La investigación por la supuesta defraudación con la falsa criptomoneda One Coin recibió el respaldo del juez de Control N° 7 de la ciudad de Córdoba, José Milton Peralta. Este rechazó los pedidos de control jurisdiccional de las defensas y avaló las prisiones preventivas en contra de 10 imputados que había dispuesto en marzo pasado el instructor de la causa, el fiscal Enrique Gavier.
El grupo original de detenidos como miembros de una presunta asociación ilícita a quienes se les confirmó la medida cautelar de encierro y se les rechazó el control de jurisdicción está integrado por 10 imputados: el contador público Gustavo Adolfo Amuchástegui (69); Mariana Noel López (40); su hermano, Andrés Matías López (38); el venezolano Manuel Vicente Peralta Guevara (61); Daniel Cornaglia (41); la economista, martillera y corredora pública Mónica Gabriela Blasco (54), quien es pareja de Peralta Guevara; Ricardo Beretta (51); el licenciado en Administración Hotelera y de Empresas Eduardo Alejandro Taylor (50); Ariel Eduardo Morasutt (43), y el locutor, periodista y analista en relaciones públicas e institucionales Edgar Nicolás Moreno (51).
Se sostiene en la instrucción que los 10 conformaron una supuesta organización que se plegó a “un plan fraudulento de alcance internacional liderado por (los búlgaros) Ruja Ignatova y su hermano Konstatin Ignatov Plamenov, consistente en la puesta en marcha de un sistema piramidal de recaudación de fondos, para insertar en el mercado local, desde la ciudad de Córdoba y hacia diferentes jurisdicciones del país, una aparente criptomoneda, denominada ‘Onecoin’, la cual habría de adquirir reconocimiento público –según el falso discurso– en enero de 2019″.
Amparados en la novedad de las criptomonedas, quienes difundían este sistema piramidal hablaban de la suscripción a partir de la entrega de dinero para recibir unidades de One Coin, que no existía, pero que iba a salir al mercado más adelante. Esa “estrategia de la ilusión” se complementaba con la suma de más adherentes y con la recompensa de un sistema piramidal según la cantidad de nuevos “socios” que se iban sumando, para que quienes estaban en la cima del sistema incrementaran sus ganancias.
La idea pergeñada por Ignatova –quien se mantiene prófuga y con pedido de captura de varios países– comenzó a “funcionar” en 2014 con “la idea de hacerse de fondos de incautos inversores para su propio patrimonio y el de sus consortes en la organización, a cambio de la adquisición de esta supuesta criptomoneda que prometía grandes rendimientos con mínimos riesgos”, dice el expediente.
Esto se habría reproducido en Córdoba y en el resto del país con decenas de damnificados por sumas millonarias, según se investiga. Los imputados por Gavier vienen sosteniendo que en realidad ellos son damnificados porque desconocían el mecanismo fraudulento y perdieron sus propias inversiones.
Pero el juez Peralta refuta los argumentos de las defensas de los 10 principales acusados. En su reciente decisión, el juez involucra en los hechos a los acusados avalando su participación, les adjudica dolo y coincide con el fiscal en que existen elementos que sustentan la prisión preventiva al haber peligro procesal de entorpecimiento a la investigación y riesgo de fuga.
Fundamentos
El juez de Control Peralta sostiene, al fundamentar la decisión, que “esta organización criminal forma parte de una empresa que funciona a nivel mundial”, lo que “significa que los imputados cuentan con contactos y apoyo en muchos países”.
Añade que “hay mensajes de apoyo de miembros internacionales de la empresa para las personas que fueron detenidas en distintas partes del mundo por la venta de One Coin” y que “de los grupos de WhatsApp surge que tienen contacto con personas influyentes de distintas partes del mundo que son parte de la empresa”.
Peralta sostiene que “el líder mundial (el búlgaro Ignatov Plamenov), hermano de la fundadora (Ignatova), estuvo en Córdoba con los imputados, con quienes ha tenido contacto personal”.
Refiriéndose al peligro procesal que representan estos contactos, señala que los imputados “podrían recibir ayuda económica y apoyo para fugarse o entorpecer la investigación”. De hecho –añade el juez–, la líder mundial, creadora de esta supuesta criptomoneda, desapareció y se mantiene en la clandestinidad desde hace varios años”. “De ello se sigue que los imputados en esta causa también podrían recibir ayuda de otros miembros a nivel mundial y desaparecer, tal como lo hizo su líder fundadora”, asegura el juez.
Más allá de estas consideraciones, el juez de Control afirma que “los imputados hicieron desaparecer montos millonarios de dinero” y que no se sabe dónde se encuentran. “Existe la posibilidad de que ellos tengan ese dinero en su poder –agrega el juez–, máxime cuando no surge de la prueba que este se haya remitido a la empresa en Bulgaria, sino que fue cambiado a pesos argentinos y retirado en cheques”. Para el magistrado, “se puede inferir que tienen serias posibilidades de fugarse si deciden hacerlo, pues contarían con los medios económicos para lograrlo”.
En la causa se indica –y Peralta lo cita– que los imputados “transfirieron importantes sumas de dinero fuera del país” y que hay diálogos entre ellos en los que refieren “a otras cuentas existentes, a otras sociedades, a otras personas vinculadas con la organización que pertenecerían a otros países, al manejo de dinero en efectivo (cash), incluso procedente de otros países –como Paraguay–, al cobro que aún perciben por su posición estratégica dentro de la pirámide, situación que aún les reporta ingresos”.
Varios de los defensores recurrieron la decisión de Peralta y ahora el expediente es analizado por la Cámara de Acusación.
Tres nuevos imputados
Por otra parte, al expediente se le agregaron recientemente otros tres imputados, a quienes se les dictaron prisiones preventivas, Hernán Gabriel Pizarro (50), Nancy Graciela Díaz (62) y Aldo Javier Leguizamón (53).
Pizarro es médico y fue detenido en agosto pasado en Villa María por supuesta venta de autos por pagar con la “suscripción” de One Coin.
