A través de un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional redujo la edad mínima para adquirir, portar y usar armas de fuego en Argentina de 21 a 18 años.
La orden firmada por el presidente Javier Milei modifica la Ley Nacional de Armas y Explosivos (20.429). Para hacerlo, argumenta que la reducción de la edad busca “armonizar la legislación vigente” con el Código Civil y Comercial, que establece la mayoría de edad a los 18 años.
El texto sustituye el inciso 1 del artículo 55 del decreto 395/75, eliminando el requisito de tener 21 años y estableciendo que la mayoría de edad es suficiente para ser considerado un “legítimo usuario de armas”.
Al respaldar la medida –que también contó con las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich–, altas fuentes gubernamentales sostuvieron que el cambio servirá para “promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego” y para combatir el mercado negro de armas.
Según datos aportados por el Ministerio de Seguridad de la Nación, existen más de 800 mil armas de fuego bajo tenencia irregular en la actualidad.
La orden del Ejecutivo nacional no modifica otros requisitos para obtener la licencia de portación de armas, como la acreditación de identidad y el domicilio.
También mantiene la obligación de contar con una ficha limpia, por lo que los ciudadanos no podrán comprar un arma si arrastran antecedentes penales.
El texto original también establecía la comprobación de no tener “anormalidades psíquicas o físicas que incapaciten al peticionante”. Este aspecto tampoco fue modificado.
A su vez, se mantiene vigente la iniciativa gubernamental de crear un proyecto de ley para simplificar el trámite de portación de armas, incluyendo la posibilidad de declarar y destruir armas de forma anónima.
Junto con estas medidas, Nación prorrogó el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por cuatro años. Bajo este amparo, los ciudadanos pueden entregar armas sin consecuencias legales.
Postura oficial: a favor de la regulación
En el plano local, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se manifestó en oposición a la portación de armas de fuego.
“La seguridad pública es una tarea de la Policía. Nosotros hemos incorporado el uso de armas de baja letalidad para las guardias locales de prevención y convivencia, que también tienen la posibilidad de portar armas no letales y lo hemos hecho también con la seguridad privada”, declaró Quinteros a La Voz.
El funcionario advirtió en tono de crítica que “hay muchas armas dando vueltas en Córdoba y en el país”. Y sostuvo que quien no sabe utilizar un arma “puede causar una tragedia” con su uso, pronunciándose “absolutamente a favor del desarme”.
En sintonía, señaló que hay una relación directa entre homicidios por la violencia urbana y cantidad de armas en circulación. “Estamos a favor de la trazabilidad de las armas, del desarme y del control de la portación. En las peleas se mata con armas de fuego ilegales, con municiones ilegales”, enfatizó el ministro en diálogo con este medio.
En este sentido, consideró que la iniciativa de Nación puede ser leída como la intención de “regular la tenencia de armas”, y así lo evaluó como “positivo”.
En los próximos días, adelantó Quinteros, se van a reforzar líneas de trabajo para el desarme civil en Córdoba, para ciudadanos que poseen armamento de manera irregular.
Durante su gestión, la Policía secuestró 1.800 armas, un 13% más que lo confiscado en 2023 en Córdoba, según datos aportados por el ministro.
Vulnerabilidad y autoflagelo
Por su parte, el especialista Martín Angerosa, miembro cofundador de la Red Argentina para el Desarme e integrante del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), expresó su preocupación.
Este cambio –dijo– incrementa el riesgo de suicidios en un sector etario particularmente vulnerable, ya que el 30% de los suicidios en el país entre jóvenes de 18 a 24 años se producen con armas de fuego.
“Son muertes evitables, y esta medida sólo amplía las posibilidades de tragedias que podrían prevenirse”, consideró.
Angerosa destacó la combinación de factores que agravan la situación, como la inestabilidad emocional propia de la juventud, los efectos psicológicos que aún perduran tras la pandemia y la accesibilidad económica de las armas, que se pueden adquirir, según sostuvo, con un sueldo mínimo.
“Estamos abriendo el mercado legal a 1.500.000 potenciales compradores jóvenes, pero el verdadero beneficiado es el negocio por detrás: fabricantes y comerciantes de armas. En este mercado hay ganadores y perdedores, y los perdedores son los jóvenes”, expresó.
Por último, Angerosa subrayó la necesidad de un enfoque responsable desde el Estado: “La sociedad argentina no quiere vivir en un país armado. No queremos ser responsables de nuestra propia seguridad; para eso están los profesionales que pagamos con impuestos”.
Aumento de la violencia
Valeria Plaza, investigadora del Conicet y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), sumó su preocupación por los posibles impactos sociales del decreto.
Y aunque destacó que Argentina tiene tasas de homicidios relativamente estables en comparación con otros países de la región, advirtió que el incremento en la circulación de armas puede generar un aumento en la violencia.
“En los barrios ya vemos armas legales e ilegales circulando, y muchas veces estas últimas provienen de filtraciones policiales o de allanamientos”, advirtió.
Plaza cuestionó la lógica del decreto. Sostuvo que va en sentido opuesto al reclamo de un mayor control sobre el mercado ilegal de armas, que es responsable de la mayoría de los delitos armados, según su análisis.
“Este tipo de medidas envía un mensaje simbólico preocupante: habilitar más acceso a las armas en lugar de restringirlo. Si bien hay requisitos mínimos para comprar armas legales, como un curso y un apto psicológico, no garantizan un manejo adecuado, y esto puede derivar en tragedias como disparos accidentales o errores”, expresó, trayendo a colación un caso reciente en el que un padre mató a su hijo en Córdoba al confundirlo con un presunto delincuente.
La investigadora también resaltó que la experiencia internacional demuestra que una mayor circulación de armas, ya sean legales o ilegales, incrementa los riesgos de violencia en las sociedades.
“Argentina no está en un estado de crisis como otras naciones con altísimas tasas de homicidios, pero tampoco podemos permitir que las armas proliferen. Los sectores preocupados por la inseguridad podrían exigir más formación y presencia policial en lugar de armar a los ciudadanos”, planteó.
Asimismo, mencionó que las políticas de desarme más robustas deben complementarse con controles estrictos sobre las armas en manos de las fuerzas de seguridad, dado el impacto de su pérdida o desvío.
