Para el fiscal Alejandro Carballo, de los tribunales de Río Tercero, se trataba de un día más de viaje hacia Córdoba junto a su esposa y dos hijas. Era el 8 de diciembre de 2013. Pero en un segundo todo cambió. Sorpresivamente,la dirección de su camioneta que manejaba se cruzó al carril contrario. Algo había fallado y el vehículo quedaba fuera de control.
En su planteo inicial apuntaba a que habría sido un accidente. Luego, se sumaron llamativas pruebas de que habrían aflojado las tuercas de la dirección de la camioneta. Eso habría causado el descontrol en marcha, cuando circulaba en la ruta nacional 36, en cercanías de Despeñaderos.
La familia viajaba hacia Córdoba y de frente circulaba un camión. El vehículo de Carballo impactó contra una parte del camión y finalmente volcó en la banquina contraria. No hubo personas con lesiones graves.
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Fue una pericia que ordenó el fiscal Alejandro Peralta Otonello, de los tribunales de Alta Gracia y a cargo de la investigación, la que reveló que fue un atentado.
Se confirmó que alguien había manipulado una pieza mecánica para que, en marcha, quedara sin control.
Se instaló entonces la sospecha de que “alguien quiso matar al fiscal”.
De a poco en la causa se fue armando un rompecabezas, pero que parecía cada vez más difícil de resolver.
Horas antes del siniestro, la camioneta había estado en la playa de estacionamiento cubierta de Tribunales, en Río Tercero, donde siempre solía estar por el trabajo del fiscal. Ese sitio es un lugar que debe ser vigilado por policías.
Varias pistas
Antes que nada, Peralta Otonello hizo foco sobre una de las hipótesis que asomaba como sospechosa en este caso. Intervino numerosos teléfonos y tras ello realizó allanamientos en un par de domicilios. Esa línea de investigación señalaba a personas que habían sido investigados y encarcelados por orden de Carballo, por ilícitos relacionados a desarmaderos. Luego, esa pista se desvaneció.
Se dirigió la pesquisa entonces hacia otros posibles sospechosos. En ese punto surgió la duda si no habría sido un policía, o varios, quienes intervinieron en el atentado o facilitado alguna acción para que ocurriera. Pero no se avanzó tampoco con pruebas.
El fiscal Peralta Otonello señaló que la causa sigue abierta y en investigación. Y anticipó a La Voz que esta semana prestará declaración una persona bajo esa segunda línea de sospecha citada, que no está descartada.
Esta sigue siendo la pista más fuerte, según confían quienes tienen acceso al expediente. Pero las pruebas reunidas no parecen ser sólidas como para sostener alguna imputación.
Prescripción
Teniendo en cuenta el delito que se investiga, de tentativa de homicidio calificado por alevosía, que prevé cárcel de 10 a 15 años, no quedaría tanto tiempo para seguir investigando, a juzgar de quienes conocen el expediente.
Explicaron esas fuentes que en casos como este podría prescribir la causa a los 12 años. Ya pasaron 11.
Al mismo tiempo, arriman el dato de que hay leyes que permiten que si aparece alguna prueba a los 13 años de ocurrido el hecho, se podría eventualmente analizar si la causa podría volver a abrirse o no.
“Nunca se descartó ninguna línea investigativa, se tomaron varias testimoniales, se hicieron pericias y se sigue trabajando en procura de llegar al esclarecimiento”, comentó Peralta Otonello.
En la pesquisa también actuó la Dirección de Investigación Operativa (DIO) dependiente de Policía Judicial.
Sin cámaras
Hay un dato que asoma como inquietante a la hora de recabar pruebas. Y Peralta Otonello lo reconoce: “En esa época no había ninguna cámara de seguridad en el estacionamiento de Tribunales y además ingresaban particulares, no sólo funcionarios y policías”.
Otro punto es que si hubiese habido cámaras habría registro de quiénes estuvieron esa tarde del domingo 7 de diciembre, en la cochera de Tribunales.
Carballo nunca se constituyó en querellante para pedir alguna medida o controlar pericias, ni tampoco pidió custodia policial.
En reiteradas oportunidades mencionó que el atentado no lo iba a amedrentar a la hora de seguir dictaminando medidas.
En Río Tercero, años antes, otro fiscal, Sergio Cabutto, también sufrió un atentado: unos jóvenes pasaron por su casa y dispararon. Una bala ingresó por una ventana. No hubo heridos. Tampoco hubo condenados por ese hecho.
Otra fiscal, Andrea Heredia Hidalgo (ahora se desempeña en los Tribunales de Bell Ville) sufrió presiones y amenazas, según se desprendió de los audios que se contemplaron en un juicio, donde los imputados eran policías.
