El fiscal de Instrucción del Distrito 1, Turno 2, Guillermo González, ordenó la prisión preventiva del inspector municipal Héctor Ignacio Jayo por extorsión y envió antecedentes para que se investigara el lavado de activos en inmuebles en Santiago del Estero a su par federal Maximiliano Hairabedian, en una nueva deriva de la causa de “la Banda de los Bomberos”, por la cual están detenidos dos exjefes de esa división policial: Gustavo Folli Pedetta y Gustavo Sosa.
González confirmó la prisión de Jayo por considerarlo “supuesto autor responsable de los delitos de extorsión en grado de tentativa reiterada (dos hechos)”.
“Banda de los Bomberos”: se desprende una causa por lavado de dinero en Santiago del Estero
“A Jayo se le atribuye haber hecho uso de su función como inspector municipal dependiente del CPC N° 7 de barrio Empalme para constituirse en reiteradas oportunidades en los locales comerciales Enpolex SRL, comercio ubicado en Calingasta N° 5520 de barrio Deán Funes, y Refricor SRL, negocio ubicado en avenida Sabattini 4745 de barrio Empalme, ofreciéndoles a sus respectivos propietarios y encargados una certificación de habilitación provisoria para que pudieran continuar ejerciendo la actividad comercial a cambio de una elevada erogación dineraria, y en caso de negarse, los intimidaba con la clausura directa del local comercial”, resume la acusación.
Los dueños de los negocios se negaron a su pedido e hicieron sus trámites de permiso provisorio en la misma oficina de habilitación de negocios de la Municipalidad y no ante el CPC, como pretendía Jayo. Habría otros casos, que siguen en investigación.
En las averiguaciones surgió que Jayo es propietario de una importante cantidad de bienes, como autos de alta gama, un patrimonio que no resulta coherente con el nivel de ingresos de un inspector municipal, por buenos sueldos que haya consolidado el gremio municipal del Suoem.
Lo que sorprendió aun más a la investigación es el hallazgo de que Jayo habría realizado reiteradas y millonarias transferencias bancarias a la cuenta de bomberos de la localidad de Frías, provincia de Santiago del Estero. Según consta en el expediente, esos fondos se habrían destinado a compras ficticias a un local comercial que se dedica a la venta de productos afines al trabajo de bomberos (rociadores, matafuegos, etcétera), que se ubica en inmediaciones del cuartel central de bomberos de Córdoba.
Jayo habría utilizado a una pariente que pertenece al cuerpo de bomberos de Frías, quien a su vez tendría familiares que ostentan cargos políticos en dicha localidad, sostiene la fiscalía.
En esta ramificación de la causa por los certificados truchos se llegó a que Jayo también tendría una importante cantidad de bienes inmuebles en la provincia de Santiago del Estero, pero puestos a nombre de familiares que viven allí. Por este motivo, González decidió desprender esta parte de la causa para remitir los antecedentes a su par fiscal federal Maximiliano Hairabedian, con la presunción de que existe la supuesta comisión del delito de lavado de activos.
En esta investigación, el fiscal Guillermo González ya confirmó la prisión preventiva para Folli y para Sosa, acusados de ser jefes de una asociación ilícita. Según la investigación, se ha podido demostrar que el primero de ellos (Folli), cuando fue designado en 2008, le dio origen a una estructura delictiva conformada por un grupo de policías que crearon “una oficina paralela en Bomberos, donde tramitaban certificados truchos, y esa modalidad fue seguida por Sosa”.
A Folli Pedetta se lo considera supuesto coautor del delito de asociación ilícita en carácter de jefe, autor mediato de aborto, de coacción y de tráfico de influencias reiterada en concurso real. En tanto, a Sosa se lo considera supuesto coautor del delito de asociación ilícita en carácter de jefe (artículo 210, 2° párrafo, del Código Penal).
“Se ha podido demostrar que el imputado Gustavo Folli, cuando fue designado director de Bomberos, en el año 2008, dio origen a una estructura delictiva, conformada también por un grupo de policías de menor jerarquía que trabajaban en el cuartel central de bomberos, creando una oficina paralela a la de Asesoramientos y Proyectos Técnicos, para tramitar los certificados de inspección de bomberos apócrifos”, indica el comunicado de la Fiscalía de hace una semana.
Otros siete acusados de la causa fueron liberados. Salieron de Bouwer con caución personal y bajo condiciones estrictas, como la prohibición de salir del país y la restricción de acercamiento a las oficinas donde se tramitan las habilitaciones de Bomberos.
Ellos son Julio Zárate, Eduardo Rivadero, Marcos Lúquez, José Gorocito, Mario García, Félix Calama y Roque Olmedo.
Mientras a Sosa y a Folli se les asigna el papel de presuntos conductores de la organización, a los demás se los acusa como presuntos integrantes: Zárate es personal retirado de Bomberos de la Policía; Rivadero era personal policial dentro de Bomberos; Lúquez reemplazó a Rivadero en la confección de certificados; Gorocito era chofer de la Subjefatura de Policía; Olmedo era mandatario de la firma Cyre SA y tenía conocimientos de higiene y de seguridad, mientras que los ingenieros García y Calama habrían falseado la realidad de las “inspecciones”, según la causa.
Si bien estos siete ya fueron indagados como presuntos miembros de la asociación ilícita, se espera que regresen –en libertad– a Tribunales para responder por los cargos “particulares”, es decir, los delitos que habría cometido la banda: extorsión o pedido de coimas. Se entiende que, “si se portan bien y cumplen las condiciones”, no volverían a la cárcel hasta que se haga el eventual juicio que puede costarles una condena de prisión efectiva.
Algunas fuentes judiciales insisten en que habrá más imputados y más detenidos. Ahora sería el turno de integrantes de la estructura administrativa de la Municipalidad de Córdoba, por un lado, y de comerciantes o industriales, por el otro.
Las líneas de la investigación son numerosas, se señala, sin revelar demasiado cuáles serían. Aparentemente, los “quioscos” de bomberos, policías o municipales serían unos cuantos, no sólo limitados a las habilitaciones de locales comerciales o de plantas industriales.
