Una gigantesca maquinaria conformaban la cúpula de Establecimiento Penitenciario N°5, de Villa María, un grupo de detenidos del Pabellón 11 de esa cárcel que explotaban un call center para cometer estafas telefónicas con total discrecionalidad, policías que avisaban de los allanamientos de la Justicia y “apoyos externos” que a través de cuentas bancarias facilitaban el cobro del dinero obtenido por los estafadores, según reconstruyó la acusación judicial.
El fiscal de Delitos Complejos N° 1 de la ciudad de Córdoba, Enrique Gavier, detectó la operatoria a partir de las denuncias de cientos de damnificados que se distribuían en los más diversos lugares del país. Luego de las detenciones producidas en la segunda mitad del año pasado, el instructor ahora dicta la prisión preventiva a 26 personas, entre las cuales se destacan las tres máximas autoridades de ese penal: el director, Andrés Américo Aciar; el subjefe de operaciones, Edgar Ezequiel Arroyo; y el jefe de seguridad, Néstor Gómez.
Los tres altos jefes penitenciarios están acusados de conformar junto al “pluma” del pabellón Sebastián Ezequiel “Pitu” Moyano la supuesta asociación ilícita que manejaba el centro de llamadas telefónicas a cargo de numerosos reclusos.
Mientras a los jefes penitenciarios se les adjudica el papel de dar los “permisos de explotación”, a “Pitu” Moyano se le asigna, como “capo” del Pabellón 11, las tareas de traficar los celulares y organizar el call center tumbero que cometía las estafas.
Con los permisos y la discrecionalidad que disponían, los movimientos de los presos-estafadores se realizaban con total impunidad, según pudo verse en un video que se filtró extramuros horas después del allanamiento de mediados de setiembre de 2023. Habían montado una oficina con computadoras, celulares y todo tipo de tecnología, moviéndose con total comodidad y sin ningún tipo de control.
Gavier también investiga irregularidades en otros centros de detención provinciales, como las cárceles de Bouwer, la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA, en Córdoba) y Cruz del Eje. La “causa Bouwer” arrastró a altas autoridades del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), entre ellos al jefe “intocable” durante 15 años, Juan María Bouvier.
También hay numerosos detenidos, entre miembros del SPC, reclusos, punteros políticos y hasta abogados penalistas. El fiscal aún no resolvió la situación procesal de este grupo de imputados de asociación ilícita cuyos fines serían la explotación de “quioscos” para recolectar dinero a cambio de favores, “promociones” o la evitación de “males mayores” en el encierro.
La medida cautelar
Volviendo a la “causa Villa María”, estalló el 14 de septiembre de 2023, cuando se lanzaron más de tres decenas de allanamientos en ese penal y en diversos puntos de la provincia. Allí cayó la cúpula del presidio, se desmontó el call center en el Pabellón 11 y se desarticularon todos los brazos ejecutores dentro y fuera del presidio.
Gavier acaba de resolver la situación procesal de 26 personas, dictando la prisión preventiva a los tres jefes penitenciarios, al “pluma” “Pitu” Moyano, tres “delatores” relacionados con la Brigada de Investigaciones de Policía de Bell Ville que habrían avisado de los allanamientos, los reclusos que siguen privados de la libertad y los que extramuros hacían los “trámites bancarios”.
Además de los cuatro principales acusados, que están imputados como jefes y organizadores de “asociación ilícita”, Gavier adjudica la misma acusación pero en calidad de miembros a Lisandro Omar Agasal, Jonathan Emanuel Tordable, Iván Fernando Cittadini, Carlos Daniel Orodá, Fabián Emmanuel Gallardo, Braian Nicolás Silva, Cristian José Vera, Daniel Jonatan Santucho, Ignacio Javier Peralta, Ulises Nicolás Moyano, Nancy Pamela Rosales, Carmen Isabel Vázquez, Sofía de los Milagros Abbas, Omar Jesús Urcia, Mariana Soledad Pombo, Franco Gastón Vázquez, Agustín Valdez, Joel Elías Vázquez, Laura Soledad Moreno, Mauricio Eduardo Fernández, Santiago Mauricio Martín y Mauricio Marcos Agüero.
Si bien no ha avanzado mucho en lo que respecta al análisis de las defraudaciones cometidas por el call center, el fiscal también les dicta la cautelar a “Pitu” Moyano, Vázquez, Abbas, Tordable y Cittadini, sumándoles la acusación de autores de “estafas”.
Luego, por haber sido infidentes, al revelar secretos clave de la investigación, el instructor cordobés reprocha el delito de “violación de secreto” a Santiago Mauricio Martín; mientras que les suma a los policías de Bell Ville, Mauricio Marcos Agüero, Santiago Mauricio Martín y el civil Mauricio Eduardo Fernández el cargo de “encubrimiento agravado”, por dar aviso de los allanamientos.
Otras causas
No hay que olvidar que en la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba, se está juzgando una causa similar, también por estafas reiteradas y asociación ilícita relacionada con la explotación de otro call center “tumbero” en la misma cárcel de Villa María. Aquí también los acusados son muchos: 28.
La causa, está por llegar a los alegatos y sentencia con la posibilidad de que el fiscal de Cámara Gustavo Arocena acuerde con las defensas el resarcimiento a los damnificados a cambio de reducciones de penas.
Del mismo modo, en esa misma cámara también se juzgaron actividades de call center tumbero en la cárcel de Bouwer. El debate concluyó en 2023 con condenas significativas a los acusados, en especial al conocido narcotraficante René “Chancho” Sosa, a seis años de prisión. El guardiacárcel que introdujo los celulares recibió tres años de prisión.
