Muros afuera los habían bautizado “los Loros”. Es que muros adentro la banda de presos había creado, montado y aceitado un aparato delictivo que les generaba muy buenos dividendos. Les habían puesto “los Loros” porque habían aprendido un engaño que repetían una y otra vez a la perfección.
El ardid giraba sobre autos a la venta. Puro fraude.
Desde la cárcel de Río Cuarto –la tercera en importancia en Córdoba después de Bouwer y de Cruz del Eje–, “la banda de los Loros” había comenzado a estafar a víctimas de Salta.
Desde aquella provincia, llegaron investigadores a Río Cuarto para, con apoyo de colegas cordobeses, allanar celdas, secuestrar celulares e identificar a presos. En paralelo, cayeron cómplices muros afuera tanto en Córdoba como en la provincia norteña.
El operativo contra “la banda de los Loros” es, por ahora, el último “call center tumbero” desbaratado en Córdoba.
Horas antes, a su vez, una comisión de investigadores de San Francisco había allanado la cárcel de Villa María por estafas telefónicas.
En Córdoba, “los call centers tumberos” han cumplido ya 20 años de existencia ininterrumpida de operatoria en los distintos penales de la provincia.
Si bien el ingreso de celulares a los presidios data de los primeros años de la década de 2000, fue en 2005 cuando comenzaron a concretarse las primeras estafas mediante teléfonos con el cuento de los secuestros virtuales en la vieja Penitenciaría de barrio San Martín y luego en el penal de Bouwer.
De todos modos, fue en 2015 cuando la entrada ilegal de esos aparatos (prohibidos muros adentro) y sus demás implementos (como cables y chips) se extendió, se multiplicó y se diversificó en múltiples pabellones de los distintos presidios cordobeses: Bouwer, Cruz del Eje, Río Cuarto, Villa María y San Francisco.
Los teléfonos llegaron a manos de presos que se “profesionalizaron” en aquello de montar bandas organizadas para cometer toda clase de actividades ilegales muros adentro y con complicidad de secuaces en el exterior. Muchas se perfeccionaron en una amplia multiplicidad de estafas. Otras empezaron a dirigir negocios narcos (dentro y fuera de pabellones) y hasta ordenar venganzas armadas, ajustes y crímenes en barrios de la Capital.
Recientemente, la Justicia de Córdoba dictó cinco perpetuas por el crimen narco de un hombre tramado y ordenado desde prisión.
Que los “call centers tumberos” existan desde hace décadas encuentra explicación en la acción (o inacción) del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
En las investigaciones judiciales hablan de corrupciones.
El fiscal Enrique Gavier, de Delitos Complejos de Córdoba y quien detuvo a numerosos (ex) altos jefes del SPC con Juan María Bouvier a la cabeza por presunta asociación ilícita, resalta que en 2015 las bandas terminaron por organizarse con los celulares que les dejaban entrar.
Esos teléfonos pudieron entrar y ser revendidos a altísimos costos en pabellones, además de drogas, por corrupciones diversas de jefes penitenciarios, según las acusaciones de Gavier.
Precisamente, días atrás, el fiscal mandó a juicio la primera “pata” del amplio expediente judicial por presunta corrupción del SPC.
Pidió que fuera juzgado por asociación ilícita el exjefe penitenciario Sergio Guzmán, quien supo ocupar altos cargos en Bouwer, en Cruz del Eje y hasta en la Alcaidía por años. Junto con él fueron enviados a juicio tres abogados y dos civiles.
La organización –según fiscalía– habría cometido durante años una amplia gama de delitos, además del ingreso de celulares, como el cobro de coimas a internos para que accedieran a distintos beneficios muros adentro.
Descontrol y años sin respuestas
En 2005, arrancaron las primeras bandas de presos con los secuestros virtuales: un interno llamaba a una víctima, amenazaba con tenerle secuestrado un familiar, mientras otro reo lloraba y gritaba por atrás.
Otro método de engaño fueron las llamadas por falsos sorteos y premios.
Un preso (Carlos Alberto González) llegó a coleccionar condenas por un aluvión de estafas cometidas desde el pabellón que fuese. El fiscal Marcelo Hidalgo, quien lo cercó, cree que “el Gallego” fue un docente de esas maniobras con otros pares.
Con el paso de los años, ya no hubo víctimas sólo en la Capital.
Los damnificados comenzaron a acumularse en el interior y en otras provincias. Primero, Buenos Aires y Santa Fe. Luego, los casos impactaron en otras provincias como las del norte, el sur o Cuyo: eran víctimas que desconocían esas matufias.
El 2020 de la pandemia fue un gran año para los “call centers tumberos” de Córdoba.
Con una amplia y variada cantidad de celulares, presos de Bouwer y de Cruz del Eje comenzaron a ejecutar toda clase de estafas telefónicas con una multiplicidad de ardides: vacunación, asignaciones familiares, subsidios y, claro, sorteos (truchos) para gente que estaba encerrada en casa.
Durante los años sucesivos, las estafas se extendieron y se diversificaron aún más. Ya surgieron bandas mixtas: presos hacían las llamadas, sus cómplices externos recogían el dinero depositado en cuentas de bancos.
El sistema 4G encontró a presos encerrados que podían estafar desde sus celdas con complejas maniobras por WhatsApp. No sólo que engañaban, sino que hasta hacían que las víctimas sacaran préstamos sin saberlo. Todo, desde cárceles.
En paralelo, con tanto celular muros adentro, “plumas” y otros presos de peso aprovecharon para seguir manejando sus negocios desde sus celdas: drogas, robos, ajustes, venganzas. Incluso, a plomo.
Mientras, un poco por decisión propia, otro poco por pedidos judiciales, la Provincia fue colocando inhibidores de celulares para tratar de frenar tanto descalabro.
Bouwer fue la primera localidad en alzar la voz: tan “fuerte” era la señal de bloqueo que interfería las comunicaciones de los vecinos. Eso fue lo que puntualizó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) tras pedirle al Gobierno que bajara o frenara la intensidad de las interferencias.
Reclamos iguales iban a producirse luego en Cruz del Eje.
El fiscal Gavier comenzó a investigar al SPC en 2023.
Fue luego de que le llegó una información sobre connivencia de presos con guardias.
El funcionario comenzó a tirar de la cuerda de la pesquisa cada vez más. Y más. A fines de 2023, provocó un terremoto: detuvo al (ex) jefe del SPC Bouvier y a una nutrida cantidad de exjefes subalternos. Todos, acusados por asociación ilícita.
En la fiscalía entienden que por años funcionaron, muros adentro, mafias penitenciarias que presuntamente cobraban por todo y para permitir todo. Ya no sólo celulares y equipamiento, sino también drogas, permisos para traslados, cursos ficticios para mejorar prontuarios, visitas íntimas, peajes para “plumas”.
Había un tarifario para presos. En 2024, un celular básico cotizaba entre $ 600 mil y $ 800 mil.
Esa presunta mafia penitenciaria era un “cogobierno” dentro de prisión, según el fiscal.
Gavier ya mandó a juicio la primera parte de la presunta trama de corrupción del SPC.
En unos meses, lo mandará a Bouvier y compañía, quienes, por cierto, dicen que son inocentes y que no saben de qué les están hablando.
