En el aceitado negocio millonario de robo de autos de lujo, desarme y venta de autopartes en Córdoba, las operatorias de “Don Luis” como presunto jefe delictivo de la banda no sólo se habrían limitado a conexiones con otra célula criminal local. Encontraron en Bolivia otro “mercado” para el contrabando de camionetas y dólares “frescos” plausibles de maniobras de lavado de dinero.
En la voluminosa causa a cargo del fiscal federal N° 3 de Córdoba capital, Maximiliano Hairabedian, y del juez N° 1 del mismo distrito, Alejandro Sánchez Freytes, 43 procesados fueron enviados a juicio, según cada caso, por asociación ilícita, lavado agravado, contrabando doblemente agravado, encubrimiento agravado, robo calificado, hurto y almacenamiento de repuestos.
Están imputados Luis Ramón “Don” o “Don Luis” Scalamogna; Mario Orlando del Valle Marozzi; Noelia Vanesa Salaya; Lucas Matías Dutra; Joaquín Emanuel Dutra; Norberto Francisco Dutra; Roberto Osvaldo Peralta; Cristian Alejandro “Viejo” Nores Martínez; Guillermo René Juárez; Héctor Fabián Pereira; Ayrton Imanol “Gringo” Mejías; Federico “Locota” Fontana; Javier Alexis Orellano; Jonathan Raúl Correa, y Mariela del Valle Pedernera.
La nómina también incluye a Federico Fontana; Enzo Javier Guimarãez de Añiz; César Tomás Cuello, Alfredo Fernando Centeno; Gabriel Eduardo “Peli” Torrilla; Franco Sebastián Nieto; Juan Carlos “Vásquez” Giménez; Matías Hernán Giménez; Diego Agustín Giménez; Leonardo Nicolás “Gordo Leo” o “Leo” Villarruel Varela; Brian Alexander Libera; Héctor Omar “Tinta” Argüello; Mauro Ulises “Apio” Salinas; Gabriel Sebastián Torrilla; Belén Yohana López; Nicole Micaela Barrionuevo, y Ariana Janet Salinas.
La lista se cierra con Franco Joel Salvador Boggio; Marcelo Maximiliano “Pipo” Gutiérrez; Luis Emiliano “Lolo” Gutiérrez; Raúl Rodrigo Fernández; Pablo David Gómez; Kevin Nahuel Toranzo; Carlos Sebastián Bracci; Jorge Alejandro Vaca; Franco Exequiel “Bambula o Bumbula” Brizuela; Brenda Carolina Guzmán, y Juan Carlos Godoy.
Están prófugos aún Juan Bautista Herrera; Vivian Virginia Ramírez de Yermir; Alexis Jeremías Verón; Leonardo Joel Córdoba, y Jorge Antonio Yermir Godoy.
Las operaciones del “Don”
La causa nació a partir de una investigación de Sustracción del Automotor de la Policía de Córdoba, que detectó (gracias al sistema de rastreo satelital Lo Jack) la ubicación exacta de una Chevrolet S10 robada en 2022: Caminagua 1.627, en barrio Ayacucho, al norte de la Capital.
Allí funcionaba el taller mecánico de “Don” Scalamogna. La instrucción señala que al allanarlo, encontraron in fraganti a Lucas Dutra y Joaquín Dutra mientras desarmaban la S10. Junto con lo que quedaba de la camioneta, fueron localizadas numerosas autopartes y motos robadas.
Pero la fuente clave de caudal informativo de las operaciones ilícitas fue el iPhone de “Don Luis”. Así, el fiscal Hairabedian pudo establecer la mecánica de la organización, roles y márgenes de ganancias millonarios.
Como supuesto jefe máximo de la banda, Scalamogna habría operado en las sombras durante casi tres años, desde 2021 hasta el desarme, en 2023. Se habría encargado de conseguir preferentemente camionetas Toyota Hilux y Ford Ranger robadas para “enfriarlas” (ocultarlas un tiempo) y organizar, por un lado, el contrabando a Bolivia y, por otro, la venta de autopartes en la Argentina.
En el primer caso, Scalamogna habría ofrecido al cordobés Yermir Godoy (prófugo afincado en Bolivia) los rodados para introducirlos en ese país. El contacto era asiduo y habría terciado el “apuro” de “Don” para desligarse rápidamente de lo robado.
La Justicia señaló que, en la mecánica, una vez que Yermir Godoy confirmaba su interés, el prófugo Herrera oficiaba como nexo entre aquel y Scalamogna, ya que habría sido quien verificaba el estado de los vehículos que conseguía “Don” e informaba a Yermir Godoy. En una ocasión, Herrera le advirtió a “Don” que consiguiera camionetas “más nuevas”, porque una de ellas tenía “sangre”, presuntamente del dueño original antes de que se la robaran.
Como “contraprestación”, Yermir Godoy transfería desde Bolivia el precio del vehículo en dólares por medio de Argenper Express. El dinero era depositado en dos etapas: una entrega inicial del 50% del valor antes del envío de las camionetas a Bolivia y el saldo luego del traspaso exitoso por la frontera. El precio total, claro está, era muy inferior al valor del mercado legal.
El traslado de las camionetas de Córdoba a Bolivia se habría consumado o bien en los mismos rodados o mediante camiones.
