En representación de decenas de ahorristas que perdieron sus depósitos en la financiera Cordubensis (CBI), el abogado Carlos Nayi presentó la casación a la sentencia que absolvió a los directivos de la firma del delito de defraudación y de la figura de asociación ilícita.
El pasado 27 de junio el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) condenó a Eduardo Rodrigo –titular de CBI–, sus socios y otros actores de la financiera por los delitos de evasión tributaria, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. Sin embargo, los acusados fueron absueltos de la acusación de asociación ilícita y de estafas por los depósitos que no devolvieron a los ahorristas.
Tras presentar este viernes la casación a esos perdones, Nayi sostuvo que "si bien la sentencia debe ser destacada como histórica –por ser la primera condena por intermediación financiera–, no deben quedar espacios para concesiones en relación con delitos que han herido de muerte la confianza pública".
Respecto del delito de estafa, criticó al TOF 2 porque "admitir la liberación de responsabilidad bajo la premisa de la \'autopuesta en peligro\' resulta por lo menos injusto, ya que como se probó con la declaración de los ahorristas y los propios empleados nadie dudó de la legalidad de su funcionamiento".
"Ademas –continuó Nayi– CBI operaba con una inscripción engañosa en Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos) para la actividad de intermediación financiera y se exhibía al público e inspectores inscripción fiscal engañosa".
El otro agravio que la casación postula es por la absolución por asociación ilícita. Alineándose a los argumentos vertidos por el vocal Jaime Díaz Gavier (que en esto votó en disidencia), a partir de la incorporación de la ley 26.733 que en 2012 incorpora la figura de intermediación financiera no autorizada, Nayi dice que los miembros del directorio de CBI comienzan a desplegar una serie de maniobras con un obrar de consuno desplegado por cada uno de sus miembros bajo el comando de Rodrigo".
Por último, el recurso contra la absolución sostiene que se interpone a favor de los vulnerados ahorristas y "pretende honrar el principio de buena fe en beneficio del débil contractual".
