“Tras hábil interrogatorio, el detenido confesó”, recitaba en el siglo pasado un viejo “formulismo” periodístico que escondía la práctica de torturas o apremios a la persona privada de la libertad que terminaba por “cantar” aun sin conocer la letra.
Algo parecido a esto parece referir la denuncia que tramita el Juzgado Federal de Río Cuarto a partir de una presentación que habría hecho el padre de Julio César Ramírez (33), el hombre que por estos días es noticia debido a que habría sido condenado sin prueba en su contra en el juicio por el secuestro seguido de muerte de Santiago Aguilera (17), en agosto de 2022, en Villa Dolores.
Además de que le adjudicaron haber ingresado al teléfono de la víctima, cuando en realidad habría sido un investigador de la fiscalía federal de Enrique Senestrari, se presume que habría sido detenido durante un allanamiento durante el cual le preguntaron una serie de cosas que, por su condición, no habría comprendido.
Los efectivos de elite del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (Eter) entraron a su casa durante una madrugada de abril de 2023. Patearon la puerta de entrada y fueron hasta el dormitorio donde dormía con su hermana trans.
En ese momento, habrían “interrogado” a una persona que tenía condiciones especiales, pero ignorándolas: Ramírez es hipoacúsico (escucha muy poco) y registra, según numerosos peritajes, un retraso intelectual leve a moderado. Además, es cuasi analfabeto, porque no pasó de segundo grado de la primaria y firma con su dígito pulgar derecho.
Sin considerar esas particularidades, le preguntaron –acaso sin que lo escuchara– si le habían dado el celular de Santiago, a lo cual habría dado una respuesta positiva (según un testigo civil que no estaba en la habitación). Lo mismo hicieron y obtuvieron cuando le mostraron unas fotografías de personas supuestamente vinculadas con el secuestro.
Para asistirlo como defensora de víctima, el Ministerio Público de la Defensa designó a Alidia Natalia Bazán. La integrante de ese cuerpo aún no se impuso del contenido de la denuncia y apenas ha tenido contacto con su representado.
“Sí” automático
A grandes rasgos y con otras palabras, esta situación fue expuesta por el defensor oficial Jorge Perano durante su alegato en el juicio que terminó en la condena de Ramírez, el 2 de julio pasado.
A Ramírez se le reprochó en la instrucción haber intervenido el teléfono celular de Santiago mientras este estaba cautivo, aún con vida. Se lo acusó de haber ingresado a la cuenta de Gmail del joven secuestrado.
Luego, en el debate celebrado en el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) de Córdoba se determinó que el ingreso a la cuenta de correo electrónico no era desde el celular y se lo absolvió por el robo del móvil, pero se lo condenó por encubrir a los secuestradores, ya que se estimaba que había entrado al Gmail desde “otro” dispositivo, como una computadora.
En la Cámara Federal de Casación Penal, le elevaron su condena de cuatro años a 12 años de prisión. Recién después de esto, se descubrió que ese ingreso desde una computadora era de un empleado del fiscal Senestrari mientras investigaban el secuestro, en un hotel de Villa Dolores.
Esto generó que Perano pidiera el miércoles pasado en audiencia oral especial la excarcelación de su cliente o, subsidiariamente, la prisión domiciliaria.
El estado de deterioro emocional y psíquico de Ramírez es desgarrador, ya que les dice a los profesionales de salud mental que lo atienden que no tiene deseo de vivir. En los últimos meses, sufrió varias pérdidas: murió su padre durante el juicio, se suicidó una hermana, quiso matarse un hermano y otro hermano dejó el colegio. La madre refiere que en Villa Dolores insultan a la familia como “asesinos” y le apedrean la casa.
Resultó curioso durante la audiencia del miércoles, cuya resolución está pendiente, que Ramírez escuchaba los argumentos de las partes a través de auriculares.
Pero más llamativo es cómo respondió las dos o tres veces que se lo consultó. Casi invariablemente, utilizaba un latiguillo: “Sí, sí, sí”.
Dicen quienes están en contacto con el detenido que eso es lo que suele responder, le pregunten lo que le preguntaren. Acaso algo de esto haya ocurrido cuando lo despertaron de golpe, lo sacaron del sueño profundo y le exigieron rápidas respuestas.
Seguidilla preocupante
La causa por la investigación del secuestro y crimen de Santiago Aguilera viene registrando una serie de irregularidades con consecuencias graves, denunciadas por los familiares de la víctima, su hermana y sus padres Carlos Aguilera y Mónica Allende.
A través de su abogado Alejandro Dragotto, denunciaron al fiscal Senestrari y consiguieron apartarlo por “falta de objetividad” de la investigación que ahora continúa el fiscal Maximiliano Hairabedian.
A su vez, Dragotto también lo denunció y consiguió la imputación de Senestrari por omisión de los deberes de funcionario público, ya que no indagó a Walter Gil mientras estaba detenido y cuando Santiago aún se encontraba con vida.
Los padres de Aguilera consideran que esa indagatoria en horas cruciales podría haber evitado la muerte de su hijo, teniendo en cuenta que Gil, como colaborador de la investigación, podría haber facilitado datos para ubicar a los secuestradores y el lugar donde estaba cautivo.
Senestrari debe ser indagado por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Luego, se agregó que la prueba con la que fue condenado Ramírez no lo incriminaba precisamente a él.
Ahora, se analiza la denuncia que señala que Ramírez fue interrogado en condiciones irregulares y que su “reconocimiento” de responsabilidad estaría viciado.
La investigación judicial viene acumulando consecuencias indeseadas: una víctima que podría haberse salvado (Santiago), un condenado a perpetua (Gil) que pudo haber colaborado y un condenado a 12 años de prisión (Ramírez) que al parecer no tuvo nada que ver.
