Fernando Albareda finalmente fue citado este viernes por la fiscalía para contar su verdad, pero esta vez como el principal sospechoso del homicidio de su madre, Susana Montoya, víctima del crimen ocurrido el pasado 1° de agosto en el barrio Ampliación Poeta Lugones, de la ciudad de Córdoba.
A través de una sesión virtual, negó ante el fiscal a cargo de la causa, Juan Pablo Klinger, su participación en los hechos.
Sin embargo, se abstuvo y no siguió declarando. El fiscal le comunicó que su imputación se amplió a “homicidio simple calificado por el vínculo”, figura procesal que ya pesaba sobre él, y se agregó “por alevosía y por codicia”.
Este cambio está sustentado, dijeron en la fiscalía, en el gran cúmulo de pruebas que ya reúne Klinger.
El fiscal entiende que Montoya le abrió la puerta de su casa a Albareda, el pasado 1° de agosto, alrededor de las 20.30.
El presunto asesino ingresó al hogar aprovechando la confianza que le tiene una madre a su hijo, siempre según lo que investiga la Justicia.
Allí la atacó por detrás con una soga, estrangulándola, y luego la molió a golpes en la cabeza. En la pared escribió un mensaje intimidatorio. “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.
De allí que el fiscal haya agregado “alevosía” a la figura jurídica, por el estado de indefensión del que se aprovechó el asesino en relación con su madre. La madre no se imaginaba, comentaron en la fiscalía, que su hijo la iba a atacar.
Pero además hay una desproporción de fuerzas: la señora tenía 74 años y usaba bastón para caminar. Albareda, el único apuntado por el fiscal como autor del hecho de sangre, es un hombre entrenado, deportista y con un físico más aventajado.
En cuanto a la “codicia”, Klinger investiga si, detrás de las acciones criminales que le endilga al sospechoso, se persiguió el cobro de una suma millonaria de pesos.
El padre del acusado, Ricardo Fermín Albareda, fue víctima de la última dictadura militar, según resolvieron los jueces de la causa conocida con su mismo apellido.
El 25 de septiembre de 1979, cuando cumplía funciones como subcomisario de la Policía, Albareda padre fue secuestrado y asesinado por personal del Departamento 2 de Informaciones de la misma fuerza policial (D-2). Su muerte se ejecutó en el centro clandestino conocido como “Casa Hidráulica”, a la vera del lago San Roque.
Ahora el Gobierno de la Provincia llevó a cabo una reparación de legajo que implica el pago de una cifra que se cuenta en millones de pesos, a favor de la familia de Albareda.
La viuda iba a recibir una parte de ese resarcimiento, que corresponde por ley a todo miembro de la Policía que cae en funciones, tal como sucedió con el subcomisario, y no por su condición de desaparecido o de víctima de la dictadura.
Pero esa cifra de dinero aún no había sido cobrada. Ahora debería repartirse en partes iguales entre los dos hijos vivos de la mujer asesinada y los nietos de parte de su otra hija, que en el pasado se quitó la vida.
Albareda deberá analizar la prueba que lo inculpa para explicar la batería de comprobaciones que le presentó el fiscal. Esto podría demorar, según trascendió, más de una semana.
Mientras tanto, la fiscalía ordenó, como suele ocurrir en estos casos, un peritaje interdisciplinario que incluye un análisis psicológico y psiquiátrico.
También se esperan otros peritajes que podrían complicar aún más, según los pesquisas, la situación de Albareda, quien pasa sus días encerrado en la cárcel de Bouwer desde el pasado jueves 8 de agosto.
Uno de los resultados de las pruebas que se esperan en la fiscalía es el análisis de las células epiteliales (de la piel) que encontró el fiscal en los lápices de labios con los que fue escrito el intimidante cartel dibujado en la pared.
Por otra parte, una cámara de videovigilancia próxima al domicilio del hecho (calle Caminos al 3800) habría captado a Albareda cuando estacionó su vehículo a la vuelta del hogar materno. También lo habría registrado al retirarse del lugar.
Los horarios de llegada y salida de la escena coinciden con la ventana de tiempo en la cual, según los estudios forenses, se habría producido el asesinato.
Para colmo, el fiscal espera la llegada de un gran número de imágenes captadas por domos policiales. Estas filmaciones podrían marcar el itinerario definitivo de Albareda, con horas, minutos y segundos.
Por su parte, el acusado ya había reconocido que el jueves 1° de agosto, cuando a su madre la atacaban en el domicilio de la calle Caminos al 3800, él no se encontraba en su hogar.
Había salido, según dijeron desde su entorno, al encuentro con un socio con quien mantiene negocios. La reunión se habría llevado a cabo en el barrio Marqués de Sobremonte, zona norte de la ciudad capital.
“Un encantador de serpientes”
Para el hermano de Albareda, Ricardo, ya no quedan dudas. “Mi hermano es un encantador de serpientes”, dijo.
Y acto seguido le endilga la responsabilidad del crimen. “Desde el comienzo, supe que él era el principal sospechoso”, planteó.
A su vez, hizo un repaso por la relación conflictiva que Albareda mantenía con el resto de la familia. “Hasta quiso hacer del velatorio de mi mamá un acto político y hablaba como un candidato, no como un hijo compungido por el dolor”, comentó.
Sobre el dinero, aseguró que su hermano siempre fue tildado de “interesado” y de “codicioso” por “todo aquel que lo conocía”.
Ahora espera que la Justicia investigue y pueda esclarecer lo que sucedió.
En tanto, Albareda continúa encaramado en sus acusaciones sobre el ataque de un grupo paramilitar formado por “fuerzas oscuras” que no terminaron de ser “removidas de la Policía de Córdoba”.
Mientras niega su responsabilidad en los hechos, ha pedido que se investigara a fondo y que no se descartara ninguna hipótesis.
