Desde el 4 de diciembre de 2024, el empresario frigorífico y de medios del sur cordobés Alicio Dagatti está detenido, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a ingresar teléfonos y droga en establecimientos penitenciarios de la Provincia.
Aunque se ordenó su libertad en tres ocasiones –la última, el 1º de julio–, Dagatti sigue preso. El caso revela una compleja trama de acusaciones y resoluciones con criterios judiciales diferentes.
Dagatti enfrenta tres investigaciones.
Todas parten de un mismo hecho: el ingreso de teléfonos celulares y droga escondidos entre las medias reses del frigorífico Livorno, detectado en la cárcel de Bouwer el 26 de diciembre de 2023, según la Justicia.
La imputación principal es como supuesto jefe de una presunta asociación ilícita. Fue dispuesta por el fiscal Enrique Gavier por el presunto ingreso de siete celulares y otros elementos, supuestamente destinados al “call center tumbero”.
Una segunda causa se le abrió a Dagatti en febrero de 2025 por la droga hallada en el mismo camión frigorífico: 1,7 kilos de marihuana, nueve gramos de cocaína y dos blísteres de clonazepam.
Está a cargo de la fiscal Paulina Lingua, del fuero Antinarcomenudeo.
Allí Dagatti tiene orden de detención desde mayo pasado. Esta es la investigación que hoy lo mantiene privado de su libertad.
La tercera acusación es por supuesta comercialización de carne en mal estado.
Se presume que las medias reses que le devolvieron a Livorno, después de interceptar el camión, las “reperfilaron” y las volvieron a ingresar al penal (por eso está imputado también un veterinario)
Idas y vueltas entre jueces y fiscales
El fiscal Gavier detuvo a Alicio Dagatti, a su hijo Ignacio Dagatti y a Luis Mina, directivo de Livorno, el 4 de diciembre de 2024.
Luego imputó a seis personas más, entre las que figuran el guardiacárcel Ramón Farías y la abogada Virginia Collosa.
El 6 de marzo de 2025, una jueza declaró de oficio la nulidad absoluta de las detenciones dispuestas por Gavier, por falta de fundamentación. Dispuso el recupero de libertad. Pero, ese mismo día, el fiscal dictó las prisiones preventivas, y quedaron presos.
La principal prueba contra Dagatti es la declaración de Néstor Roberto Lucero, el chofer del transporte que intentó introducir las sustancias prohibidas en Bouwer.
Lucero ya fue juzgado por el llamado “camión narco en Bouwer”. El 29 de noviembre de 2024, en un juicio abreviado, la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba lo condenó a cinco años y dos meses de prisión por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el lugar de comisión”.
Pero la clave del caso es que, días antes de la condena, el 11 de noviembre, Lucero presentó una carta reservada para el tribunal. El texto se conoció recién después del fallo.
Allí Lucero dice que Alicio Dagatti era quien le “entregaba la droga para Bouwer” y que lo tenía “amenazado de muerte”, a él y a su familia, según sus dichos.
En dos declaraciones posteriores al juicio, el 6 y el 19 de diciembre, Lucero amplió tales acusaciones frente al fiscal Gavier.
Por presunta “autoincriminación”, esas testimoniales fueron declaradas nulas por el juez de Control 7, Milton Peralta.
El 17 de junio, el magistrado revocó la prisión preventiva de Dagatti y ordenó su libertad con una fianza de U$S 900 mil.
Entonces, el fiscal Gavier imputó a Dagatti otro delito. Le abrió la causa por supuesta “comercialización de alimentos en mal estado reiterado” y volvió a disponer su detención.
A las pocas horas, con duros términos, el juez Peralta declaró nula la orden de Gavier.
Insistió en que a su juicio no existe riesgo procesal, volvió a ordenar la liberación del empresario y puso en conocimiento del tema al Superior Tribunal.
Pero al día siguiente, en la causa por drogas, hubo una resolución que podría dejar a Dagatti preso por bastante tiempo más.
¿Riesgo de fuga o de entorpecimiento?
Dagatti ya estaba privado de su libertad en la causa por asociación ilícita (de Gavier), cuando, en mayo de 2025, la fiscal Lingua ordenó su detención por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
Días antes de la feria judicial, los defensores de Dagatti realizaron varias presentaciones ante la jueza María Dolores Morales para pedir su libertad.
Entre otros puntos, pidieron la nulidad de la investigación por drogas, por la nulidad de las declaraciones del chofer.
Remarcaron la inexistencia de pruebas sobre la participación de Dagatti. Señalaron que, como proveedor del Servicio Penitenciario, Livorno nunca tuvo una denuncia.
Citaron que el juez Peralta ya declaró “inexistente” el riesgo procesal. Para probar que no tendría intenciones de fuga, aludieron a los arraigos familiar, social y económico de Dagatti en Río Cuarto, donde es presidente del club Estudiantes. Hasta mencionaron que, cuando fue detenido, el empresario ofreció la clave de su teléfono para la investigación.
También solicitaron que eventualmente se analizara darle prisión domiciliaria con una tobillera electrónica y, además, ofrecieron ampliar la fianza.
Pero la jueza María Dolores Morales no hizo lugar a los planteos. Interpretó que hubo “motivo bastante” para la orden de detención.
Aludió a la nota presentada por Lucero ante el tribunal el 11 de noviembre de 2024, que fue incorporada a la causa narco el 22 de mayo. Señaló que esa documental es anterior a las testimoniales ante Gavier, luego declaradas nulas.
Según trascendidos, Lucero dijo que Dagatti lo habría amenazado personalmente para que llevara droga a la cárcel y se la entregara a Farías. Sostuvo que, si no lo hacía, “lo iba a hacer matar” y que “si abría el pico la iba a pasar mal”.
La jueza Morales rechazó la liberación por considerar que “resta recabar prueba de importancia” en la causa drogas y admitió, por ejemplo, que aún no analizaron los teléfonos de Dagatti y de Lucero.
Agregó que, más que un peligro de fuga, la liberación del imputado podría conllevar un riesgo para la pesquisa porque, a su juicio, “la investigación está en sus albores”.
