Los empresarios imputados en la extensa causa de la financiera Compañía de Inversiones Bursátiles (CIB) recibieron un “alivio” parcial en los últimos días, al caerse la figura delictiva más gravosa que pesaba sobre ellos, la de la asociación ilícita. Pero sufrieron un revés al confirmarse su procesamiento por lavado agravado.
Así lo resolvió la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba capital, con los votos de Graciela Montesi, Eduardo Ávalos y Abel Sánchez Torres, tras el fallo del juez N° 3 del mismo distrito, Miguel Hugo Vaca Narvaja.
La “buena nueva” parcial alcanzó a Gustavo Víctor Brachetta, Gustavo Nicolás Brachetta, Santiago Alberto Brachetta, Alberto Rafael “Toto” Bianchetta y Guillermo Luis Borio, quienes fueron sobreseídos por prescripción de la asociación ilícita.
Cámaras ocultas y sospechas
La causa nació en junio de 2014 tras la denuncia del entonces conductor del programa ADN (Canal 10), Tomás Méndez, ante el entonces fiscal federal N° 2 de Córdoba capital, Gustavo Vidal Lascano (hoy jubilado).
Méndez refirió que en el noveno piso de la firma –dedicada a la comercialización de títulos valores– se realizaba la compraventa de importantes volúmenes de moneda extranjera por fuera del circuito legal. Como prueba, entregó a la Justicia el contenido de cámaras ocultas sobre supuestas operaciones de divisas en CIB (no debe confundirse con la otra famosa causa, CBI), y en Gordon.
Las sospechas recayeron rápidamente sobre los contadores Gustavo Víctor Brachetta (presidente de la firma y entonces vicepresidente del Mercado de Valores); su hijo, Gustavo Nicolás, y Bianchetta, Santiago Brachetta y Borio, imputados inicialmente por supuesta asociación ilícita, lavado agravado y asociación ilícita tributaria (ya habían sido sobreseídos, por prescripción, respecto de la omisión de informar operaciones con valores negociables e intermediación ilegal).
De acuerdo con la acusación del reemplazante de Vidal Lascano, el fiscal Carlos Casas Nóblega, en CIB se habrían efectuado triangulaciones de divisas extranjeras para ingresarlas y extraerlas del mercado nacional, a la luz del hallazgo de cuentas bancarias y beneficiarios radicados en el exterior y transferencias a empresas extranjeras.
Cuando allanaron las oficinas de la entidad, los efectivos encontraron un despacho oculto y $ 7 millones y U$S 350 mil escondidos, lo que también disparó las sospechas sobre transacciones ilegales de cambio dentro y fuera de CIB.
Borio y Brachetta (p) habrían, incluso, cambiado con frecuencia los celulares para evitar controles, aunque las escuchas habrían demostrado el actuar ilegal de la banda.
La “caída” de la asociación ilícita
El juez Vaca Narvaja había procesado a principios de año a los Brachetta, Bianchetta y Borio por asociación ilícita bajo el mando de Brachetta padre como presunto “jefe” de la banda.
Si bien CIB había sido legalmente constituida como sociedad entre 2013 y la mitad de 2014, señaló que habría realizado en paralelo operaciones cambiarias sin autorización para operar como casa de cambio, intermediación ilegal, lavado y evasión.
Como parte de las maniobras, recalcó que el requerimiento de fondos en efectivo a los clientes violaba todo tipo de normativa antilavado, además de la existencia de contadoras de dinero automáticas en la oficina, lo que habría puesto de relieve las significativas cantidades de efectivo que movía.
La defensa de los imputados apeló el procesamiento por la asociación ilícita, al sostener que la figura había prescripto. El planteo encontró respaldo de la Cámara, que los sobreseyó por haber transcurrido más de 10 años desde la imputación (plazo máximo de la pena prevista).
Sin embargo, los camaristas sí confirmaron el procesamiento por lavado contra los mismos imputados, ya que habrían colaborado para que Gordon y sus integrantes, Gustavo Alberto Katz, Leonardo Fabián Petiti y Gabriel Alberto Ludueña (fueron sobreseídos), presuntamente blanquearan dinero en el sistema bursátil a través de la conversión de fondos a bonos y a acciones.
Para lograrlo, los responsables de CIB habrían omitido intencionalmente informar tales operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF), e incluso los bancos ya habían emitido reportes de operaciones sospechosas de la financiera. Por ejemplo, las acreditaciones en la cuenta comitente de Gordon fueron superiores a los $ 200 millones, mientras que en la cuenta a nombre de Katz superaron los 19 millones.
Ese volumen de operaciones no sólo no habría podido ser justificado por los titulares de las cuentas de acuerdo con su situación patrimonial declarada ante el fisco, sino que la modalidad de acreditación de los fondos para operar infringía la reglamentación, ya que se manejaba dinero en efectivo y cheques de terceros.
La Cámara reiteró que CIB operaba de “forma habitual y sistemática con dinero en efectivo”, a pesar de que hacerlo era ilegal, y puntualizó que la compraventa ilícita de divisas habría posibilitado “generar recursos de origen delictivo que podrían canalizarse mediante lavado”.
