El nuevo capítulo de la “causa AFA” se centra en una finca de más de 10 hectáreas ubicada en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, con helipuerto, haras de caballos y amplias instalaciones deportivas, formalmente registrada a nombre de la firma Real Central SRL, cuyos socios son el dirigente futbolístico Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte.
El expediente se inició a partir de una denuncia de la Coalición Cívica ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que señaló un presunto esquema de ocultamiento patrimonial en beneficio del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
En las últimas semanas, el juez federal Daniel Rafecas ordenó una serie de allanamientos en la mansión de Villa Rosa y en cocheras de la Ciudad de Buenos Aires, donde se incautaron 45 autos de lujo, siete motos de alta cilindrada y dos kartings, todos atribuidos a la estructura de Real Central SRL, como parte de las medidas para determinar el valor real del patrimonio investigado.
La pista aérea: helipuerto, vuelos y pasajeros frecuentes
A partir de testimonios incorporados en la denuncia original y en declaraciones posteriores, los investigadores pusieron bajo la lupa el uso del helipuerto de la propiedad, reveló Clarín.
Vecinos del área relataron que el predio recibía vuelos en helicóptero con periodicidad y que, en varias oportunidades, habrían visto descender a directivos de la AFA o personas vinculadas a su entorno.
Según fuentes judiciales citadas en la causa, esos relatos motivaron el pedido de informes sobre planes de vuelo, matrículas de aeronaves y registros de movimientos en corredores aéreos que conectan aeródromos del Área Metropolitana de Buenos Aires con la zona de Pilar, con el objetivo de identificar a los titulares de los helicópteros y a los pasajeros habituales.
Un funcionario de la Justicia federal, que interviene en la pesquisa, explicó que “el análisis de los traslados aéreos es clave para establecer la frecuencia de uso del predio por parte de los dirigentes y la eventual existencia de un patrón de visitas”, y aclaró que “la individualización de pasajeros y propietarios de aeronaves puede aportar indicios sobre quiénes ejercían el control efectivo del inmueble”.
Allanamientos, bienes de lujo y cambio de juez
El 12 de diciembre de 2025, Rafecas ordenó el allanamiento integral de la mansión de Villa Rosa y dispuso la presencia de seis peritos –tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro– para tasar la propiedad y los bienes hallados en su interior, entre ellos una extensa flota de vehículos de alta gama.
En paralelo, la Policía Federal Argentina allanó un complejo de cocheras en la Ciudad de Buenos Aires donde se localizaron decenas de autos de lujo adicionales, registrados también a nombre de Real Central SRL, lo que reforzó la hipótesis de una estructura societaria utilizada para concentrar bienes vinculados a la dirigencia de la AFA.
Tras esos procedimientos, la Cámara Federal porteña resolvió apartar a Rafecas y derivar la causa al fuero penal económico, al considerar que, en esta etapa, el eje del expediente es el eventual delito de lavado de activos y la afectación del orden económico y financiero, ahora bajo la órbita del juez Marcelo Aguinsky.
Señales internas: objetos de la AFA y homenajes a Toviggino
Las imágenes relevadas durante el allanamiento y difundidas en el marco de la investigación muestran, dentro de la mansión, elementos que los investigadores consideran indicios sobre el uso del lugar. Entre ellos, un bolso de cuero con el escudo de la AFA y el nombre “Pablo Toviggino” grabado en dorado, y una placa del Club Atlético Barracas Central en homenaje al dirigente, fechada en julio de 2025.
También se documentó la existencia de un establo de caballos con estructura y equipamiento propios de un haras de alto nivel, coherente con la descripción de la denuncia que mencionaba un criadero de caballos de carrera, pistas de entrenamiento equino y múltiples canchas deportivas dentro del predio.
Según un investigador cercano al expediente, “los objetos con insignias de la AFA y los reconocimientos a Toviggino dentro de la finca refuerzan la línea de trabajo que apunta a determinar quiénes eran los usuarios habituales y quién ejercía el dominio real sobre la propiedad, más allá de la titularidad formal de la sociedad”.
La denuncia política y el foco en los movimientos de capital
La presentación que dio origen a la causa fue impulsada por el espacio que lidera Elisa Carrió, que denunció la compra de la estancia de Villa Rosa por parte de Real Central SRL el 30 de mayo de 2024, una adquisición que, de acuerdo con la acusación, no se condice con la capacidad económica declarada de Pantano y Conte.
El escrito describe un entramado de sociedades de responsabilidad limitada y prestanombres, y vincula la operación con presuntas maniobras de lavado de activos relacionadas con la cúpula de la AFA. Entre los firmantes figuran, además de Carrió, el dirigente Matías Yofe y el legislador porteño Facundo del Gaiso, quienes aportaron testimonios de vecinos que aseguraron haber visto llegar al lugar a Tapia en helicóptero.
Fuentes judiciales indicaron que, a partir de esos elementos, la investigación incorporó pedidos de información patrimonial, movimientos bancarios y estructuras societarias, en paralelo al análisis de las imágenes captadas durante los allanamientos y al cruce con registros de vuelos privados hacia la zona de Pilar.
Controles, trazabilidad y cooperación institucional
En el marco de la causa, los investigadores remarcan la importancia de la coordinación con organismos de control para reconstruir los recorridos de vehículos y aeronaves vinculados al predio. En materia de tránsito terrestre, la experiencia de fuerzas provinciales como la Dirección General de Policía Caminera de Córdoba, que cuenta con protocolos de control de documentación, alcoholemia y seguridad vial en rutas, se toma como referencia técnica para la elaboración de procedimientos estandarizados de verificación de datos vehiculares, aunque no intervenga directamente en este expediente.
En el plano aéreo, el foco está puesto en la trazabilidad de los helicópteros que habrían aterrizado en la mansión de Pilar: matrículas, planillas de vuelo, empresas operadoras y eventuales vínculos societarios con firmas señaladas en el caso. Esa información, señalan en los tribunales, puede ser decisiva para establecer si existió un uso sistemático del helipuerto ligado a la actividad dirigencial de la AFA.
Mientras tanto, voceros de la AFA evitaron realizar comentarios públicos de fondo sobre la causa, a la espera de las definiciones del fuero penal económico. En off, dirigentes consultados sostienen que se trata de “cuestiones patrimoniales privadas” y remarcan que “no hay decisiones institucionales de la Asociación sometidas a investigación en este expediente”.
Con el expediente ya en manos del juez penal económico y la lupa puesta sobre los helicópteros, los autos de lujo y la estructura societaria de Real Central SRL, la causa por presunta corrupción en la AFA entra en una fase clave, en la que la reconstrucción de cada movimiento –en tierra y en el aire– será determinante para establecer quiénes manejaban realmente la mansión de Pilar y cuál fue el origen de los fondos que la sostuvieron.
