Tras una audiencia suspendida el miércoles por la falta de cuatro jurados populares que se excusaron por distintos motivos, se retomó este viernes el juicio por el crimen de Valentino Blas Correas (17) a manos de efectivos de la Policía de Córdoba en agosto de 2020. La oportunidad fue propicia para que todas las partes resignaran todo trámite de incorporación de prueba y se haga un cuarto intermedio para que el 22 de febrero se reanude el debate con la presentación de los alegatos.
En el comienzo de la audiencia de este viernes el presidente de la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba Marcelo Jaime explicó minuciosamente cuáles fueron las razones por las cuales cada uno de los cuatro jurados populares se ausentó. Dos lo hicieron por problemas de salud transitorios, uno por un inconvenientes laborales y otra por razones familiares. Estos dos últimos ya quedaron excluidos, mientras que los dos primeros están incorporados de vuelta al debate.
Luego, se llegó a un consenso de las partes para que los alegatos comiencen el 22 de febrero próximo.
El acuerdo fue posible gracias a que las partes renunciaron a las declaraciones de testigos que aún restan y se incorporó toda la prueba del expediente. Esto permite, como lo planteó el Ministerio Público Fiscal, que los alegatos comiencen el próximo 22 de febrero, con las conclusiones de los acusadores Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo.
Pero una vez que las partes desistieron de continuar el debate con más prueba, el fiscal Hidalgo sorprendió con la presentación de un escrito al tribunal en el que anticipaba que podría haber ampliación o agravamiento de la acusación, un “hecho diverso” al de la calificación original o nuevos hechos que podrían motivar nueva investigación.
Ante esto, los defensores encabezados por Justiniano Martínez reaccionaron airadamente en contra. Consideraron que no podía hacerse un planteo semejante cuando acababan de renunciar a la incorporación de prueba. Además, se quejaron porque se vulneraba el derecho de defensa al hacerse por escrito y dirigido sólo al tribunal.
Fue entonces que los vocales dispusieron un cuarto intermedio para que desde las 14 el fiscal Hidalgo explicara -oralice lo que entregó por escrito- en qué consistía su presentación, especificando si se trataba de un agravamiento de la acusación, algún hecho diverso o si hay nuevos hechos para remitir antecedentes a un fiscal de turno.
Pero al reanudarse el debate a la siesta, Hidalgo desistió de su pretensión y tomó por el camino más práctico para la celeridad que se estaba buscando, renunciar a la posibilidad de anticipar agravamientos de la acusación o cambios en los hechos. Sí queda la posibilidad de que en su alegato pida que se remitan antecedentes para nuevas acusaciones. Esto último era lo mismo que había propuesto durante la mañana el querellante por la familia de la víctima, Alejandro Pérez Moreno.
Por algunas de las palabras que anticipó en la audiencia, se estimó que Hidalgo iba a pedir que se acusara a algunos uniformados también por “falsedad ideológica”, presuntamente por la manipulación de actas con relación al arma “plantada”, entre otras actuaciones.
El caso tiene a 13 policías sentados en el banquillo, dos de ellos considerados autores materiales del crimen. Los cabos 1° Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33).
Tras la reanudación de la audiencia y el desistimiento de Hidalgo, se anunció que el 22 de febrero los fiscales iniciarán la ronda de alegatos. En las sucesivas sesiones les tocará el turno a las otras partes para presentar sus conclusiones: querellantes, actores civiles y defensores.
De este modo, los alegatos podrían finalizar a comienzos de marzo y el veredicto del jurado popular dictarse a mediados de ese mes, siempre como una estimación somera.
Duplicaron el pago a jurados
A través de una acordada, se dispuso este viernes que los jurados populares pasarán a cobrar unos 6.600 pesos por cada jornada de debate en la que tengan que estar presentes.
Hasta ahora, el pago era de 3.300 pesos, más gastos de movilidad si fueran necesarios.
