Entre el jueves 27 y viernes 28 del pasado mes de julio la city cordobesa se vio sorprendida por una serie de allanamientos que se desarrollaron en el marco de una investigación de la Justicia federal, con intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) bajo las órdenes del fiscal federal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari.
Por delitos federales como lavado de activos e intermediación financiera, se investiga a una presunta asociación ilícita que integrarían más de 50 personas de fuerte incidencia en el concierto económico de Córdoba.
Hombres de negocios, agentes de bolsa, empresarios y otros profesionales y ejecutivos de poderosos vínculos con los mercados locales quedaron comprometidos directa o indirectamente con movimientos derivados del desarrollo inmobiliario Estancia Santa Lucía -departamento Santa María-, que investiga el fiscal provincial de Delitos Complejos N° 1 Enrique Gavier, que tiene entre los principales acusados de estafas a Luis Raúl “Gabucho” Bizzocchi (49), Orlando Conti (68) y el escribano Gonzalo Ernesto Argarate (59).
Este trío recibió un duro revés antes de la feria judicial cuando la Cámara de Acusación provincial confirmó la prisión preventiva de ellos como integrantes de una asociación ilícita, los dos primeros como jefes y el notario como organizador. Ese aval a lo actuado por Gavier ya se había consumado anteriormente -en diciembre pasado- con el juez de Control N° 7 Manuel Sebastián Ayán.
Pero al advertirse en el ámbito provincial otras maniobras relacionadas con delitos federales, se enviaron las actuaciones al fuero federal, donde el fiscal Senestrari inició una investigación que a fines de julio lanzó una docena de allanamientos que terminaron con numerosas imputaciones a más de 50 personas.
Involucrados
También como jefe de la asociación ilícita se designa a Luis Raul Bizzocchi. Se añaden a la lista de imputados más de medio centenar de personas: Cristian Alexis Gazagne, Alejandro Pedrosa (h), Marcelo Nasif, Pablo Abrate, Orlando Conti, Rodrigo Hoyos Gijón, Walter Dominguez, Miguel Ángel Tiezzi, Gabriel Luciano Meta, Ricardo Alfredo Viano, Mauro Antonio Salvador Giansetto, Gustavo Adolfo Bagur, Maximiliano Conti, Maximiliano Vera Barros, Mariano Jacinto Ruggeri, Juan Manuel Freire, Natalia Lucia Sabasta, Juan Pablo Depiante, Andrés Gabriel Horovitz, Cecilia Mora, Ricardo Gustavo Bizzocchi, Ricardo Bizzocchi (h), Pablo Alejandro Brizuela, Carla Vanesa Mieres, Hugo Javier Dohmen, Paula Milagros Corregi Gallerano, Javier Vildoza, Juan Pablo Bustos, Alexis Nahuel Fernández, Lautaro Emanuel Sánchez, Gonzalo Gabriel Martínez, Cristian Francisco Lucero, Carlos Marcelo Gómez, José Gabriel Módica, Valentina del Valle Bizzocchi, María Verónica Molina, Francisco Alejo Conti, María Alejandra Cuello, María Gabriela Puig, Patricia Alejandra Herrera, Matías Nicolás Llupiá, Tomás Miguel Novillo Saravia, Juan Ignacio Sáenz, Rodrigo Gastón Cortez, Francisco Novillo Saravia, Gonzalo Allais, Nicolás Luis Trucco y Cristian Ayrton Bustamante, entre otros.
El listado de personas que integran este grupo se hace más amplio y podría seguir creciendo. Además de ser muchos de ellos integrantes de asociación ilícita, con diversos grados de responsabilidad se les adjudican delitos como intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, libramiento de cheques sin fondos y otros delitos tributarios contemplados en la Ley 24.769 y artículo 3 del Código Penal.
Entre los allanamientos en oficinas, escribanías, estudios jurídicos y domicilios particulares, llamó la atención la interdicción de un automóvil Ferrari modelo Portofino, en manos del empresario de estaciones de servicio Gazagne, quien meses atrás se fotografió con el gobernador Juan Schiaretti, quien visitó la inauguración de un surtidor de bioetanol de una de sus empresas.
Desde la PSA se informó que también se incautaron más de seis millones de pesos, 124 mil dólares, 16 mil euros y lingotes de oro, estos en poder de Gazagne.
Según el comunicado de la fuerza de seguridad que en los procedimientos tuvo la colaboración de efectivos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), también se secuestraron cinco teléfonos celulares, notebooks, pendrives entre otros dispositivos electrónicos y numerosa documentación de interés para la causa como escrituras, libros societarios, facturas, remitos contratos y poderes.
Las actuaciones de Senestrari son admitidas por el juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes.
