En la reciente crónica policial de Córdoba el nombre de Blas Correas no pasa desapercibido. El adolescente tenía 17 años cuando fue asesinado por policías. Ocurrió el 6 de agosto de 2020. Al crimen le sobrevino una mentira. La reacción de la sociedad desenmascaró una forma de actuar y de ocultar los excesos policiales en Córdoba.
Nueve años y medio antes, en la madrugada del 8 de febrero de 2013, otra bala policial terminó con la vida de otro adolescente. Álvaro Zarandón tenía 16 años, uno menos que Blas. Su caso todavía sigue impune. Esta semana arrancó en los tribunales de Río Cuarto un segundo juicio para dilucidar quién mató a Álvaro en Laboulaye, una ciudad ubicada a casi 400 kilómetros al sudeste de Córdoba capital.
A casi una década del asesinato, siete claves del caso.
Baleado por la espalda
El 7 de febrero de 2013, cerca de las 23, Álvaro se fue en bicicleta a la casa de su amigo Enzo Gómez. Antes de salir del hogar, le dio un beso a su madre, Sandra Zarandón, y le dijo que si no volvía a las 3, era porque se había quedado en lo de su amigo.
En la casa de Enzo solía parar un familiar suyo. Los policías lo buscaban supuestamente por abigeato (robo de ganado).
Aquella noche de verano, Álvaro y Enzo se fueron a una cancha de fútbol cercana.
Ya de madrugada, varios patrulleros irrumpieron en la zona. Los chicos se asustaron y Álvaro comenzó a correr. Álvaro sólo pudo hacer dos cuadras y media.
Hasta el día de hoy, su madre Sandra sostiene que los policías confundieron a Álvaro con el hombre buscado y que por eso lo persiguieron.
Álvaro recibió un balazo por la espalda a la altura del codo. El proyectil ingresó por uno de sus riñones y salió a un centímetro de una de sus tetillas. Quedó tendido en una bloquera. “Había poca sangre”, supo comentar el dueño del predio, Rubén Rodríguez, a La Voz.
El adolescente fue trasladado al Hospital Regional Ramón J. Cárcano por el cabo Maximiliano Celi y por un oficial de apellido Fernández.
Zarandón murió a las 5.45 del 8 de febrero.
En la escena del crimen se hallaron 16 vainas servidas. Todos proyectiles disparados por la Policía de sus armas reglamentarias de 9mm.
Celi terminaría detenido y finalmente enviado a juicio.
La sombra de un arma plantada
Álvaro Zarandón, según la Justicia, no tenía armas cuando fue baleado.
Sin embargo, en las primeras horas posteriores al deceso, desde la Policía se trató de instalar esa versión. Se dijo que en el lugar se halló un revólver calibre 22.
El por entonces fiscal de instrucción Enrique Berger descartó que Álvaro haya estado armado.
El dermotest practicado al muchacho, sin embargo, dio positivo.
Berger explicó que era un método “antiguo” de la Policía, que podía ser un falso–positivo y que en el marco de la investigación “no sumaba nada”. Concluyó que Álvaro no tenía armas esa madrugada.
De los 13 policías que participaron en ese operativo, 11 fueron detenidos de manera preventiva, ya que no se sabía quién había efectuado el disparo mortal.
Finalmente, la fiscalía acusó al cabo Celi como presunto autor del crimen.
Por ese entonces el comisario mayor de la Departamental Presidente Roque Sáenz Peña era Walter Guzmán.
“Pacto de silencio” entre policías
Hasta hoy, Valeria Cabanay, la esposa de Celi, sostiene que hubo un “pacto de silencio” para perjudicarlo.
Según dijo a este diario, mientras él llevaba a Álvaro al hospital y hasta que volvió a su casa para dormir, el resto de los policías se reunió en la Jefatura de Laboulaye para ver qué iban a decir “para no quedar pegados”.
“Los compañeros de ‘Maxi’ en ese operativo estaban reunidos con el jefe y el ayudante del fiscal en la Jefatura organizando las declaraciones. El jefe les habría dicho: ‘Qué sea uno y no todos’”, describió Cabanay.
No fue posible obtener las palabras de los jefes.
Un primer juicio con jurados populares y una absolución
El 27 de agosto de 2014 arrancó el juicio por el crimen de Álvaro en Laboulaye.
