La causa por el alevoso crimen policial de Valentino Blas Correas, del que se cumplen cinco años, está lejos de haber concluido en Córdoba.
Varios de los uniformados condenados, entre ellos los suboficiales sentenciados a prisión perpetua, apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ).
Estas presentaciones son analizadas por la sala penal del máximo cuerpo judicial. No hay fecha aún ni estimaciones sobre cuándo estarían las resoluciones.
En paralelo, hay una investigación abierta desde hace tiempo (y sin resolución todavía) en el fuero Penal Económico (anticorrupción) de Córdoba.
Se trata de una pesquisa contra una veintena de personas, entre las que sobresalen tres: el exministro de Seguridad de Córdoba Alfonso Mosquera; su exsecretario, Lucas Mezzano, y el excomisario mayor Gonzalo Cumplido.
El fiscal Franco Mondino acusó a Mosquera y a Mezzano por presunto ofrecimiento de dádivas, mientras que a Cumplido lo señaló por haber presuntamente recibido esas supuestas dádivas.
Concretamente, se trata de un Toyota Corolla que fue supuestamente otorgado por la Provincia a Cumplido para que saliera a hablar con la prensa y dar la versión de lo ocurrido pocas horas después del “gatillo fácil” aquel 6 de agosto, y cuando ya se comenzaba a saber que la Policía había plantado un arma para desviar la pesquisa.
Hay bajo investigación unos 15 policías por su actuación posterior al crimen.
Algunos están acusados por violación de medios de prueba y otros por abuso de autoridad.
Concretamente, se trata de los uniformados que no prestaron ayuda a Blas cuando aún vivía y que bajaron con violencia a sus amigos del Fiat Argo aquella madrugada en la avenida Chacabuco del Centro.
Esta pata investigativa se abrió luego del juicio por el crimen de Blas y luego de que los jueces de la Cámara 8ª del Crimen giraron los antecedentes del fallo para que se investigara a esas personas.
El juicio por el crimen de Blas fue llevado adelante por los camaristas Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno, quienes actuaron con jurados populares en 2023.
El proceso terminó con 11 uniformados condenados. Entre estos, sobresalen los uniformados Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón, quienes abrieron fuego contra el auto donde iba Blas.
Ambos recibieron prisión perpetua por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.
Si bien Gómez fue el autor material del crimen, los jueces entendieron que Alarcón también colaboró en el resultado final al haber realizado los disparos.
Por otro lado, otros nueve policías (entre ellos, varios comisarios jefes) fueron condenados a penas de entre cuatro y cinco años de prisión por encubrimiento y abandono de persona. Dos agentes fueron absueltos.
Tanto los amigos de Blas como la familia fueron considerados víctimas de violencia institucional.
Abandono de persona
Por otro lado, en otro juicio, fue condenado un empleado de la clínica Aconcagua por no haber atendido a Blas cuando aún vivía y acababa de ser llevado ahí por sus amigos. Fernando Casalino recibió dos años y seis meses de prisión en suspenso por abandono de persona.
Exfuncionaria sobreseída
En tanto, el fiscal Matías Bornancini, del fuero penal y económico de Córdoba, sobreseyó a la extitular del Tribunal de Conducta Policial Ana María Becerra en el marco de la causa Blas.
La funcionaria estaba acusada por supuesto abuso de autoridad.
Se le reprochaba haber permitido que el cabo de policía Lucas Gómez, quien mató a Blas aquella madrugada del 6 de agosto de 2020 en Córdoba, hubiera vuelto a trabajar a las calles y con arma, siendo que tenía una causa pendiente por encubrimiento a un violador serial.
La por entonces funcionaria siempre dijo que era inocente y que se le había levantado la situación pasiva, porque la investigación interna “había terminado”.
Tras la causa Blas, fue sacada del Tribunal de Conducta.
Tres tribunales para controlar a policías
Luego del “gatilló fácil” contra Blas, la gestión del por entonces gobernador Juan Schiaretti dispuso cambios en los órganos de control a policías.
Se dispuso reemplazar el Tribunal de Conducta por el Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, el extribunal quedó funcionando con causas viejas a 2020.
A su vez, hay otro ente de control y que depende de la propia Policía: la Dirección General de Control de Conducta.
De esta manera, hay tres entes que se encargan de controlar y sancionar a miembros de fuerzas de seguridad.
