Quizá enfrascado en un elevado sentido de impunidad, confianza extrema o desdén, un empresario de la carne atesoraba cocaína en su departamento, ubicado literalmente al lado del Juzgado Federal de Bell Ville. El juez Sergio Pinto, acostumbrado a liderar investigaciones por narcotráfico y lavado, procesó a Roberto Carlos Vítola por la presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y encubrimiento agravado por cometerse con ánimo de lucro.
El magistrado dictó el fallo antes de la feria judicial y ordenó el procesamiento con prisión preventiva. La defensa sólo apeló la preventiva, y la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones revocó recientemente esa medida y ordenó la libertad, con una caución real de $ 16 millones.
Un empresario y ¿vendedor de cocaína en Bell Ville?
Las sospechas comenzaron hacia fines de enero de 2022, cuando la Unidad Operativa Federal Bell Ville de la Policía Federal recibió una denuncia anónima con datos puntuales. De acuerdo con la información que llegó, en un frigorífico se encontraría un hombre llamado Vítola, quien estaría vendiendo cocaína en un boliche cercano a su trabajo.
Entre otros datos, especificó que manejaba una camioneta 4x4 de color verde (se aportó el dominio). El fiscal federal interino de la localidad, José María Uriarte, abrió una investigación y más de un año y medio después recibió una nueva denuncia contra Vítola, por lo que abrió otra causa y ambos expedientes se acumularon.
La persona –que no quiso identificarse por temor a represalias– apuntó contra Vítola. Indicó que este se dedicaría a vender cocaína, al parecer bajo la modalidad de “delivery” en su camioneta, mientras en paralelo trabajaba en el frigorífico.
El estupefaciente, siempre según la versión del denunciante, lo habría obtenido en barrio Bella Vista, de la ciudad de Córdoba, para luego venderlo en Bell Ville. El fiscal pudo establecer que Vítola se dedicaría a la matanza de ganado y al procesamiento de su carne, pero además se abocaría a la venta de drogas.
También arrendaría campos que serían de su propiedad y los habría cedido a una empresa local, además de dedicarse al abastecimiento de carne porcina con uno de sus dos hijos.
Cocaína y millones al lado del Juzgado Federal
El 17 de noviembre pasado, le secuestraron 28,47 gramos de cocaína que tenía en su Toyota Hilux, divididos en 12 envoltorios (fraccionamiento habitual en la comercialización de estupefacientes) ocultos en la guantera y en otro sector del rodado.
En su departamento, en calle Córdoba 256 (edificio Jockey Club), hallaron 80,1 gramos de cocaína en una caja ubicada en una de las alacenas de la cocina, una balanza de precisión para el fraccionamiento de la sustancia, casi $ 1,8 millones, dos cheques (por $ 70 mil y $ 100 mil, respectivamente) y U$S 825 estadounidenses.
En ambos casos, la droga habría estado lista para su venta. Lo curioso del caso es que el edificio colinda con la sede del Juzgado Federal (Córdoba 246), cuyo titular investiga y resuelve, entre otros delitos, casos vinculados al narcotráfico, la tenencia de drogas y el lavado de activos.
En otros domicilios se secuestraron $ 953 mil, dos Volkswagen Vento, una carabina semiautomática calibre 22 (con tenencia a nombre del imputado), una escopeta TAT calibre 12, 18 cartuchos y un rifle de aire comprimido. También se allanó el departamento de la novia de Vítola, en el mismo edificio, y una guardería.
Lo imputaron por supuesta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por encubrimiento agravado por cometerse con ánimo de lucro. El fiscal luego amplió la acusación, ya que Vítola habría adquirido o recibido de terceros U$S 800 falsos, con fines de lucro y con conocimiento de su procedencia dolosa, o que al menos debió sospechar provenientes de un delito. El dinero había sido incautado en su departamento.
Sospechas en la noche
Uno de los policías investigadores indicó que había observado al empresario a altas horas de la noche, presuntamente vendiendo drogas. “Una persona en moto se le acerca y él desde su ventanilla baja el vidrio y hace un ‘pasamanos’”, describió.
En el celular de Vítola hallaron un chat de WhatsApp que habría mantenido con un presunto “cliente” del estupefaciente pocos minutos antes de que el empresario fuera detenido. En otro diálogo con un NN, este le preguntó: “Hermano: soy el amigo del Orne! ¿Me hacés un g?”. La “g” aludiría a un gramo de droga. En otras ocasiones surgieron diálogos en los que pactaba un punto de encuentro.
Los pesquisas observaron que realizaba movimientos sospechosos por las tardes, hasta avanzada la madrugada: frenaba en algunas esquinas, se mantenía detenido por unos minutos (al parecer para desviar la atención de los investigadores) o hacía “pasamanos” con personas ocasionales, indicaron fuentes judiciales.
Para el juez Pinto, tales movimientos son “compatibles con maniobras de comercio de droga”. En su descargo, Vítola declaró que era drogadicto: “Soy adicto y estoy en ‘esto’. Y necesité nada más un poco de ‘esto’”. Sobre los dólares supuestamente apócrifos, indicó: “La verdad es que ni me acordaba que estaba esa plata; me llamó la atención”.
Pinto lo procesó a fines de 2023 y le dictó preventiva. El magistrado indicó que si bien tenía arraigo familiar y laboral, desde hace tiempo Vítola habría vendido drogas e intentado blanquear tal actividad con las demás tareas lícitas que presentó como indicadoras de arraigo laboral.
Para justificar la preventiva, sostuvo que el imputado tenía recursos económicos suficientes que le permitirían evadir la actuación judicial con cierta facilidad en un contexto en que la investigación sigue en un estado aún incipiente, con medidas probatorias a la espera de producción.
El fiscal Uriarte y la defensa sólo apelaron la preventiva. El acusador recalcó la relevancia del arraigo laboral, domiciliario y familiar sin indicadores de riesgo procesal para la investigación, mientras que la defensa pidió la excarcelación bajo caución.
El fiscal general de Feria, Carlos Casas Nóblega, sostuvo y convalidó el recurso de Uriarte ante la Cámara, que revocó la preventiva y ordenó la libertad, bajo caución de $ 16 millones.
