El Juzgado de Violencia de 4ª Nominación admitió la demanda entablada contra la Justicia provincial en noviembre pasado por trabajadoras “judicialas” de los equipos técnicos, con el patrocinio de su entidad gremial.
La novedad fue puesta en conocimiento este lunes por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) luego de la decisión tomada el mes pasado por el juzgado que dio cabida a la presentación de las integrantes de los equipos técnicos -psicólogas, trabajadoras sociales, médicas y otras peritas- a raíz de discriminación y violencia de género en la relación laboral.
Mientras elaboran la estrategia para continuar con el seguimiento de la demanda, la secretaria adjunta de AGEPJ Agostina Noccioli expresó que la medida “constituye un antecedente de suma importancia” porque “es la primer vez que la Justicia se avoca para analizar un contexto de violencia laboral colectivo, no individual y nada más y nada menos que contra uno de los tres poderes del Estado” provincial.
La presentación de “Judicialas” cuestiona “el concepto tradicional de víctima ya que pone el acento en procesos de discriminación estructurales por parte del poder judicial”, reseñó Noccioli.
A su turno, el secretario general del gremio, Federico Cortelletti, también remarcó que “es la primera vez que en sede judicial se admite al sindicato para representar colectivamente a las y los trabajadores”.
El dirigente “se mostró confiado en poder continuar con el proceso de negociación con la patronal para avanzar en la solución de diversas problemáticas como la falta de personal, la reestructuración de la planta del sector, el pase a planta de contratadas y contratados y la instrumentación de concursos”, según reseña la gacetilla de AGEPJ conocida este lunes.
La presentación de fines de noviembre tiene que ver con la decisión de un colectivo con inmensa mayoría mujeres que viene sosteniendo reclamos y tratativas con sus superiores de la Justicia Provincial para revertir lo que consideran una situación de discriminación y maltrato adjudicada a su condición femenina.
El escrito presentado con el aval gremial fue encabezado con la definición: “Denuncia colectiva por los hechos de violencia de género psicológica de tipo laboral cometidos por el Tribunal superior de Justicia de la Provincia de Córdoba en ejercicio de sus facultades de Superintendencia dispuestas por el administrador general Ricardo Rosemberg en perjuicio de los derechos de las mujeres trabajadoras de los Equipos Multidisciplinarios del Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial” de la Justicia provincial.
Entre sus fundamentos, la demanda cita la ley 26.485 de “Protección Integral de las Mujeres” y lo establecido por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).
Además de pedir que se inscriba la demanda en el Registro Público de Procesos Colectivos, la presentación enumera una serie de reivindicaciones que viene sosteniendo desde hace años este colectivo, “sin que la patronal haya respondido” pese a las dilatadas gestiones.
Así, las profesionales -en su gran mayoría psicólogas y trabajadoras sociales- señalan: “(Pese a ser) profesionales matriculadas, con experiencia y conocimiento especializado, continuamos ingresando a un agrupamiento administrativo impropio o escalafón que no recepta adecuadamente las características de nuestra tarea”.
Entre las medidas que juzgan discriminatorias, en comparación con otros estamentos de la Justicia, indican que se inician “en el cargo más bajo (meritorio)” que las ubica “en un punto de partida desventajoso en relación a los otros agentes que comparten agrupamiento, pero en los hechos, son los varones de equipos quienes acceden a categorías más alta, permitida para el grupo”.
Añaden que “el escalafón, aparentemente neutral, funciona como una estructura propicia para perpetuar la exclusión de las mujeres”.
Discriminación como mujeres
En un capítulo de la denuncia titulado “Trato desigual a las mujeres”, el colectivo señala: “Además de ser discriminadas y víctimas de violencia de género por pertenecer a un área completamente excluida de la discusión laboral y presupuestaria, las mujeres que integramos los equipos técnicos somos tratadas de forma diferente como consecuencia de ser parte de este grupo, de las mujeres”.
En este punto destacan que la discriminación en contra de ellas afecta “el derecho a ascender en el trabajo y a las oportunidades” y recuerdan que “los cargos superiores en el escalafón y las funciones jerárquicas del área las ocupan los varones”.
A modo de ejemplo, señalan que con un 93,5 por ciento de mujeres en el área, no hay concurso para ascender. Por otra parte, los jefes de este colectivo, en su inmensa mayoría, son varones que representan el 6,5 por ciento restante.
La denuncia acusa al TSJ y a Rosemberg (hoy jubilado) de “procurar mejorar la situación de los varones -en comparación a- y obstaculizar e infringir los derechos de las mujeres” (sic).
En un párrafo resaltado, la presentación resume: “El trato recibido configura un caso de violencia de género psicológica de tipo laboral, en tanto afecta nuestra autoestima en la prestación del servicio así como también nuestras remuneraciones, al ser desplazadas de las discusiones de nuestras tareas y una exclusión y perpetuación de la subordinación de las mujeres como grupo”.
El escrito cita la Convención para la Eliminacón de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) que menciona el compromiso de los Estados parte a condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas.
El techo sigue bajo
El documento indica que “esta situación de la patronal inserta y reproduce las condiciones de posibilidad del fenómeno conocido como ‘techo de cristal’, segregación que avanza sobre los derechos del colectivo, afectándonos desfavorablemente por nuestra sola condición de ser mujer”.
Durante todo este tiempo y debido la arbitrariedad de la crónica postergación de los derechos, su reclamo laboral ha sido apoyado y adherido por los colegios profesionales, como así también por innumerables funcionarios judiciales de los Tribunales de Córdoba que se dirigieron directamente al presidente del TSJ.
En un comunicado emitido por AGEPJ al realizar la presentación, se indica que “determinadas estructuras creadas por el empleador, de apariencia neutra, funcionan en la práctica como propicias para la exclusión de las mujeres, afectando el derecho de las empleadas a ascender en el trabajo y a las oportunidades, configurando trato discriminatorio”.
El gremio de trabajadores judiciales ejemplifica que “en un área integrada en un 90 por ciento de mujeres, los cargos jerárquicos son ocupados por varones por decisión de la patronal, ya que hasta el momento no se han implementados concursos”.
