El fiscal Enrique Gavier lleva adelante una de las investigaciones más trascendentes con inicio durante 2023 en Tribunales II de Córdoba: las irregularidades en al menos tres de las cárceles más importantes de la provincia. A grandes rasgos, podría resumirse que pone énfasis en la instalación de “quioscos” (cobro de dinero a cambio de favores) en los penales de Cruz del Eje y Bouwer, más el funcionamiento de un call center tumbero en el establecimiento penitenciario de Villa María.
En esa causa de instrucción incipiente han sido detenidos integrantes del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) -entre ellos, quienes eran los más altos directivos-, jefes de esos penales, otros guardiacárceles, reclusos y hasta abogados defensores.
Como antecedente de todo esto, llegó este martes a juicio a la Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba una causa instruida por este mismo fiscal. En el expediente se analizan estafas telefónicas cometidas en la cárcel de Villa María entre fines de 2017 y comienzos de 2019.
En el banquillo de los acusados se han sentado 28 personas, entre detenidos que supuestamente manejaban el call center intramuros (con anuencia de autoridades penitenciarias) y familiares o allegados que les ayudaban para recibir el dinero recaudado por engaño a las víctimas.
Los damnificados, a través de llamados de celulares desde la cárcel, son cientos de personas desperdigadas por toda la geografía nacional.
Engaños tras engaños
Según la acusación, el principal ardid estafatorio esgrimido por este numeroso grupo era el “cuento” de un préstamo bancario que, para ser beneficiario, debía tramitarse a través de los cajeros automáticos.
En el trámite -mediante la conversación telefónica simultánea- los estafadores robaban los datos de las cuentas bancarias o inducían a la víctima a hacer transferencias hacia cuentas recaudadoras a nombre de allegados a los detenidos.
También se indicaba que debían hacer envíos de dinero -para acceder al préstamo- haciendo depósitos en empresas como Rapi Pago o Western Union, según la causa.
Los principales acusados que llegaron al juicio como presuntos organizadores de la asociación ilícita son quienes eran reclusos al momento de la constitución de la banda: Daniel Alejandro Barroso (37), Mario Leonardo Ariel Heredia (34), Rubén Alejandro Heredia (28), Emanuel Nicolás Ruiz (30), Josué Gabriel Tejeda (29) y Juan Manuel Vázquez (34).
En otras palabras, los presuntos “operadores” del call center.
Además de esos seis, se considera que eran necesarios para consumar las estafas telefónicas -por su aporte en la recepción del dinero, su atesoramiento y su distribución al resto de la banda- otros 22 imputados que operaban “desde afuera” de la cárcel.
Los acusados son: Juan Pablo Villarruel (41), Jorge Ruiz (70), Diego Sebastián Almada (48), Sergio Rubén Carranza (54), Matías Exequiel Miguez (29), Leonel Miguez (27), Mirta Yolanda Bazán (38), Silvana Haydée Sarmiento (51), Cristian Alberto Pirani (45), Sandra Yohana Morán (36), María Del Carmen Vázquez (57), Verónica Elizabeth Rodríguez (37), Yanina Dip Romero (35), Cesia Jemima Garro (31), Aldana Álvarez (29), Juan Eduardo Cuevas (22), Mayco Roasenda (33), Julia Centeno (52), Liliana Rojo (34), Tania Judith Rojo (32), Saúl Aníbal Rosales (39) y Micaela Mabel Torres (32).
La primera jornada de este juicio sirvió para hacer los primeros trámites de rigor de todo debate oral y público, con el extenso grupo de acusados quienes se identificaron y dieron sus datos personales al tribunal titular de esta cámara dedicada al análisis de delitos complejos: Juan José Rojas Moresi (presidente), Carlos Palacio Laje y Mario Centeno.
Sigue el debate
En realidad, sólo fueron interrogados 18 de los acusados, quedando 10 para la próxima audiencia.
La ocasión fue propicia para apreciar como flamante fiscal titular de esta misma cámara a Gustavo Arocena, quien hasta diciembre se desempeñó como subrogante.
El escenario es la inmensa sala donde se efectuó el juicio por el asesinato de Blas Correas (entre fines de 2022 y marzo de 2023) que por sus dimensiones sirve para recibir este juicio oral. En ese recinto que años atrás servía de sede de la fiscalía de Gavier, se logra ubicar a los numerosos integrantes de las partes: 29 acusados, sus abogados, el tribunal, los acusadores y el personal de la cámara.
Tras el inicio del debate, en horas de la siesta se decidió abrir un cuarto intermedio y continuar el próximo miércoles.
Para esa vista se prevé que algunos de los acusados (y sus defensores) expresen su decisión de reconocer los hechos, con el acceso al trámite de un juicio abreviado.
Nadie ha mostrado las cartas hasta ahora, pero ya trascendió que algunos defensores estarían negociando las penas con el fiscal de cámara para reconocer los hechos, mostrar el arrepentimiento de los imputados y abreviar el juicio.
No obstante, eso no sería para el conjunto de los acusados, sino para algunos. Por lo visto, una buena parte de los imputados está dispuesta a discutir la prueba que el fiscal Gavier elevó a juicio.