El cabo Celi llegó preso al banquillo por “homicidio calificado por abuso policial”.
Después de semanas de audiencias, el por entonces fiscal de Cámara, Carlos Zabala, pidió 13 años de prisión para el suboficial, mientras que el abogado querellante, en representación de la mamá de Álvaro, reclamó perpetua.
La defensa de Celi postuló la absolución.
El 12 de septiembre de 2014 el policía resultó absuelto y recuperó la libertad.
Así lo dispusieron los jueces José Antonio Martínez Mangini, Marcela Abrile y David Torres, quienes estuvieron acompañados por ocho jurados populares.
Dudas del jurado popular, clave para absolver
El 30 de septiembre de 2014 la Cámara del Crimen de Laboulaye dio a conocer los fundamentos del fallo absolutorio.
En las 233 fojas de la sentencia surge que hubo dudas en el jurado popular y la balanza se inclinó hacia la absolución del policía.
En el documento se señaló que “muchos de los jurados populares sólo expresaban que tenían algunas dudas sobre la participación del encartado Maximiliano Celi, que los inclinaba a un voto absolutorio, sin dar más explicaciones, sólo tenían dudas”.
Hubo jurados también a quienes no les quedaba claro si Álvaro recibió el disparo en la cancha de fútbol o en la bloquera, adonde cayó finalmente.
Según aquella sentencia, también hubo dudas de los jurados respecto al arma calibre 22 hallada en el lugar y cómo fue que, 30 días después del hecho, y siendo que supuestamente hubo “rastrillajes minuciosos” se encontró una cápsula servida del arma reglamentaria (marca Taurus) de Celi.
Así fue que el juez Martínez Mangini, presidente de la Cámara del Crimen, entendió que Celi debía ser absuelto por el beneficio de la duda. Existían “dudas insuperables”, según el juez, respecto a la participación del acusado en el hecho.
Juicio anulado por el TSJ
Tanto la fiscalía como la parte querellante presentaron recursos de casación.
Dos años después, en noviembre de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) anuló el primer juicio y ordenó un nuevo proceso, pero fuera de la jurisdicción de Laboulaye.
En la resolución 498, el TSJ dijo que el jurado popular “no habría valorado bien las pruebas”.
En el documento se indicó que “los miembros del jurado que votaron por la absolución omitieron valorar elementos probatorios sin proporcionar ningún motivo asequible en orden a tal prescindencia”.
“La omisión de valorar la prueba reseñada –de contenido relevante– evidencia que la duda esgrimida no es razonable, tornando nula la sentencia en dicho aspecto”, expuso el TSJ, y cerró: “El núcleo de la duda de los jurados se vincula con la participación del imputado, y ello por dudas acerca de la vaina porque fue hallada después de los rastrillajes en los que estuvo la custodia. Las demás dudas carecen de trascendencia o, por lo menos, no se aprecia un nexo racional con las pruebas atinentes a la participación”, se expresó.
Nuevo juicio con jurados populares y participación de la Nación
Cinco años después de aquella resolución del TSJ, y después de muchas idas y vueltas, esta semana arrancó el segundo juicio por el asesinato policial contra Álvaro Zarandón.
El cabo Celi llegó al banquillo por homicidio agravado por abuso policial. Está en libertad.
El proceso se realiza en la Cámara 1ª del Crimen de Río Cuarto y participan otros jurados populares.
El tribunal es presidido por el juez Nicolás Rins, quien está acompañado por sus pares Natacha García y Daniel Vaudagna.
El fiscal de Cámara es Julio Rivero.
En la primera audiencia, el imputado se negó a declarar. Cabe señalar que Celi siguió trabajando como policía.
El miércoles se realizó una inspección ocular en Laboulaye. El acto procesal fue solicitado por los abogados defensores.
Hasta esa ciudad viajaron Rins, Rivero y la abogada de Sandra Zarandón, Vanesa Pereyra, entre otros empleados del Poder Judicial.
El jueves 25 de agosto estaba previsto que declaren todos los policías, pero por un imprevisto del fiscal la audiencia se pospuso hasta el martes 30 de agosto donde se espera una jornada clave.
El juicio es observado por un veedor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
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