Como chofer de la empresa Transportes del Norte, Juan Godoy habría sido uno de los encargados de transportar los vehículos. Una vez asegurada la llegada de las camionetas a suelo boliviano, Scalamogna, Juan Godoy, Herrera y Ramírez de Yermir habrían cobrado las múltiples transferencias.
De esta forma, la organización habría lavado casi U$S 120 mil.
“Levantadores”
En su papel de organizador delictivo, Scalamogna se habría provisto de las camionetas y demás vehículos gracias a los “levantadores”, un grupo conformado por delincuentes dedicados a robar vehículos con diversas metodologías –incluida Flipper Zero– para trasladarlos a cocheras, donde los “enfriaban”.
Según la investigación, los “levantadores” “Gringo” Mejías (novio de Salaya), “Bumbula” Brizuela, “Locota” Fontana, “Drogón”, “Boliviano” y “Sebas” no funcionaban sin una coordinadora, la experimentada Noelia Salaya. “Me iba a tomar un franco… y salí a chorear lo mismo”, se ufanó Fontana sobre su rol en los robos, según fue captado en una escucha.
Para asegurar el botín, “Viejo” Nores Martínez se habría dedicado a “enfriar” los rodados en su casa. Algunos de los vehículos desguazados o inutilizados eran llevados a un terreno de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, donde se los incendiaba.
Además del desarme en su taller, “Don” se habría encargado de tramitar la documentación apócrifa del vehículo: desde cédulas, 08 en soportes legítimos pero con datos falsos (elaborados por presuntos empleados registrales) y dominios pertenecientes a rodados sin restricciones de circulación, para así poder eludir controles.
Para aumentar los ingresos, “Don” habría comercializado en otras provincias lo robado y no colocado en Bolivia. Así emergió un nuevo actor: el dueño de una concesionaria en Ceres (Santa Fe). Marozzi habría encargado y adquirido a Scalamogna Hilux o S10 para revenderlas. Pero también habría comercializado autopartes robadas, al igual que Juárez, repuestero salteño.
A partir de los 115 allanamientos en Córdoba, Santa Fe y Salta, se secuestró un gran caudal de autopartes robadas y elementos probatorios. Un aspecto central es que ninguno de los imputados está inscripto en el Registro Único de Desarmaderos.
Uno de los empleados de Scalamogna, el detenido in fraganti Lucas Dutra, habría participado no sólo en el robo sino en la notificación a su jefe de los rodados disponibles, el desarme y la venta de las autopartes a través de Marketplace. Para cobrar las ventas, habría utilizado la cuenta de su novia Guzmán, con quien guardaban autopartes.
Otro empleado del “Don”, Joaquín Dutra (hijo de Lucas), habría vendido y entregado los repuestos. Su abuelo, Norberto Dutra, habría participado de la comercialización junto con Peralta. Este último incluso habría intervenido, con Orellano, en la cadena completa: robo, desarme y venta.
Cuando le encargaron a Orellano que robara un tipo de auto específico, mostró la dificultad de hacerlo a menos que fuera a mano armada: “Es complicado. No se puede levantar. Tiene que ser ‘de caño’”. Gómez y un hombre apodado “Mujer golpeada” habrían colaborado en los levantamientos, y Pereira, con el desarme y los papeles apócrifos.
En la “cadena”, el repuestero Bracci habría acordado con Scalamogna la compraventa de vehículos y autopartes robadas en su local, Bracci Repuestos. En cierta ocasión, “Don” se molestó por un ofrecimiento –a destiempo– de una Amarok: “¿Cómo me llamás hoy? Me estoy yendo a Estados Unidos”.
Vaca, como empleado en una casa exportadora de autopartes, habría tenido un rol comercializador de lo sustraído.
Pero no era la única vía de ingreso, ya que la organización habría receptado vehículos de titulares registrales reales que, con el objetivo de estafar a las aseguradoras, los entregaban a “Don” para el desarme y la venta. Al cabo de pocos días, los estafadores denunciaban el robo y cobraban la indemnización.
Célula “amiga”
Los investigadores establecieron que el redituable negocio llevó a “Don” a incorporar “proveedores”. Así es que a la célula de Salaya se sumó la dirigida por la pareja de Pedernera y Correa, de Villa La Tela.
En una oportunidad, Pedernera se quejó de que los “tarados” (ladrones) no “trajeron nada”, lo que obligó a ella a encargarse del problema: “Al parecer, vamos a tener que salir a robar nosotros”.
Las bandas “compartían” desde “levantadores” (Fontana, Brizuela y los prófugos Verón y Córdoba) como información recíproca, ubicaciones, posibilidades de robo y hasta herramientas. Llegaron a “levantar” hasta cuatro rodados por noche. “Gordo” Villarruel Varela, Boggio y “Peli” Torrilla, su hijo Sebastián, Toranzo, “Pipo” Gutiérrez y “Lolo” Gutiérrez también fungían como “levantadores”.
Los “enfriadores” eran “Apio” Salinas y Nieto, en Villa La Tela y Residencial San Roque. Nieto fue clave para el fiscal, porque de su celular se extrajeron las conexiones con los demás integrantes de Villa La Tela: los Giménez, Centeno, Guimarães de Añaiz, Libera, López, “Tinta” Argüello y Fernández.
También aparecen vinculados a la causa Cuello, que se jactaba de cometer delitos y usar armas de fuego, y Ariana Salinas.
