para la causa que tramita en la jurisdicción local.
Adhemar Bacchiani está acusado en Córdoba por “estafas reiteradas”. Hasta el momento, ese reproche penal incluye 18 hechos de estafa.
A través de sus abogados Ricardo Moreno y Jorge Del Bianco, Adhemar mandó a decir que es completamente inocente de los hechos que se le adjudican.
Decenas de denuncias
Hay que agregar que, casi en simultáneo con la orden de detención, la misma semana pasada Rissi comenzó a recibir más denuncias en contra de la firma Adhemar Capital.
Además de al menos 29 presentaciones del abogado Carlos Nayi, el primero en formular denuncias ante la Justicia provincial, en los últimos días se ha sumado el letrado Roger Auad, quien representa a un grupo de entre 40 y 50 inversores. Junto con su socio Emiliano Binante, Aguad sigue reuniendo nuevos casos que está presentando en la fiscalía de Rissi.
“Son todos inversores de la sucursal de Córdoba y por montos que van desde los 500 mil a un millón de pesos; incluso hasta 300 mil y 400 mil dólares”, comentó Auad a La Voz.
Lo significativo es que se está reuniendo a personas de las más variopintas extracciones: el gran inversor al que esta estafa no le cambia (demasiado) la vida y hasta pequeños ahorristas que “perdieron todo”.
Entre estos últimos, pueden contarse casos de exempleados de una automotriz que pusieron “todo” su retiro voluntario en Adhemar y hoy no tienen nada; una mujer que depositó todos sus ahorros para pagar un tratamiento de cáncer con los intereses que le prometieron; productores agropecuarios, y hasta un matrimonio que vendió su casa para pagarle, con los dividendos, el alquiler de su departamento a su hija universitaria.
Auad adelantó que en representación de este grupo de ahorristas que sigue creciendo se constituirá en querellante y en actor civil, plegándose a la denuncia ya efectuada por Nayi.
Siempre es bueno aclarar algo en este tipo de estafas en negocios “no oficiales” o financieras no autorizadas: los damnificados que se ven son sólo “la punta del iceberg”. Muchos inversores no pueden denunciar porque los dineros que depositaron tenían origen dudoso o les generaría un costo impositivo demasiado caro.
