En poco más de una semana, el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) secuestraron más de 200 celulares en tres penales de la provincia de Córdoba.
El último allanamiento se llevó a cabo el pasado 17 del corriente en la penitenciaría de Cruz del Eje: en el marco de una requisa por los distintos pabellones se secuestraron 51 celulares.
Junto a los teléfonos, durante los allanamientos de las celdas se hallaron 29 chips de distintas empresas telefónicas, 36 plaquetas electrónicas, 40 cables USB y dosis hasta el momento no contabilizadas de cocaína y marihuana.
Los operativos fueron realizados por personal del SPC y de la FPA con apoyo externo de la Policía de Córdoba.
Cinco días antes, en la cárcel de Villa María también se llevó a cabo otro megaoperativo.
Todo comenzó el viernes 13 de diciembre por la mañana, cuando las fuerzas irrumpieron en las celdas y por varias horas recorrieron los pasillos de aquel presidio.
El resultado fue contundente: secuestraron 115 celulares, 12 paquetes de marihuana y entre 10 y 12 envoltorios de cocaína, según confiaron fuentes allegadas a las investigaciones.
Entre las pertenencias de los presos también se encontraban elementos punzantes y armas tumberas, de acuerdo a lo informado por los pesquisas.
En diálogo con la prensa, el juez Arturo Ferreyra reconoció la importancia del operativo: “Estamos a fin de año y se registra gran cantidad de estafas telefónicas. Esto ayuda a disminuir los delitos que ocurren desde adentro de la cárcel”.
En Bouwer también
El 10 de diciembre se había registrado el primer operativo de la serie de allanamientos masivos en las cárceles, esta vez en el Complejo Carcelario Nº 1 “Reverendo Francisco Luchesse”, conocido como la cárcel de Bouwer.
Durante la requisa se secuestraron 68 celulares, cuatro fuentes de alimentación, 24 cargadores, 11 plaquetas de cargadores, 41 cables USB, 18 chips, un microchip, nueve auriculares, 46 púas carcelarias, un cuchillo de fabricación casera, 188 envoltorios de marihuana; 399 dosis de cocaína y $ 777.400.
En este megaoperativo se vieron implicados más de mil uniformados, entre los que tomaron parte miembros del SPC, la FPA, Gendarmería y la Policía de Córdoba.
Por un lado, actúa la fiscalía de instrucción de José Mana (ámbito común) donde se investigará todo lo relacionado a los celulares, chips y demás elementos tecnológicos que, a priori, eran usados hasta hoy en uno o varios “call centers” tumberos.
En paralelo, la fiscalía de Carlos Cornejo (antinarcomenudeo) analizará las redes que comercializaban estupefacientes dentro de la cárcel.
Ahora lo secuestrado será objeto de investigaciones judiciales. No se informó sobre imputaciones. No se descarta que las causas puedan ser giradas a otras fiscalías. Puntualmente, a la del fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno de Córdoba, Enrique Gavier.
Gavier tiene bajo su órbita una serie de investigaciones que involucran a exaltos jefes del SPC (presos) por presuntos hechos de corrupción en los últimos tiempos como permitir el ingreso de celulares y drogas, entre otras sospechas.
“Calls centers” en cárceles
Durante las últimas semanas se volvieron a encender las alarmas en las altas esferas de Seguridad por las estafas desde celulares que se multiplican en modalidad y cantidad.
Todas las miradas apuntan a las cárceles de la provincia, desde donde se investigan a distintas bandas que utilizan teléfonos celulares para contactar a sus víctimas y apoderarse de sus datos personales, como las cuentas de WhatsApp, información bancaria y hasta para “hackear” sus cuentas de mail.
Mediante estas operaciones, los estafadores buscan hacerse con grandes sumas de dinero haciéndose pasar por las víctimas, tal como ocurre con la suplantación de identidad de los usuarios de WhatsApp.
Contactan a allegados y familiares con la excusa de solicitar una ayuda de dinero momentánea e intentan robar así grandes sumas de dinero.
La aparición de esta gran cantidad de teléfonos celulares –elementos que están prohibidos en las prisiones– vuelve a dejar en evidencia, para las autoridades, que hay un tráfico ilegal de equipos cuya actividad está en su auge.
