Luego de que el fiscal provincial Enrique Gavier le dictara la prisión preventiva acusado del ingreso de celulares y droga a la cárcel de Bouwer, el empresario frigorífico Alicio Dagatti intentó que su causa pase a la órbita de la Justicia federal.
El exministro de Justicia de Mauricio Macri, Germán Garavano, confirmó haberse sumado a Matías Pueyrredón en la defensa de los Dagatti. Alicio y su hijo Ignacio Dagatti están detenidos desde diciembre de 2024, imputados como presuntos jefes de una asociación ilícita destinada a ingresar elementos prohibidos a establecimientos penitenciarios provinciales.
“He copatrocinado un planteo de competencia conforme a precedentes de la Corte Suprema de Justicia ante la Justicia Federal, que seguramente resuelva dicho alto tribunal en algún momento”, expresó Garavano a La Voz.
Según trascendió, la defensa apunta a demostrar que existe una red de transporte y venta de droga en la cárcel de la que Dagatti sería totalmente ajeno. Entre otros datos, remarcaría que, de acuerdo a los dispositivos de geolocalización, luego de salir del frigorífico Livorno, el camión se habría detenido más de 20 minutos en dos lugares, en una estación de servicio de Río Cuarto y en barrio Miralta de Córdoba.
Se presume que los Dagatti consideran que en el fuero federal sería más factible una excarcelación. Pero su planteo acaba de ser descartado.
Primero, el fiscal federal Enrique Senestrari emitió un dictamen desfavorable. Y este lunes, el juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freites terminó de rechazar el planteo de los Dagatti y de su cuerpo de abogados.
La defensa aspiraba a que el fiscal provincial de Delitos Complejos, Enrique Gavier, remita todas las actuaciones a la Justicia federal. Entre otros argumentos, Garavano y Puerredón mencionaban que, entre las medias reses del llamado “camión narco” interceptado en Bouwer (en diciembre de 2023), se secuestraron 1.775 gramos de marihuana, divididos en cuatros ladrillos, “de 450 gramos cada unidad”, a lo que se suma el secuestro de 9,24 gramos de cocaína y elementos de telefonía celular.
En su escrito sostenían que “en ningún caso puede considerarse que el material secuestrado esté fraccionado en dosis destinadas directamente al consumidor”, asuntos que investiga la Justicia provincial.
Revés para los defensores de Dagatti
Entre otros argumentos, el fiscal Senestrari remarcó que en la causa por el ingreso de droga a Bouwer ya fue condenado el chofer del camión, Néstor Roberto Lucero. Y resaltó que la cuestión de competencia material no fue controvertida. A Lucero le dieron una pena de cinco años y dos meses de prisión el 29 de noviembre de 2024. Días antes, declaró haber actuado a pedido de Alicio Dagatti.
Senestrari citó jurisprudencia en contra de la “atomización” de las actuaciones, “los inconvenientes que generaría una duplicación del proceso”, y el riesgo de que se dicten “resoluciones contradictorias respecto de un mismo evento”.
Para el fiscal federal, girar al fuero federal actuaciones en plena instrucción e íntimamente relacionadas con una causa con sentencia condenatoria, “iría en detrimento del criterio sentado por la Cámara Federal de Casación”.
Senestrari mencionó que “los estupefacientes que se intentó ingresar al establecimiento penitenciario, más allá de su disposición y teniendo en cuenta su escasa cantidad y el lugar al cual iban dirigidos, eran ineludiblemente para la venta al menudeo a los internos del penal”. Con todo, descartó al delito de “transporte de estupefacientes” e interpretó la solicitud de la defensa “como una mera estrategia para colocar a los imputados Dagatti en una situación más favorable”.
¿Por qué el juez federal rechazó el planteo a Garavano?
El juez Sánchez Freytes analizó que, de acuerdo al hecho fijado por Gavier, la presunta organización criminal de la asociación ilícita por parte de los imputados Alicio Dagatti, su hijo, Ignacio Dagatti y el gerente del frigorífico Livorno, Luis Mina, “es preexistente al hecho del narcotráfico”.
Consignó que la competencia federal para el delito de asociación ilícita está determinada por la naturaleza de los hechos delictivos cometidos y su posible afectación a intereses federales.
Para el magistrado, el caso Dagatti no trasciende la jurisdicción de la Provincia. Se considera que el objeto central de la investigación de Gavier es impedir la introducción de teléfonos en las cárceles, para evitar la comisión de estafas telefónicas y otros delitos en el marco del llamado “call center tumbero”.
Con todo, el juez Sánchez Freytes rechazó el planteo de Garavano y Pueyrredón, quienes pueden apelar y hasta llegar a la Corte Suprema.
Mientras, la causa seguirá en manos de Enrique Gavier, el fiscal de Delitos Complejos que, además del poderoso empresario del sur y presidente del Club Estudiantes, tiene a otros siete detenidos por el ingreso de elementos prohibidos en la cárcel cordobesa de Bouwer.
