La muerte de Leonel Ayala, un docente de 32 años de Florencio Varela, Buenos Aires a causa de fentanilo contaminado, es uno de los 53 fallecimientos confirmados que están bajo investigación judicial por el uso de ampollas adulteradas de este potente opioide. La familia de Ayala denunció que desde el Hospital Italiano de La Plata, donde estuvo internado, se les ocultó información sobre lo sucedido.
Leonel, un licenciado en Educación con un excelente promedio, profesor de música y docente de nivel superior, había cumplido su sueño de ser inspector de enseñanza artística. A principios de marzo, su salud se complicó debido a un problema de vesícula. Ingresó a una clínica en Ranelagh por un dolor abdominal, donde le diagnosticaron un cálculo en la vesícula que obstruía el páncreas. Sus hermanos, Alejandro y David, afirmaron que él era “sano, no tenía ninguna enfermedad preexistente”.
Según el relato familiar, Leonel evolucionó favorablemente y estuvo a punto de recibir el alta. Sin embargo, antes de ser dado de alta, le programaron una endoscopia que, de acuerdo con el análisis de un perito de la familia, resultó ser “innecesaria” para su cuadro clínico. En Ranelagh le realizaron una CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica).
El 15 de marzo, fue derivado al Hospital Italiano de La Plata, donde su situación se agravó. Allí, le aplicaron fentanilo para mitigar el dolor. Poco después de recibir el medicamento, Leonel comenzó a presentar fiebre y una neumonía que los médicos no lograban controlar. Falleció el 12 de abril, tras un mes de agonía. El acta de defunción consigna como causa “pancreatitis aguda y paro cardiorrespiratorio”, pero sus hermanos no se conformaron con ello y comenzaron a indagar.
La familia Ayala sostiene que a Leonel se le administró fentanilo durante 30 días, a pesar de que las recomendaciones médicas sugieren no exceder los 15 días en terapia intensiva. Además, inicialmente se les informó sobre una bacteria incontrolable, pero la familia sospechó que todo apuntaba a fentanilo contaminado. Descubrieron el escándalo a través de las noticias y, aunque el hospital les negó todo al principio, tras asesorarse con un abogado y solicitar informes, confirmaron que el lote de fentanilo aplicado a Leonel estaba entre los adulterados.
“Si no hubiéramos tenido la fuerza para investigar, esto pasaba desapercibido. Y creemos que hay muchas familias que ni siquiera saben lo que pasó con sus seres queridos”, afirmaron sus hermanos. Describieron a Leonel como una persona y profesional “excelente”, comprometido con la educación pública, incluso aportando dinero de su bolsillo para comprar instrumentos para sus clases en escuelas de zonas vulnerables. “Quería un mundo mejor y trabajaba por eso todos los días. Su vida era esfuerzo, dedicación y resiliencia”, concluyeron, calificando lo sucedido como “injusto y doloroso”.
La investigación
El caso de Leonel Ayala es sólo uno dentro de una causa judicial de gran magnitud, que ya contabiliza 53 muertes y 90 personas afectadas. La investigación se centra en posibles fallas en el proceso de elaboración del fentanilo. En las últimas horas, se realizaron allanamientos simultáneos en 22 empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario, San Nicolás y Ramallo.
El juez federal Ernesto Kreplak investiga a las compañías Pharma Group S.A. y Ramallo S.A., además de droguerías vinculadas, por presuntas irregularidades en la producción y distribución del opioide. La Anmat ya había emitido alertas previas por deficiencias en las prácticas de manufactura.
Según informes oficiales, el fentanilo contaminado fue utilizado principalmente en terapias intensivas de 19 centros médicos distribuidos en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Neuquén y Santa Fe. Las víctimas, internadas por diversas razones, sufrieron infecciones generalizadas fatales tras recibir el medicamento.
Ante la gravedad del caso, el Gobierno nacional se presentó como querellante a través del Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, buscando “reforzar la intervención del Estado en una causa de alto impacto sanitario” y garantizar el esclarecimiento para proteger la salud pública. El foco judicial está puesto en dos lotes específicos del opioide, los cuales ya fueron retirados de circulación. La dimensión de esta tragedia sanitaria continúa en expansión mientras la causa avanza.
