Los dos cofundadores de la “ecoaldea” Umepay, ubicada en el valle de Calamuchita, imputados por la Justicia por el presunto delito de usurpación, deberán abandonar el inmueble en cuestión en pocos días.
El Juzgado de Control de los tribunales de Río Tercero confirmó el decreto de la fiscal Paula Bruera del mes de mayo que había solicitado el “lanzamiento de los ocupantes”, es decir, el abandono provisorio del inmueble mientras se desarrolla la investigación.
En el mismo fallo, rechazó la oposición interpuesta por el abogado de los sospechosos, Mario Bongianino. El letrado aclaró que la medida aún no está firme y que están analizando si la apelan o esperan la absolución. “No hubo violencia, clandestinidad ni abuso de confianza, son ingenuos adquirentes de buena fe”, indicó el letrado.
“Es tan claro el fallo de la jueza confirmando el decreto de la fiscal que apelar el mismo solo sería dilatar la expulsión de los usurpadores del campo”, opinó, por su parte, el abogado querellante Federico Pizzicari. Subrayó que su cliente, además, fue perjudicado por la indisponibilidad del inmueble durante más de ocho meses que no le permitía ingresar a otro campo pegado.
El caso
Tras la denuncia de quien posee los derechos posesorios del inmueble ubicado en la zona rural de Villa Yacanto denominada “Las Bagualas”, la Justicia imputó a dos personas cofundadoras de la eco-aldea Umepay, sospechadas de haber usurpado el campo de 22 hectáreas colindante a dicho desarrollo inmobiliario.
En el caso, hay un tercer imputado como partícipe necesario: el cuidador del campo en cuestión y exempleado del denunciante.
Pizzicari detalló que su cliente, oriundo de Villa María, es titular de los derechos posesorios del campo que, por su cercanía con el río Grande, tiene un alto valor inmobiliario.
Contó que, previamente y como consta en el expediente, había mantenido conversaciones (entre 2020 y 2022) con una de las personas imputadas, quien demostró interés en adquirir la propiedad que colinda con la ecoaldea, reconociendo, de esa forma, al denunciante la titularidad del inmueble.
El letrado relató que, en una maniobra que consideró “burda”, aprovecharon la ausencia del dueño para firmar un boleto de compra-venta con el casero del campo y ocupar la propiedad, en noviembre de 2023.
Cuando su cliente llegó, ya no estaba su empleado y en su lugar había dos personas y dos casillas móviles y no le permitieron el paso, ya que había un candado en la tranquera. Aseguró que los denunciados no pueden desconocer quién es el real dueño de las tierras, por el manifiesto interés en la compra del inmueble.
